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Tras un extenso juicio de más de un año, 10 imputados en el caso Fénix fueron condenados, la tarde de este martes, a condenas de entre 16 y 10 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero, en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, en San José.
Entre los condenados se encuentra José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, defendido por el diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, y quien deberá cumplir 16 años tras las rejas.
Este fue calificado por el Ministerio Público como el caso de lavado más grande en la historia de Costa Rica, por la magnitud de la organización asentada y la cantidad de dinero que manejaba por medio de una hacienda ganadera, una venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.
Uno de los principales bienes que obtuvieron fue la Hacienda Fénix, en Pérez Zeledón, por la cual se nombró el caso. El terreno de pastizales, con una casa incluida, se extendía por 235.904 metros cuadrados, y en el 2015 tenía un valor fiscal de casi ¢132 millones.
La pesquisa empezó en 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió una alerta sobre actividades financieras sospechosas en Pérez Zeledón.
En febrero del 2022, las autoridades ejecutaron 35 allanamientos que resultaron en la incautación de más de ¢5.155 millones en efectivo, ganado, caballos finos, vehículos de lujo y propiedades inmobiliarias.
Narizón fue detenido dos meses después, el 12 de abril en Chiriquí, Panamá, y extraditado a Costa Rica en mayo de ese año.
La causa fue resuelta por los jueces Ana Yancie Umaña Moreira, Laura Hernández González y Mauricio Jiménez Vargas.
La sentencia fue leída en una sala con fuerte presencial policial alrededor de los imputados, incluyendo custodios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), oficiales de Fuerza Pública, funcionarios de seguridad del Poder Judicial e incluso policías municipales de Moravia y Alajuelita.
Tras conocer las condenas, algunos imputados y asistentes comenzaron a llorar y obligaron a la jueza Laura Hernández a interrumpir la lectura para darles tiempo para recomponerse.
Al finalizar la audiencia, que se extendió por casi dos horas, los condenados se despidieron a lo lejos de sus conmovidos allegados, mientras que los absueltos abrazaron aliviados a sus abogados defensores.
José Miguel Villalobos no acudió a escuchar las sentencias dictadas contra sus representados. Sin embargo, en un mensaje enviado por mensajería de texto, justificó su ausencia.
“Estoy en un juicio que requiere mi presencia. Mis clientes ya estaban informados de que no podría asistir esta tarde ni tampoco es un requisito procesal. Y claro que apelaré las condenatorias cuando conozca la sentencia integral y muy satisfecho de las absolutorias a mis clientes”, indicó.
En este debate se juzgaban 24 personas, para cuatro no se pidieron penas y otras 10 resultaron absueltas. De los absueltos, cuatro eran representados por Villalobos. Además, el imputado Freddy Ríos Solano fue declarado en rebeldía.
Volvió al narco tras cumplir condena
El juez Jiménez explicó que esta organización tenía vínculos con la banda liderada por el mexicano Juan Manuel García Hernández, alias el Güero, condenado en el 2013 a 11 años de cárcel en el Tribunal Penal de Pavas. Una vez en libertad, García salió de Costa Rica e intentó ingresar de nuevo en el 2022, pero Migración le negó la entrada.
Segura, quien salió de prisión en el 2014, tras cumplir pena por narcotráfico, retomó esta actividad apenas un año después.
El tráfico internacional de cocaína le generó al grupo “ganancias exorbitantes” que los llevaron a adquirir a partir del 2015 gran cantidad de bienes, fincas y negocios para devolver el dinero a la economía formal.
“En el caso de la Hacienda Fénix, se hace una inversión multimillonaria, y todos aquí pudimos escuchar, cómo incluso personas que pertenecían a la misma organización estaban asustadas de lo que ocurría en la hacienda, la cantidad de dinero, las estructuras que se hacían”, indicó la jueza Hernández.
El tribunal accedió a llamadas telefónicas en las que se negoció el pago de cargamentos. En una de esas llamadas, el fugado Ríos conversó con integrantes de la banda del Güero sobre la distribución de $29.000 para cada uno de los involucrados en la transacción, entre ellos alias Narizón.
En sus vehículos, que quedaron en posesión del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), los imputados crearon compartimentos para trasladar la droga de sur a norte y millones de dólares en efectivo que regresaban de norte a sur.
En total, las autoridades les decomisaron $7,5 millones y ¢500 millones, y se determinó que la organización pudo haber realizado negocios hasta por $20 millones.
