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El fiscal general Carlo Díaz explicó que los 17 allanamientos ejecutados este lunes contra una red de lavado de dinero, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), son el resultado de una investigación que arrancó hace casi una década, a partir de dos casos previos de narcotráfico: Torrero y Manantiales.
“Es una investigación de la Fiscalía de Legitimación de Capitales, en donde se le da seguimiento a dos casos anteriores de tráfico internacional de estupefacientes, solo que ahora vamos enfocados en la legitimación de capitales”, dijo Díaz.
El vínculo con el caso Manantiales remonta al 13 de enero de 2016, cuando una avioneta matrícula TI-ATR salió del aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, con un plan de vuelo hacia Punta Islita y Tamarindo, pero terminó estrellada en Puerto Morazán, Chinandega, Nicaragua, con 89 kilos de cocaína que iban en tres maletas. Los pilotos, de apellidos Campos y Arias, desaparecieron del lugar antes de que llegara la Policía nicaragüense.
Según una nota publicada por este medio en ese año, vecinos de la zona contaron que una camioneta recogió a los pilotos, quienes posteriormente fueron ubicados en Costa Rica.
Nueve años después, la Fiscalía tiene en la mira el patrimonio acumulado por el presunto líder de esa red, un hombre de apellidos Alfaro Flores, de 47 años, detenido en una mansión valorada en $3 millones, ubicada en una de las zonas de mayor plusvalía del país, “de los más lujosos que quizás hayamos intervenido en este año”, agregó el fiscal general.
La vivienda cuenta con cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio. “Él ha ido aumentando su nivel de vida y es precisamente eso lo que estamos investigando”, dijo Díaz, quien señaló que en el 2016 Alfaro ya había sido intervenido en el condominio Manantiales, lo que dio dio origen al nombre del caso en esa oportunidad.
Tras los allanamientos de este lunes, fueron decomisados diez vehículos de alta gama valorados en cerca de $2,7 millones, entre ellos uno de $400.000 del que solo existen cuatro ejemplares en el país. También se anotaron 29 propiedades con un valor global cercano a los $7.000.000 e intervinieron una cadena de gimnasios y una empresa recicladora que habrían servido como pantalla para blanquear capitales.
Díaz subrayó que “a las organizaciones hay que atacarlas no solo por el narcotráfico, sino también perseguir sus bienes”, dijo.
Sobre las medidas cautelares, el fiscal anticipó que solicitarán prisión preventiva para los detenidos. “El poder económico de estas personas no se limita a los bienes que se exhiben o que se registran, sino que pueden tener incluso billeteras virtuales, y eso podría hacer que decidan sustraerse a la justicia optando por irse del país”, explicó.
Junto a Alfaro fueron detenidos siete sospechosos más, entre ellos una mujer con el mismo apellido del presunto líder. El director a.i. del OIJ, Michael Soto, confirmó que Alfaro habría involucrado a varios miembros de su familia en la estructura delictiva.
Los allanamientos se ejecutaron desde las 4 a. m. en Escazú, Santa Ana, Alajuela, Heredia y Pérez Zeledón.
