El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este miércoles a cuatro personas —entre ellas funcionarios públicos, un empleado de una cooperativa que da servicios a APM Terminals y un abogado— como parte de una investigación por presunto fraude inmobiliario mediante la venta de propiedades ajenas en Limón.
Los arrestos se ejecutaron durante seis allanamientos simultáneos realizados la mañana de este 10 de diciembre por la oficina regional del OIJ en barrio Santa Eduviges y barrio Pacuare de Limón.
Los sujetos son de apellidos Aquíles de 60 años, Cáceres de 34 años, Brown de 34 años y Campbell de 50 años.
En barrio Pacuare, los agentes judiciales aprehendieron a un trabajador de una cooperativa que vende servicios a la terminal APM Terminals. Además fue detenida una persona que trabaja en el Registro Civil de Limón y otra persona que opera en una escuela de Matina. Se desconoce si la persona del centro educativo es funcionario público o contratado por tercerización.
Los demás allanamientos se llevaron a cabo en viviendas y oficinas relacionadas con los otros sospechosos. En las diligencias se decomisaron celulares, computadoras, discos duros, documentos y dos juegos de placas vehiculares.
Según informó la Policía Judicial, se trata de un “caso madre”, es decir, un expediente principal en el que se agrupan múltiples denuncias, y no se descarta que haya causas adicionales que podrían llevar a más allanamientos.
Una de las víctimas iniciales aportó información clave, mientras que otras personas denunciaron directamente ante la Fiscalía. Con esos reportes, los agentes lograron conectar patrones y reconstruir el funcionamiento del supuesto grupo criminal.
Cómo operaban
La investigación preliminar, iniciada a mediados de este año, señala que los sospechosos recorrían calles y comunidades para identificar lotes o propiedades que estuvieran en venta o que parecieran disponibles.
Identificaban terrenos ubicados en la zona de Limón que, en apariencia, se encontraban deshabitados o sin edificaciones.
Posteriormente, tomaban fotografías y, mediante el uso de perfiles falsos en redes sociales como Facebook, publicaban los terrenos en venta a precios considerablemente inferiores al valor de mercado, con el fin de atraer a las víctimas mediante “precios de oportunidad”.
Una vez que obtenían la confianza de las víctimas, les hacían creer que los terrenos eran propiedad de un tercero (miembro de la estructura criminal), quien supuestamente firmaría ante notario público, y que posteriormente las escrituras serían emitidas a nombre del comprador de buena fe.
No obstante, lo anterior constituía parte de la estrategia de engaño hacia las víctimas, ya que la documentación utilizada era falsa o se encontraba viciada.
Incluso, un notario involucrado y hoy detenido por este caso se encontraba impedido para ejercer el cargo debido a una suspensión impuesta por el Colegio de Abogados de Costa Rica.
El OIJ confirmó que, en el expediente principal, un solo terreno fue “vendido” a 20 personas diferentes, quienes pagaron creyendo que adquirían una propiedad real y disponible.
El verdadero dueño nunca tuvo relación con los sospechosos, y la documentación utilizada resultó ser falsa.
Las cuatro personas detenidas quedaron a la orden del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares mientras avanzan las pesquisas por presuntos delitos de estafa y fraude inmobiliario.
Las autoridades no descartan más detenciones ni la existencia de nuevas víctimas conforme se analice el material decomisado durante los allanamientos.