Eillyn Jiménez B., Carlos Arguedas C.. 20 marzo
Luego del homicidio de Sergio Rojas, el Gobierno ordenó reforzar la presencia de Fuerza Pública en la comunidad de Yeri, en el territorio indígena de Salitre. Foto: Cortesía de Casa Presidencial
Luego del homicidio de Sergio Rojas, el Gobierno ordenó reforzar la presencia de Fuerza Pública en la comunidad de Yeri, en el territorio indígena de Salitre. Foto: Cortesía de Casa Presidencial

Los homicidas que atacaron al dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, el lunes por la noche en Yeri de Salitre, en Buenos Aires, Puntarenas, utilizaron dos armas de fuego de diferente calibre.

Esa es la premisa de las autoridades judiciales, después de las primeras diligencias realizadas en la vivienda del hombre, donde se encontró su cuerpo con varios impactos de bala.

Aparentemente, en el inmueble se encontraron balas de una pistola calibre nueve milímetros; sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aseguró este miércoles no tener novedades sobre el crimen.

El martes, ese cuerpo policial dijo que el cadáver de Rojas se ubicó en una habitación del segundo piso, principalmente con balazos en el abdomen.

Hasta ahora el móvil del homicidio se desconoce, por lo que ninguna hipótesis ha sido descartada ni confirmada por las autoridades.

Ariana Céspedes López, fiscala de Asuntos Indígenas, reiteró que la institución lamenta la situación, por lo que se han establecido acciones inmediatas como la conformación de un equipo especializado de fiscales locales, expertos en homicidios y en asuntos indígenas.

“El objetivo es establecer y hacer el abordaje inmediato con el fin de recopilar toda la prueba y los elementos que nos puedan ayudar a dar pronto con los responsables de los hechos. Sean personas indígenas o no es un hecho altamente reprochable y se van a establecer las responsabilidades correspondientes”, manifestó la fiscala.

Agregó que para el Ministerio Público la conflictividad que existe en el cantón de Buenos Aires ha sido un tema prioritario desde el 2015, año en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso a Rojas como beneficiario de una medida cautelar internacional que debía cumplir Costa Rica.

La medida provisional surgió producto de los conflictos de tenencia de tierras en territorio indígena y, de acuerdo con la Fiscalía, impone al Estado costarricense “el deber de realizar acciones tendientes al abordaje de la situación”.

Nancy Marín, ministra de Comunicación, explicó en el programa Matices de Noticias Monumental, que las medidas cautelares establecen una necesidad de propiciar una construcción conjunta entre el Estado y las personas peticionarias de la protección que se va a brindar, por lo que se acordó garantizar la integridad personal y velar también por los derechos de temas de tierras.

La jerarca también aseguró que de las 53 incidencias registradas en la zona de enero del 2018 a la actualidad ninguna fue accionada por Rojas.

Por su parte, Juan Alfaro, viceministro de Diálogo Social, destacó, en el mismo segmento, que el viernes anterior Sergio Rojas envió un correo al despacho con una alerta en la que indicaba que conocidos le informaron de detonaciones provenientes de la montaña y que 30 minutos después la Fuerza Pública acudió al lugar para atender la situación.

Se intentó conocer más sobre las medidas cautelares, pero al cierre de edición la Cancillería General de la República no dio respuesta a las consultas enviadas por correo electrónico.

Desde este martes, el presidente Carlos Alvarado ordenó dar protección a la familia de Rojas y solicitó al ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, que se refuerce la seguridad en el territorio indígena de Salitre, el cual abarca unas 11.700 hectáreas.

Asimismo, pidió la presencia de funcionarios de la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y del viceministerio de Diálogo, en la zona.

La antropóloga Denia Román afirmó que hay una responsabilidad histórica del Estado en esta temática y que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz es la decantación de un conflicto de décadas marcado por el racismo y la violencia en sus múltiples formas.

Según Román, el Estado costarricense no ha sido capaz de atender la situación con celeridad, prioridad política o mediante una estrategia integral, permanente y sostenida, sino que más bien, ha actuado de forma reactiva e insustancial ante hechos o picos de violencia.

“Ante una situación de profunda vulnerabilidad social, económica y cultural, las reacciones temporales y los protocolos se vuelven insuficientes. Estas acciones son recursos parciales y atenuantes que no resuelven el problema estructural y que fácilmente desvían la atención”, alertó la investigadora.

El estudiante indígena bribri, Jorge Morales Elizondo, participó de este espacio en representación de la comunidad de Salitre de donde es oriundo, y afirmó que desde el año 2010 su pueblo soporta dinámicas violentas en la lucha por la recuperación de su territorio.

“La violencia se ha denunciado, pero el estado ha invisibilizado la situación, se ha dado un marco de impunidad y con esto el mensaje que se da es que los pueblos indígenas seguimos sin tener importancia y desprotegidos”, denunció el universitario.

Morales exigió justicia por el asesinato de Sergio Rojas y afirmó que dejarlo en la impunidad representaría una “puerta abierta” para que continúen dándose hechos violentos en las poblaciones indígenas, donde mujeres, hombres y niños luchan por recuperar su tierra o viven en territorios recuperados.

“Sabemos que el asesinato de Sergio Rojas significa el ajusticiamiento por las acciones que él y otros compañeros del territorio han realizado, y también es un tipo de intimidación. Pero no sentimos temor, sino una responsabilidad aún mayor de la que ya teníamos, para cambiar esta realidad” concluyó el estudiante.