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La familia de la venezolana Carla Stefaniak asesinada en San Antonio de Escazú, San José, demandó este jueves a Airbnb y a los dueños de las cabinas Le Mas de Provence, donde ella se hospedó en Costa Rica.
El hecho lo dio a conocer el periódico Tampa Bay Times en su edición digital de este viernes.
Según la publicación, la acción judicial la presentaron los hermanos de Stefaniak en la Corte del condado de Hillsborough en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos.
En la demanda, presentada por el abogado Jeffrey Jack Gordon, en nombre de dos hermanos de Stefaniak, se reclaman una serie de supuestas negligencias por parte de los propietarios de los apartamentos en Costa Rica y de Airbnb. Alegan que el proveedor externo mundial fue negligente en su deber de proteger a los clientes.
"Todas las partes que se benefician de la reserva de Stefaniak, incluido Airbnb, deberían haber sabido el peligro que supone darle a Martínez (guarda de seguridad sosopechoso del crimen) acceso no supervisado a mujeres vulnerables en un entorno privado”, señala la publicación.
Airbnb es una plataforma virtual fundada en California en el 2008, por la cual se pueden alquilar habitaciones en línea a nivel mundial.
La turista venezolana Carla Stefaniak, de 36 años, desapareció el 28 de noviembre y su cuerpo fue localizado el lunes 3 de diciembre a unos 300 metros de distancia del cuarto en el cual se hospedaba en las cabinas Le Mas de Prevence, en San Antonio de Escazú.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron como supuesto responsable del crimen al guarda del establecimiento, de apellidos Espinoza Martínez, de 32 años.
Este hombre, de origen nicaragüense, permanecía de manera ilegal en el país. En su contra se dictaron seis meses de prisión preventiva.
Punto clave: antecedentes del personal
Uno de los puntos claves en la demanda presentada en Estados Unidos es que se atribuye a Airbnb y los dueños de los apartamentos en nuestro país “no llevar a cabo una verificación de antecedentes sobre el guardia de seguridad nicaragüense que se encontraba ilegalmente en Costa Rica” y de quien dijeron “tenía una llave para cada habitación en el complejo”.
“La agencia de alquiler en línea tampoco realizó comprobaciones de antecedentes del personal antes de agregar el complejo a su lista de propiedades de alquiler en línea (...) Airbnb también tergiversó las opiniones sobre el alojamiento al eliminar las críticas negativas en su sitio.
"Si bien el demandado Airbnb publicó comentarios positivos sobre el resort y sus anfitriones, hubo varios informes desde 2013 en los que los huéspedes dicen haber sufrido malas experiencias y relataron haber sido víctimas del personal afiliado al resort, que el demandado Airbnb quitó de sus propias promociones y materiales publicitarios ", afirma la demanda.
Asimismo, en la acción judicial se hizo ver que el Gobierno de Estados Unidos hizo advertencias de que en Costa Rica son comunes los delitos violentos como el robo y asalto con la utilización de armas y atribuyen a Airbnb y los dueños de los apartamentos en Escazú de no transmitir estas advertencias a los clientes.
El abogado Federico Campos Calderón, representante legal de la sociedad dueña de las cabinas Le Mas de Provence dijo: "el guarda no fue contratado por el Airbnb (que no es un hotel), sino que la seguridad la brindaba un tercero; entonces, esa contratación no la hicieron los dueños del hospedaje.
“Es falso que el guarda tuviera una llave maestra para entrar a todas las habitaciones. También es totalmente falso la lista de negligencias de huéspedes; todo lo contrario, más bien los comentarios eran positivos siempre. Parecieran, están muy esmerados en mentir (en referencia a la demanda) para cobrar una indemnización”.
