EscucharDos exfiscales mexicanos, investigados en su país por supuestos delitos de corrupción, obtuvieron aquí la condición de refugiados de parte del Tribunal Administrativo Migratorio.
Se trata de Eduardo Máximo Miranda Figueroa y María Guadalupe Martínez Ponce, exfuncionarios de la Procuraduría General de la República , destacados en Ciudad Juárez, Chihuahua.
A ellos, los jueces Lidiette Jiménez, Marlen Luna y Esteban Lemus les concedieron el refugio mediante dos resoluciones del 17 y 19 de agosto del 2011.
Los exfiscales habían sido detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuando salían de un restaurante en Goicoechea, el 20 de enero del 2010.
La captura se produjo porque México emitió una orden de captura internacional, mediante la Interpol , por los delitos de peculado, abandono de servicio público y retardo de la justicia.
Pese a que el Tribunal Penal de San José resolvió extraditar a Miranda y Martínez por solicitud de las autoridades mexicanas, solo por el delito de peculado, el estatus de refugio mantiene ahora frenado el proceso de extradición.
Según informó la Fiscalía, la última vez que la Procuraduría de México preguntó por los mexicanos fue en febrero de este año y la respuesta tica fue que no se les puede detener y enviar a su país.
Refugio. Tras la captura de los dos mexicanos, un juez les dictó prisión preventiva mientras tramitaba la extradición. Paralelamente, Miranda y Martínez solicitaron el refugio a Migración, pero la Comisión de Visas y Refugio se las negó en julio del 2010.
En ese momento, la comisión la integraban Álvaro Sojo (del Ministerio de Trabajo), Rónald Obaldía (de la Cancillería) y Fulvio Solórzano (de Seguridad Pública).
Los exfiscales adujeron que recibieron amenazas de muerte en su país producto de las investigaciones que realizaban contra el crimen organizado en Ciudad Juárez.
Además, señalaron que en sus pesquisas lograron involucrar a funcionarios de la Procuraduría con los carteles de Juárez y Sinaola, por lo que fueron perseguidos.
También, mencionaron que fueron testigos de actos de tortura de parte de funcionarios de la Procuraduría, por lo que varios de sus compañeros (policías y fiscales) que denunciaron estos hechos aparecieron asesinados después.
La Comisión dijo que, si bien en México se vive un nivel de violencia generalizada por el ejercicio del control del territorio y mercado de la droga, “esta no es una razón válida para indicar la solicitud, por cuanto solo aduce a esta violencia y solo menciona hechos propios del ejercicio de su profesión”.
Finalmente, concluyó que los exfiscales no sufrían persecución, y rechazó la petición de ambos.
Miranda y Martínez apelaron la denegatoria ante el Tribunal Administrativo Migratorio, el cual validó el testimonio de los exfiscales.
“Este tribunal considera que no es seguro en ningún lugar de México que la solicitante de refugio pueda vivir sin riesgo para su vida. Existe una posibilidad razonable de que la señora Martínez sufra algún daño o se vea inmersa en una situación intolerable en caso de retornar a su país”, señala la resolución sobre Martínez.
Con el refugio, los exfiscales obtuvieron la libertad el 1.° de setiembre del 2011, tras 20 meses de estar en prisión preventiva. Hoy, son asesores jurídicos de abogados aquí.
Extradición. México atribuye a los exfiscales el haberse embolsado importantes sumas de dinero que varios delincuentes pagaron por fianzas a la justicia, según consta en la solicitud de extradición.
Pese a ello, en las resoluciones de la Comisión de Visas –que rechazaron el refugio–, y del Tribunal Administrativo Migratorio –que lo otorgaron– no aparece ningún análisis sobre los delitos que México achaca a los exfiscales.
Marlen Luna, presidenta del Tribunal Administrativo Migratorio, sostiene que sí hubo un estudio del expediente de extradición y se determinó que a ellos los acusaron de delitos que no existen aquí.
Por otro lado, enfatizó que el Tribunal no tuvo ninguna duda en los testimonios de los mexicanos. “Se determinó por unanimidad que estas personas eran perseguidas en su país de origen. Quedó más que evidente que sus vidas corrían peligro en caso de ser devueltos a Ciudad Juárez. Los relatos fueron convincentes”, expresó.
Al respecto, Mario Zamora, ministro de Seguridad, manifestó que el Tribunal debió valorar más elementos del expediente de extradición para no declarar el refugio y mantener la política histórica de no otorgamiento en casos de personas requeridas por la Interpol.
El abogado de los mexicanos, Jorge Pérez, aseguró que el proceso de extradición debe cerrarse y no mantenerse en suspenso.
