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Cuatro hombres, entre ellos un empleado portuario, un funcionario público y un abogado, fueron detenidos este miércoles como parte de una investigación por presunto fraude inmobiliario mediante la venta de propiedades que no les pertenecían en Limón.
Fuentes judiciales vinculadas al caso sostienen que, dentro de la investigación, un solo terreno habría sido vendido a 20 personas diferentes, quienes pagaron creyendo que adquirían una propiedad real y disponible.
El verdadero dueño nunca tuvo relación con los sospechosos, y la documentación utilizada resultó ser falsa.
Los arrestos se ejecutaron durante seis allanamientos simultáneos realizados la mañana de este 10 de diciembre por la oficina regional del OIJ, en barrio Santa Eduviges y barrio Pacuare de Limón.
Según las autoridades judiciales, los implicados responden a los apellidos Aquiles, de 60 años; Cáceres, de 34 años; Brown de 34 años y Campbell, de 50 años.
En barrio Pacuare, por ejemplo, los agentes judiciales aprehendieron a un trabajador de una cooperativa que vende servicios a la terminal portuaria APM Terminals, en Moín.
Los demás allanamientos se llevaron a cabo en viviendas y oficinas relacionadas con los otros sospechosos. En las diligencias se decomisaron celulares, computadoras, discos duros, documentos y dos juegos de placas vehiculares.
Según informó la Policía Judicial, se trata de un “caso madre”, es decir, un expediente principal en el que se agrupan múltiples denuncias, y no se descarta que haya causas adicionales que podrían llevar a más allanamientos.
Una de las víctimas iniciales aportó información clave, mientras que otras personas denunciaron directamente ante la Fiscalía. Con esos reportes, los agentes lograron conectar patrones y reconstruir el funcionamiento del supuesto grupo criminal.
Cómo operaban
La investigación preliminar, iniciada a mediados de este año, señala que los sospechosos recorrían calles y comunidades para anotar lotes o propiedades que estuvieran en venta o que parecieran disponibles.
Identificaban terrenos ubicados en la zona de Limón que, en apariencia, se encontraban deshabitados o sin edificaciones.
Posteriormente, tomaban fotografías y, mediante el uso de perfiles falsos en redes sociales como Facebook, publicaban los terrenos en venta a precios considerablemente inferiores al valor de mercado, con el fin de atraer compradores mediante “precios de oportunidad”.
Una vez que obtenían la confianza de las víctimas, les hacían creer que los terrenos eran propiedad de un tercero (miembro de la estructura criminal), quien supuestamente firmaría ante notario público, y que posteriormente las escrituras serían emitidas a nombre del comprador de buena fe.
No obstante, lo anterior constituía parte de la estrategia de engaño hacia las víctimas, ya que la documentación utilizada era falsa o se encontraba viciada.
Incluso, un notario involucrado y hoy detenido por este caso se encontraba impedido para ejercer el cargo debido a una suspensión impuesta por el Colegio de Abogados de Costa Rica.
Los cuatro hombres quedaron a la orden del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares, mientras avanzan las pesquisas por presuntos delitos de estafa y fraude inmobiliario.
Las autoridades no descartan más detenciones ni la existencia de nuevas víctimas conforme se analice el material decomisado durante los allanamientos.
Desafortunadamente, los casos de fraude registral son frecuentes. La recomendación es que el interesado en comprar un bien inmueble verifique primero a quién le pertenece en el Registro de la Propiedad.
Colaboró en esta información Yeryis Salas.
