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El Ministerio Público de Nicaragua acusó este jueves a dos hermanos como los supuestos responsables de asesinar el 3 de junio del 2016, a un escolar de 12 años en Banderas de Pocosol de San Carlos, Alajuela.
El señalamiento lo hizo la fiscala Zeyla Buitrago, al comenzar en el Juzgado Tercero Penal de Managua, un juicio en el cual se juzga el crimen ocurrido en nuestro país.
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El debate continuará mañana y se extenderá durante la otra semana. En varias de las audiencias se espera la comparecencia de policías ticos, además, del testimonio de un joven de 15 años que había sobrevivido al ataque. Ese relató será mediante video conferencia.
Medios nicaragüenses como el periódico Ahora y el diario El 19 en sus ediciones digitales, informaron que el proceso estará a cargo de la jueza Rosario Peralta, quien deberá determinar la inocencia o culpabilidad de los imputados luego de que los hermanos acusados renunciaron a contar con un jurado de conciencia (ciudadanos que no tienen conocimiento profundo de las leyes del país, que emiten un veredicto con su propia percepción de los hechos).
Hecho
En la descripción de los hechos que hizo el Ministerio Público y con fundamento en documentos aportados por la Fiscalía costarricense, se señaló que los imputados Wilfredo y Javier Antonio Solís Carmona, de 24 y 27 años, respectivamente, sorprendieron el 3 de junio del año pasado a Samuel Francisco Orozco Devis de 12 años y a un primo de 15, cuando viajaban en una motocicleta.
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Con la presunta finalidad de robarles la moto, los amenazaron con armas de fuego y luego los amarraron. Al niño de 12 ños lo ataron del cuello a la moto y arrastraron por más de 600 metros. El muchacho de 15 años se hizo el muerto y se salvó.
Los sospechosos huyeron hacia una comunidad nicaragüense que colinda con La Trocha de Los Chiles. Los hermanos cuando pasaron la frontera fueron detenidos por miembros del Ejército de Nicaragua, quienes les decomisaron la moto y otras evidencias. Desde ese momento los hermanos Solís permanecen detenidos.
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En Nicaragua se les acusa de los delitos de asesinato y asesinato frustrado, así como de robo agravado.
Los imputados son originarios de Nueva Guinea, pero tienen muchos años de vivir en el municipio de El Castillo en el departamento de Río San Juan.
