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Entre las estructuras allanadas este miércoles como parte del caso Rigel, donde fue detenido Gordo Julio, el presunto cabecilla de uno de los grupos criminales más peligrosos de Cartago, destaca una propiedad ubicada en la urbanización Manuel de Jesús Jiménez, en el distrito de Aguacaliente (San Francisco).
El inmueble esquinero, de 124 metros cuadrados, está inscrito a nombre de una mujer de apellidos Loría Guzmán, de 38 años y funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien se desempeña como enfermera en el Hospital Calderón Guardia.
Ella no tiene ningún vínculo con la organización, ni es investigada en esta causa.
Lo que presumen las autoridades es que la funcionaria alquilaba el inmueble, al parecer, sin conocer qué ocurría en su interior.
En ese lote, con un valor registral de ¢32 millones y que tiene como acreedor a la Asociación Solidarista de Empleados de la Caja, operaba un búnker, es decir, un sitio de venta y consumo de drogas que era controlado, en apariencia, por alias Gordo Julio.
En el búnker, donde fueron detenidos dos hombres, es evidente el deterioro de la construcción. El fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, dijo que, tras los allanamientos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD), “espera una respuesta contundente del Ministerio de Salud, debido a las condiciones insalubres y el uso que se le da a estos lugares”, ya que provocan un gran perjuicio a la comunidad.
“Igualmente, esperamos que en lo que compete a la Municipalidad de Cartago, asuman las acciones legales correspondientes por el uso que se le está dando a estos inmuebles y las remodelaciones en sus partes frontales, que se le han hecho a todas con la intención de cubrir las acciones ilícitas que en ellas se desarrollan”, agregó.
El representante del Ministerio Público enfatizó la responsabilidad de los dueños de los inmuebles y por eso confirmó el interés de las autoridades de seguirles el rastro, con el fin de saber “quiénes se benefician del pago de alquileres” que son pagados por grupos criminales para habilitar búnkeres.
Johanna Siles, directora de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Cartago, explicó que estos lugares de venta y consumo de sustancias ilícitas son propiedades privadas, que incumplen los requisitos mínimos para el funcionamiento. “No son casas de habitación, no tienen electricidad, ni agua”, detalló.
La funcionaria agregó que además de ver una respuesta del Ministerio de Salud, esperan lo mismo de los propietarios registrales para que el abordaje se haga de manera integral y que esos sitios dejen de ser centros de distribución de drogas. “Vamos a coordinar, estamos esperando tener contacto con las autoridades locales y que se haga un trabajo efectivo hoy mismo” sentenció Siles.
Trabajo continuo
Erick Calderón, director de la Fuerza Pública de Cartago, destacó que la intervención en la zona de influencia de alias Gordo Julio es constante, especialmente por la existencia de múltiples puntos para la venta de drogas.
Según declaró, producto de esa labor, en conjunto con la Policía Municipal, se recopiló información que favoreció el operativo desplegado durante este miércoles.
El jefe policial reconoce que ahora viene una nueva etapa de contención, para evitar que estos sitios sean reactivados por otros miembros de la organización. “De forma inmediata empezamos a hacer las coordinaciones para demoler esas estructuras, porque no van a ser utilizadas como recintos donde puedan vivir las personas”, afirmó.
Calderón espera que con este trabajo haya una disminución de la violencia: “Nosotros, desde la seguridad preventiva, vamos a hacer un trabajo continuo, constante y permanente de manera de que no nos retomen los puntos de venta”, expresó.
Verdaderas fortalezas
Varios de los sitios allanados representaron un verdadero reto para las autoridades al momento de ingresar debido a que fueron reforzados. Portones de hierro, marcos de perling o candados de seguridad se podían apreciar en esos sitios.
En un búnker de la urbanización Manuel de Jesús Jiménez, los agentes de la PCD debieron usar una herramienta eléctrica para derribar el portón; en otro sitio fue tal la dificultad, que la opción más viable fue demoler con un mazo parte de la pared.
Los administradores de los puestos de ventas de drogas lo hacen así para resguardarse de un eventual ataque de miembros de bandas rivales y para dificultar la labor policial.
Tras las acciones policiales se ordenó la demolición de esos refuerzos en hierro y acero, que fueron recolectados por la Policía municipal de Cartago.
