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Tan fácil como ingresar por un portón que colinda con suelo panameño y salir por otro que da al lado costarricense. Los grupos que controlan el contrabando en la frontera sur pasan la mercancía a gusto y placer.
Estas organizaciones tienen a su merced casas, bodegas y hasta fincas que les otorgan esa facilidad de operación. Primero, adquieren cigarrillos y licores en tiendas libres de impuestos (duty free) en el vecino país del sur y, luego, introducen la mercadería a Costa Rica sin pagar los impuestos de ley.
Al menos 12 propiedades que sirven como bodegas se ubican en barrio San Jorge y en La Cuesta de Corredores, así como otras a lo largo de la línea limítrofe en San Vito de Coto Brus.
Los vehículos que parten desde San Jorge con la mercadería buscan caminos alternos que salen más adelante de Paso Canoas para retomar la ruta nacional 2 y, desde ahí, hacen labor de inteligencia hasta el puesto de control policial en el kilómetro 35 de Golfito.
Un miembro de estas organizaciones criminales explicó a La Nación que los contrabandistas aprovechan los horarios de cambio de roles, los cuales conocen al detalle, para pasar por el puesto sin tener que someterse a los horarios de rigor. La maniobra se realiza en colusión con policías que se prestan para el contrabando de cigarrillos y licores a cambio de pagos de ¢50.000 por cada vehículo.
Otra ruta utilizada por las organizaciones sale de Golfito y pasa por el pueblo de La Gamba, en el distrito de Guaycará, para desembocar unos dos kilómetros más adelante del puesto de control y continuar sobre la carretera Interamericana Sur.
Tres puntos de ingreso en Coto Brus
Cuando el cargamento se moviliza desde el cantón de Coto Brus, se suelen utilizar tres puntos para facilitar la operación. Se trata de Cañas Gordas, en el distrito de Agua Buena, así como La Unión y Río Sereno, ambas en Sabalito. En este último sitio hay un puesto de la Fuerza Pública y hasta hace poco funcionó el mayor centro de venta de licor de la zona, cerrado por la policía panameña.
Estas tres alternativas confluyen en la ruta que va de San Vito hacia Paso Real, desde donde los vehículos se desvían hacia Palmar Norte o hacia el cerro de la Muerte.
Durante la visita de este diario a la zona limítrofe, se pudo constatar que en Sabanilla de Limoncito, en Coto Brus, se mantiene un retén con oficiales de la Fuerza Pública, del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y de la Policía de Control Fiscal (PCF), que busca reducir la movilización de mercancía por la ruta de Paso Real.
Los policías destacados allí son de sitios lejanos a Coto Brus, como Cartago, una medida preventiva ante la aparente vinculación de oficiales de la zona con grupos dedicados al contrabando, según publicó La Nación el 4 de agosto, con base en un informe de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), del Ministerio de Seguridad Pública.
Un vecino de Coto Brus que conoce bien los movimientos de los contrabandistas detalló que los sospechosos usan vehículos robados, gemeleados o que tienen alguna prenda.
“Uno ve carajillos recién salidos del colegio que por ¢200.000 o hasta ¢300.000 se dedican a transportar cigarros o licor, porque eso se ganan en un solo viaje”, relató el hombre, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.
Viceministro de Ingresos: ‘Estamos en un punto máximo’
Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos, señaló que la posibilidad que tienen estos grupos criminales de adquirir productos de forma legal en el sector fronterizo panameño es uno de los principales factores que dificultan la labor de las autoridades nacionales.
“Nosotros lo que vemos son bastantes duty free y siguen dando más autorizaciones para ese tipo de negocios. Hay una creciente actividad económica en esa zona y nosotros tenemos que trabajar en disminuir el incentivo”, resaltó.
Carvajal indicó que Hacienda hace labor de inteligencia en conjunto con distintos cuerpos policiales para mapear a los grupos, vehículos y empresas involucradas, algunas de ellas conectadas con facturas falsas.
“Estamos en un punto máximo donde podemos ir revirtiendo esto. Lastimosamente, el contrabando se volvió un negocio demasiado rentable en zonas de pocas oportunidades y se ve como una forma de vida”, dijo.
Al respecto, el funcionario comentó que existen contribuyentes que cumplen la ley y no logran competir con los precios del contrabando.
El viceministro detalló algunos decomisos recientes: más de 10.000 unidades de licor fueron halladas en un vehículo en Garabito; más de 7.000 unidades fueron confiscadas en Paso Real; y 13.000 unidades más fueron detectadas en una buseta y dos carros que estaban dentro de una propiedad, antes de Paso Real, hacia Palmar Norte.
