La presidenta Laura Fernández inauguró este miércoles el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), una cárcel cuya construcción superó el plazo anunciado por Rodrigo Chaves. Durante el acto, la mandataria arremetió contra el Poder Judicial.
El Cacco es un nuevo edificio anexo, construido en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, de 31.000 metros cuadrados. En ese sitio, se albergará a 5.100 privados de libertad de alto perfil criminal y peligrosidad.
Los módulos dos y cuatro alcanzarán su capacidad máxima a finales de octubre; los otros tres en diciembre. Cada uno de los cinco módulos tiene capacidad para 1.020 personas.
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, anunció que será hasta diciembre del 2026 en que ese centro penal albergue su máxima capacidad.
La apertura del centro se realizó después de que la construcción superó el plazo de 195 días anunciado por el expresidente y ahora ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, quien había prometido que la obra estaría terminada el 27 de julio de 2026.
El Cacco se construyó a partir de planos donados por el gobierno de El Salvador y su diseño está inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y con capacidad para 40.000 personas.
Fernández visitará El Salvador del viernes 16 de octubre al domingo 18. La presidenta mantendrá una reunión bilateral con Bukele y una visita al Cecot.
En noviembre pasado se adjudicó la obra a la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar) por ¢16.775 millones ($33,1 millones).
Perfil de los albergados
Según declaró la directora general de Adaptación Social, Lucrecia Tejada, en entrevista Nuestra Voz de radio Monumental: “Son los Pablos Escobar del 2026″, quienes ocuparán el Cacco.
Entre los perfiles de quienes serán trasladados a estas celdas destacan líderes y miembros de organizaciones criminales, cabecillas con capacidad para dirigir operaciones delictivas desde prisión e individuos que representen riesgos graves de violencia, intimidación o amenazas contra otros reclusos, funcionarios públicos o terceros.
Se contempla a quienes dispongan de redes de contactos, recursos y medios para continuar delinquiendo dentro o fuera de los centros penitenciarios.
Además, podrán ser recluidas personas vinculadas con intentos de fuga, acciones para vulnerar los sistemas de seguridad penitenciaria y actividades relacionadas con armas, drogas, dispositivos de comunicación y otros artículos prohibidos que representen riesgos relevantes.
Pese a que el gobierno anunció que el ingreso estará sujeto a “valoraciones individualizadas de peligrosidad y seguridad, con criterios objetivos y debidamente fundamentados”, Fernández ordenó que todas las personas acusadas de asesinar a un policía deben ir al Cacco, sin aclarar cuál es el criterio técnico para sostener esa petición.
Primer reo
Según anunciaron la presidenta Laura Fernández y el ministro Aguilar, “el primer reo” en usar una celda del Cacco será el asesino del oficial de Fuerza Pública Gerson Rosales.
Aunque hicieron referencia a una persona, en realidad son tres hombres detenidos por este homicidio: Mora González, Menocal Vilchez y Vilchez Rocha.
Fernández se refirió al hombre como un asesino, pese a que los tres detenidos permanecen en calidad de indiciados; es decir, no han sido acusados, ni mucho menos sentenciados por este caso.
El pasado 16 de mayo, un tribunal penal dictó seis meses de prisión preventiva contra los tres sospechosos, mientras avanza la investigación en su contra.
Tradicional crítica al Poder Judicial
El discurso de la presidenta Fernández estuvo marcado por sus habituales críticas al Poder Judicial, en particular a los magistrados que, según afirmó, fueron invitados al acto, pero decidieron no asistir.
El gobierno dejó las sillas vacías de los altos jerarcas judiciales. La mandataria y sus ministros afirmaron que su inasistencia reflejaba que las autoridades judiciales “le dan la espalda” al principal problema de seguridad del país.
“Quítense la careta. Hay gente, magistrados, miembros del Poder Judicial, fiscales y jueces que están del lado de los delincuentes. Por eso no vinieron, porque les duele ver un modelo de mano dura en Costa Rica”, acusó Fernández sin aportar pruebas ni la correlación entre la asistencia y la supuesta vinculación con el crimen.
Durante la ronda de preguntas, Fernández evitó responder si su gobierno ya recibió de forma definitiva el centro penal. Tampoco se pronunció sobre el anuncio de Bukele de que su gobierno analiza un plan para liberar anticipadamente a parte de los presos detenidos durante su ofensiva contra las pandillas.
La propuesta del salvadoreño beneficiaría a aproximadamente el 50% de la población penitenciaria que, según el mandatario, colaboró con estas organizaciones criminales.
Durante la inauguración, Fernández acusó a la Asamblea Legislativa de obstaculizar el presupuesto para construir ese centro penal. Sin embargo, esto es falso.
“Los retos que enfrentamos con la Asamblea Legislativa anterior fueron muchos. El principal fue de naturaleza presupuestaria. No querían autorizar al entonces presidente Rodrigo Chaves el presupuesto para ejecutar esta obra”, dijo la presidenta.
En setiembre del 2025, los diputados aprobaron una segunda modificación presupuestaria de 2025, con ¢7.870 millones destinados a que el gobierno de Rodrigo Chaves pudiera construir el Cacco.
La propuesta tuvo 42 votos a favor, por lo que fue aprobada de forma unánime.
Pese a la invitación girada por el gobierno de Fernández a los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y Colombia, Abelardo de la Espriella, ninguno asistió.