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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó más de 15 vehículos presuntamente utilizados para el transporte de migrantes en el caso Talibanes.
Esta estructura criminal operaba desde 2021 en Los Chiles y, según la investigación, se dedicaba al tráfico ilícito de personas, robos agravados, venta de drogas y homicidios, aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas.
Los allanamientos, realizados la madrugada de este martes 24 de febrero, se ejecutaron en puntos estratégicos de Los Chiles, San Carlos, Heredia y San José.
La operación culminó con la detención de 56 personas, entre las que destacan cuatro oficiales de la Fuerza Pública y uno de Migración. Además, se incautaron tres camiones cargados con vehículos livianos.
En cuanto al dinero decomisado, las autoridades detallaron que el efectivo en distintas divisas evidencia el alcance internacional de la red. El monto total incluye ¢9.913.000, $2.400 y €1.485. También se hallaron 226.315 córdobas nicaragüenses, 3.506 pesos cubanos y dinero de Guyana, Canadá, México, Honduras y Guatemala.
Durante las diligencias, también se incautaron tres teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense.
Así operaba la organización
De acuerdo con el informe judicial, el grupo contaba con “informantes” encargados de alertar sobre los movimientos policiales y “coyotes” que captaban a los migrantes. Los traslados tenían un costo que oscilaba entre los ¢3.000 y los ¢18.000.
La logística implicaba una coordinación telefónica con “transportistas” en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, quienes guiaban a las personas por puestos no habilitados para evadir los controles migratorios.
“Se cree que la estructura contó con la participación de cuatro oficiales de Fuerza Pública y uno de de la Policía de Migración, quienes garantizaban a los demás que los delitos se cometieran cuando no había presencia policial en carretera”, explicó la Fiscalía.
Sin embargo, el engaño se consumaba durante la ruta: tras ocultar a los migrantes de las autoridades, los sospechosos los amenazaban con armas de fuego y cuchillos para robarles sus pertenencias y abandonarlos en el camino.
Según la prueba obtenida hasta ahora, la Fiscalía presume que, en uno de estos recorridos, una persona migrante fue asesinada. Las investigaciones señalan que la estructura generaba ingresos de ¢70 millones mensuales, movilizando entre 150 y 200 personas por día.
Esta organización estaría detrás de diversos accidentes que han cobrado la vida de migrantes de origen venezolano, cubano y de otras nacionalidades, quienes, a merced del grupo delictivo, son sometidos a cobros excesivos por guiarlos hasta territorio nicaragüense.
El caso se tramita bajo el expediente 24-000581-0706-PE.
