El Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) dictó seis meses más de prisión preventiva en contra de un grupo de sospechosos de integrar una estructura criminal que traficaba cocaína líquida hacia Europa y Asia.
La información fue confirmada por el Poder Judicial sin precisar la cantidad de personas que continuarán en la cárcel, ni sus identidades.
Este grupo delictivo, investigado en un expediente conocido como Caso Corona, trascendió en noviembre de 2023, cuando las autoridades judiciales ejecutaron 22 allanamientos en Curridabat, San José, Moravia, Montes de Oca, Santa Ana, Coronado, Escazú, La Unión, Turrialba, Grecia, Poás y Sarapiquí.
Sin embargo, las investigaciones relacionadas con la exportación de cocaína líquida comenzaron en junio de 2022. Casi año y medio después, se concretó la captura de 12 personas, incluidos costarricenses y colombianos.
Como parte de las investigaciones, en junio de 2023 se interceptó en la frontera entre Israel y Jordania un cargamento de 150 litros de cocaína líquida que había salido desde el muelle de APM en Moín. La droga estaba camuflada en botellas de bebidas como zarzaparrilla y cola, exportadas desde Costa Rica. En estas condiciones, la cocaína es muy difícil de detectar mediante rayos X o escáneres.
Al parecer, la cocaína era diluida utilizando métodos artesanales hasta obtener el estado líquido. Luego, se introducía en los recipientes y, mediante colorantes, se disfrazaba como bebidas destinadas al consumo humano.
Los operativos permitieron el decomiso de evidencia que incluye 26 vehículos valorados en ¢79 millones cada uno, dinero en efectivo, joyas, relojes, armas de fuego, importantes cantidades de cocaína líquida e implementos para su fabricación.
La investigación también abarca el tráfico internacional de estupefacientes y el destino de las ganancias provenientes de la actividad ilícita, ya que la banda poseía 39 propiedades valoradas en ¢6.000 millones.
Este caso tuvo repercusiones políticas, ya que Braulio Venegas, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, se vio obligado a renunciar. Esto ocurrió debido a su promoción de un enlace entre Racsa y un abogado de apellidos Montes Fonseca, detenido en el caso Corona. Presuntamente, Montes Fonseca buscaba conectar a la red con un negocio de escáneres antidrogas que el gobierno impulsaba en Caldera.
Asimismo, las intervenciones telefónicas revelaron la presunta intención de la banda de financiar a candidatos en las elecciones municipales de 2024.
