El exalcalde de San José, Johnny Araya Monge; el exmagistrado penal, Celso Gamboa Sánchez; y la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla, se reencontraron este martes en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, en Goicoechea para enfrentar un segundo juicio por el presunto delito de tráfico de influencias.
El debate no ha arrancado formalmente porque la defensa de Gamboa cuestionó la integración del tribunal.
Sin embargo, la atención se centró en Celso Gamboa, quien habló por primera vez desde que fue arrestado el mes pasado con fines de extradición a Estados Unidos, tras una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que lo señala por posible trafico internacional.
“Este mes ya he sido objeto de alrededor de 14 o 15 requisas a las tres de la mañana, a las dos de la mañana, a cualquier hora. Entran a la celda, me esposan, me registran absolutamente todo y leen mis documentos personales”, afirmó Gamboa ante el tribunal.
“No he tenido la posibilidad en ninguna ocasión de tener una conversación privada con ninguno de mis abogados, en todas las ocasiones estoy siendo grabado en audio y video”, indicó el extraditable.
Al finalizar su intervención, Gamboa solicitó al Tribunal declarar con lugar una solicitud de recusación que planteó su defensa contra los jueces Rosaura García Aguilar y Franz Paniagua, así como contra un tercer juez, que no fue aludido, ya que no participará en el tribunal.
La defensa del extraditable solicitó que ambos jueces sean apartados del caso, alegando que su objetividad está comprometida.
El escrito señala que los jueces suscribieron, en julio de 2018, un documento dirigido a la Asamblea Legislativa en el que se insta a promover reformas legales para que ninguna votación sobre asuntos de interés público sea secreta, sino pública y con votación nominal.
Aunque dicho documento no hace referencia directa a Gamboa Sánchez, la defensa sostiene que su contenido está vinculado con decisiones derivadas de hechos atribuidos a este, cuando era magistrado.
Como segundo argumento, la defensa cuestiona que la jueza García Aguilar participa activamente en la página digital de la Maestría de la Facultad de Derecho, donde la jueza habría emitido mensajes críticos hacia los imputados en este caso.
Aunque los jueces no hayan firmado directamente los pronunciamientos académicos, su pertenencia a esa instancia los coloca, según la defensa, en una situación de alineamiento institucional, y eso comprometería su objetividad en el proceso.
Dicha gestión fue atendida por los jueces Alfredo Arias, Mercedes Muñoz y Melissa García. Tras una hora de deliberación, el Tribunal rechazó la solicitud de apartar a los jueces Rosaura García y Franz Paniagua, al considerar que el escrito que suscribieron los jueces, en julio de 2018, no cuestiona directamente a Gamboa. Asimismo, tampoco consideran que su objetividad esté comprometida.
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El caso en breve
La causa por la que Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith regresan a tribunales consta en el expediente 17-000039-0033-PE y se remonta al 2016, previo a las elecciones municipales de ese mismo año.
En ese momento, La Nación reveló que el entonces candidato a alcalde de San José, Johnny Araya, al parecer, obtuvo un documento con ayuda de Celso Gamboa y Berenice Smith para demostrar que no tenía causas penales en su contra, aunque sí tenía una investigación abierta.
Araya figuraba en una causa por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, junto con otras tres personas. El caso fue desestimado posteriormente, en marzo de 2016.
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El documento, presuntamente alterado, lo había presentado Araya a una periodista de este medio, quien en ese momento elaboraba un reportaje sobre los procesos que afrontaban los candidatos a la alcaldía.
La Fiscalía acusó a los tres imputados de un delito de tráfico de influencias en modalidad agravada, pues el documento obtenido le permitía a Araya “figurar ante la opinión pública como un candidato a alcalde sin causas penales”.
Absolutoria por duda
En un primer juicio, que concluyó en marzo de 2021, el Tribunal Penal de Hacienda resolvió que el Ministerio Público fundó su acusación en el testimonio de la entonces fiscala adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Natalia Rojas Méndez, y que en el contradictorio quedó constatado que fue ella quien realmente ordenó borrar a Johnny Araya del expediente y descartó que la acción fuese influenciada por Gamboa y Smith.
El Tribunal también cuestionó el testimonio de la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas Vindas, quien había contado que Gamboa, siendo fiscal adjunto, le ordenó a su entonces letrado, Justo Pastor López, llamar a Araya para que enviara una carta a la Fiscalía.
“El testimonio de Tatiana (Vargas) tiene falencias importantes, su fiabilidad está entredicho, sobre todo, porque con la prueba documental analizada se observa que la periodista no cumplió con su deber de ley de resguardar el principio de privacidad de las actuaciones y protección de datos”, manifestó el Tribunal Penal.
La argumentación fue desacreditada por el Tribunal de Apelaciones en el 2023, al determinar que la sentencia absolutoria fue producto de una “valoración sesgada de la prueba”, de contradicciones en la argumentación de los jueces y no se analizaron documentos, registros de llamadas ni testimonios de algunos testigos e imputados.
Dicho tribunal anuló la sentencia y anunció el contradictorio previsto para este martes.
Tras el rechazo a la solicitud de recusación, el juicio iniciará a la 1:30 p. m. con la lectura de la acusación por parte de la Fiscalía.