“La frontera con Panamá es muy porosa, tenemos demasiados accesos, fincas donde los propietarios participan en la actividad”, afirmó.
Sobre el impacto económico, Carvajal indicó que los decomisos crecen a doble dígito y atribuyó parte de ese resultado al trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad Pública y la PCF.
La apuesta del gobierno para desincentivar el contrabando, recordó, es impulsar una reducción en los impuestos a los cigarrillos, “para hacer más competitivo el sector formal y restar rentabilidad al negocio del contrabando, que hoy es sumamente rentable”.
Dificultades para investigar
El fiscal general, Carlo Díaz, manifestó que aunque tienen identificados entre tres y cuatro grupos dedicados al contrabando en la zona sur, incluidos sus cabecillas, probar la relación entre ellos y los transportistas detenidos con la mercancía es el principal obstáculo.
“Relacionar a ese grupo con el transportista que se detuvo con la mercancía, es lo que se dificulta en las probanzas”, afirmó.
Según Díaz, la mayoría de las investigaciones terminan dirigidas hacia personas de perfil medio o bajo dentro de las estructuras, mientras que identificar o capturar a los cabecillas resulta más complejo.
Por eso, según comentó, el Ministerio Público trabaja no solo en labores de inteligencia para detener a los conductores de los vehículos sino también en determinar quiénes son los dueños reales de cada cargamento.
El fiscal explicó que las organizaciones criminales diversifican sus negocios y que el contrabando les resulta atractivo porque conlleva penas menores que el narcotráfico. Además, señaló un vacío legal: la mercancía debe superar un valor aduanero de $5.000 para que se configure un delito de mayor peso, un umbral que los transportistas conocen y evitan. “Lo hacen con escalas menores a ese umbral de punibilidad”, indicó.
Sobre la propuesta de reducir impuestos a los cigarrillos para desincentivar el contrabando, Díaz fue cauto: “De momento no hay un indicador que nos venga a decir que, si eso sucede, el contrabando va a disminuir. Son simplemente posibilidades que se tienen que explorar”.
Sostuvo, además, que esa medida sería insuficiente si no se fortalece a los cuerpos de investigación. “Vamos a seguir nada más deteniendo transportistas al azar y no llegando a las organizaciones criminales”, aseveró.
Seguridad Pública tomó medidas
El informe de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), publicado por este diario hace un mes, vincula a 116 oficiales de la Fuerza Pública con grupos criminales de la zona sur dedicados al contrabando y narcotráfico. El documento señala que 44 policías presuntamente colaborarían con la estructura criminal conocida como Los Wiskeros, dedicada al contrabando de licor.
La información de la DIAC les atribuye funciones como coordinar el traslado de vehículos y cargamentos, alertar sobre retenes policiales, suministrar información sobre rutas y brindar custodia a automotores utilizados para transportar licor de contrabando, a cambio de dinero.
Consultado sobre este tema, el Ministerio de Seguridad Pública respondió que, a la fecha, no se ha determinado responsabilidad administrativa de las personas señaladas, ya que el documento fue remitido al Departamento Disciplinario Legal y se encuentra en fase de investigación preliminar, por lo que la información permanece confidencial.
La cartera confirmó que sí se han materializado reubicaciones de funcionarios señalados en el informe, como medida administrativa mientras avanzan las pesquisas, aunque la cifra exacta está en proceso de verificación por parte de Recursos Humanos.
En cuanto a despidos, indicó que el funcionario Michael Corella Amador, alias Rojo, hoy extraditable, fue cesado por causa justificada y sin responsabilidad patronal, aunque aclaró que este no forma parte de la lista de personas señaladas en el informe del DIAC.
Sobre el círculo cercano a Rojo, al que el documento vincula con otros diez oficiales, el Ministerio indicó que la situación de esas personas está siendo analizada dentro de la investigación preliminar, sin que sea posible confirmar medidas individuales, incluida la de una expareja sentimental del funcionario que también trabaja en San Vito.
En cuanto a los agentes con denuncias o causas por violación, femicidio u otros delitos mencionados en el informe, el Ministerio respondió que los casos se encuentran en fase de investigación preliminar y que, por su carácter confidencial, no es posible brindar información individualizada.
Precisó que el actual ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, no fue informado sobre este documento al asumir el cargo, sino que tuvo conocimiento de su existencia a raíz de publicaciones periodísticas.
