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El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica comunicó que la grabación de las reuniones entre los privados de libertad y sus defensores violentaría el secreto profesional, que constituye una “garantía esencial” del derecho de defensa.
La posición gremio se conoció este 26 de mayo mediante un comunicado de prensa, tan solo un día después de que la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anunció que impulsaría una iniciativa de ley para que las visitas en el módulo de Máxima Seguridad de La Reforma, en San Rafael de Alajuela, queden grabadas, tanto en audio como en video.
La mandataria afirmó que es mediante las visitas a los centros penales que los cabecillas de las organizaciones criminales continúan manejando sus estructuras, incluso tras las rejas. “Aunque están presos tienen visitas, reciben visitas de sus abogados defensores, siguen trayendo y llevando recados”, dijo Fernández.
La iniciativa, explicó, le permitiría a las autoridades monitorear estos encuentros y, a su juicio, ayudar a poner fin a la comunicación entre los privados de libertad de alta peligrosidad con el exterior.
El Colegio, por su parte, recordó que la confidencialidad entre abogado y cliente constituye una “garantía esencial del derecho de defensa, del debido proceso y del Estado constitucional de derecho”, principios protegidos tanto por la Constitución Política como por instrumentos internacionales de derechos humanos.
“El secreto profesional no constituye un privilegio personal de los abogados, sino una garantía fundamental que protege el derecho de defensa y a toda persona sometida a un proceso judicial”, indicó Angie Arce Acuña, prosecretaria de la Junta Directiva, con base en criterios emitidos por la Comisión de Derecho Penal.
El órgano profesional indicó que debilitar la confidencialidad profesional entre defensor y defendido podría afectar directamente la independencia del ejercicio de la abogacía. El gremio reconoció la importancia de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y proteger la seguridad ciudadana; sin embargo, insistió en que las medidas impulsadas por el Estado deben mantenerse dentro de los límites constitucionales y respetar los derechos fundamentales.
“El combate a la criminalidad no puede significar el debilitamiento de principios esenciales que sostienen nuestro sistema democrático y el acceso efectivo a la justicia”, explicó Arce.
El Colegio manifestó, además, su disposición para colaborar con el Poder Ejecutivo, “tal y como lo ha hecho con el Poder Legislativo”, mediante el impulso de proyectos de ley en materia de seguridad, muchos de los cuales, de acuerdo con la órgano profesional, ya fueron aprobados como parte de la lucha contra el crimen organizado.
