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Las autoridades colombianas detuvieron esta semana en Bogotá al costarricense Rubén Antonio Wang Lara, señalado como principal articulador de un esquema millonario de estafa en perjuicio del Instituto Nacional de Seguros (INS).
La información fue confirmada por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional de Colombia, mediante una publicación en la red social X, en la que destacó que la captura fue posible gracias a un operativo de cooperación internacional de alto nivel con Interpol, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) y Migración Colombia.
“En Bogotá se logró la retención de Rubén Antonio Wang Lara, ciudadano costarricense señalado como el principal articulador de un millonario esquema de estafa contra el Estado de Costa Rica”, escribió el jerarca policial, quien subrayó que Colombia “no es ni será refugio para quienes pretendan evadir la justicia”.
¡𝗖𝗔𝗬𝗢́ 𝗘𝗟 ‘𝗖𝗘𝗥𝗘𝗕𝗥𝗢’ 𝗗𝗘𝗟 𝗙𝗥𝗔𝗨𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟!
— General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) January 15, 2026
En Bogotá se logró la retención de Rubén Antonio Wang Lara, ciudadano costarricense señalado como el 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗲𝘀𝗾𝘂𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲… pic.twitter.com/yNH2dljEb0
Según la publicación del general Rincón, Wang Lara, de 46 años, "no operaba como un delincuente común", sino que ejercía control sobre sociedades fachada, utilizadas para gestionar créditos fraudulentos a nombre de terceros y trasladar luego indebidamente responsabilidades económicas al INS, mediante el uso irregular de garantías de cumplimiento.
El caso se remonta a una denuncia presentada por el INS en 2017, tras detectar una presunta trama de fraude relacionada con la emisión irregular de garantías de cumplimiento, también conocidos como bonos o fianzas, producto financiero destinado originalmente a garantizar el cumplimiento de contratos ante entidades públicas.
Este mismo jueves por la tarde, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que la detención del costarricense fue parte de un trabajo articulado de cooperación internacional entre la Oficina Central Nacional de Interpol San José y sus homólogas en Colombia y Brasil.
Como resultado de esta operación, se logró la captura finalmente de dos hermanos costarricenses ligados al caso. El otro implicado, de 54 años, es su hermano Roberto Alfonso Wang Lara.
Ambos tenían orden de captura internacional y notificación roja vigente en las bases de Interpol, por su presunta vinculación con este caso.
OIJ confirmó que Roberto Alfonso Wang Lara había sido capturado previamente en Santa Catarina, Brasil, en marzo de 2025.
Actualmente, las autoridades judiciales costarricenses coordinan con ambos países los trámites de extradición, con el fin de que los sospechosos sean puestos a las órdenes de la justicia nacional y enfrenten el proceso penal correspondiente en Costa Rica.
Cómo operó el esquema
De acuerdo con la investigación judicial, tramitada bajo el expediente 16-000252-1220-PE, entre 2011 y 2014 el INS se convirtió en el eje de una estructura que desvirtuó el uso de este seguro para aplicarlo a negocios privados, en contravención de la normativa.
Básicamente, se utilizó para respaldar contratos privados y atraer inversionistas a quienes se les hizo creer que el INS garantizaba sus inversiones, lo cual no era cierto.
Ante el incumplimiento, la banda intentó trasladar las pérdidas al INS.
La mecánica identificada por el Ministerio Público y el INS operaba en tres fases:
Una mujer de apellidos Lara González y sus dos hijos, ambos de apellidos Wang Lara, habrían logrado que el INS les emitiera al menos 70 seguros garantías de cumplimiento para respaldar contratos privados.
Con esos documentos, los involucrados ofrecían a terceros (inversionistas) rendimientos mensuales atractivos, bajo el argumento de que la inversión estaba “asegurada”, pues en caso de incumplimiento el INS respondería por el capital.
Cuando los inversionistas vieron un cese de los pagos, acudieron al INS a ejecutar las garantías. Fue entonces cuando la institución calificó los hechos como estafa, rechazó los reclamos y denunció irregularidades internas.
La denuncia del INS señala como un elemento clave que los 70 bonos fueron tramitados por un solo funcionario, de apellidos Jiménez González, quien habría omitido los estudios financieros básicos para verificar la capacidad de pago de los fiados.
Según la aseguradora estatal, los involucrados se aprovecharon de fallas en los controles internos para promover negocios cuyo incumplimiento buscaba trasladar las pérdidas al INS, pese a tratarse de relaciones contractuales privadas.
El INS estimó en 2017 que el perjuicio económico total asciende a $21 millones, correspondientes a 65 reclamos pendientes y cinco ya cancelados por $1,4 millones.
No obstante, la Fiscalía solo logró confirmar en aquel momento una afectación directa de $6 millones.
A raíz de este caso, el INS dejó de comercializar garantías de cumplimiento en enero de 2015, luego de que la Procuraduría General de la República determinara que las aseguradoras no están facultadas legalmente para colocar este tipo de fianzas.
