EscucharLa Corte Plena ya empezó el estudio de la acusación penal contra el presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de concusión, relacionado con la polémica contratación de servicios de comunicación para Casa Presidencial por $405.800, financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El expediente fue puesto en conocimiento de los magistrados el pasado 26 de mayo, según informó el lunes la oficina de prensa del Poder Judicial.
Durante la sesión se presentaron varias solicitudes de inhibitoria por parte de algunos magistrados; no obstante, no se revelaron los nombres ni el número total de quienes pidieron apartarse del caso.
El Poder Judicial argumentó que “esa información aún no puede hacerse pública, ya que las resoluciones deben ser notificadas antes de divulgarse oficialmente”.
Igualmente, indicó que el artículo 295 del Código Procesal Penal establece que “el procedimiento preparatorio no será público para terceros” y que, por tanto, esta etapa del proceso debe mantenerse bajo confidencialidad.
La oficina de prensa desmintió un video que circula en redes sociales, en el que se mencionan 18 inhibitorias.
“La sesión en la que se conoció la causa penal contra el presidente no fue transmitida por streaming, precisamente por su carácter confidencial”, explicó el despacho de comunicación.
El Poder Judicial agregó que todavía no se ha definido una fecha para retomar el análisis del expediente.
La acusación
El fiscal general Carlo Díaz presentó el pasado 7 de abril una acusación y solicitud de apertura de juicio contra el presidente Rodrigo Chaves.
La tesis del Ministerio Público es que el contrato fue presuntamente hecho a la medida para que la empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas ganara la adjudicación con el BCIE, y que parte de los fondos públicos se utilizaran para supuestamente beneficiar al otrora asesor de imagen del presidente, Federico “Choreco” Cruz, a quien se le sigue un proceso judicial aparte por los mismos hechos.
La Fiscalía negoció un criterio de oportunidad con Bulgarelli, quien ahora figura como el testigo de la corona, es decir, se suspendió la acción penal en su contra a cambio de que aporte pruebas clave para la investigación.
Como prueba para sustentar esos hechos, el Ministerio Público utilizó Los audios de la Presidencia, una serie de grabaciones de reuniones efectuadas en la Casa Presidencial, las cuales fueron facilitadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y publicadas, en exclusiva, por La Nación en diciembre del 2023.
Inicio del proceso
La Corte Plena comenzó a discutir el caso luego de que el magistrado suplente de la Sala Tercera, Geovanni Mena Artavia, remitiera un informe con los detalles del expediente judicial.
Como parte del proceso, los magistrados deben determinar si envían la acusación a la Asamblea Legislativa para que los diputados decidan si levantan o no la inmunidad a Chaves.
La inmunidad es la protección legal que impide activar un proceso penal en contra de los miembros de los Supremos Poderes de la República de forma ordinaria.
Si el expediente llega al Congreso, se creará una comisión legislativa compuesta por tres diputados que analizarán el caso y enviarán su recomendación al plenario, donde se tomará la decisión final.
