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Un esquema de estafas que habría afectado a comercios de distintas zonas del país quedó al descubierto tras una serie de allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) esta mañana, que permitió detener a dos sospechosos vinculados con al menos 14 causas.
Los operativos estuvieron a cargo de la Sección Especializada contra Estafas y Fraude Registral, la cual realizó tres allanamientos (dos viviendas y un taller), en sectores de Río Conejo, Corralillo de Cartago, y San Sebastián, San José.
En las diligencias fueron detenidos Campos, de 57 años, y Villalobos, de 46 años, quienes figuran como sospechosos del delito de estafa.
De acuerdo con el OIJ, el perjuicio económico atribuido al caso asciende a ¢48 millones y $29.000.
Engaño con apariencia “formal” y convincente
Según la investigación, el método de operación tenía como base un elemento clave: hacer creer al comercio que el dinero ya estaba depositado, cuando en realidad el pago no era válido.
Las estafas se habrían cometido entre octubre del 2024 y diciembre del 2025, principalmente en sectores de San José, como Acosta, La Uruca y Guadalupe, entre otros puntos.
Los negocios afectados incluyen comercios que venden artículos e insumos diversos, como: locales de insumos para piscinas, ferreterías, licoreras, comercios de llantas y otros establecimientos.
El OIJ detalló que el esquema seguía una secuencia que buscaba generar confianza y acelerar la entrega de mercadería.
El grupo primero ontactaba al comercio y pedían cotizaciones de precios de productos específicos, como si fueran clientes reales.
Luego de obtener la cotización, indicaban que harían el pago mediante transferencia bancaria o un depósito directo en una sucursal.
La estafa se concretaba cuando, aparentemente, enviaban a una persona a depositar un cheque en el banco.
Sin embargo, según el OIJ, ese cheque no correspondía a una cuenta activa, sino a una cuenta cerrada, por lo que el dinero no podía hacerse efectivo.
Era entonces cuando, tras el supuesto depósito, los sospechosos enviaban el comprobante a los negocios como “prueba” de pago.
Al ver el comprobante —y en algunos casos, al observar que la transacción “aparecía” reflejada temporalmente— los comercios entregaban la mercadería.
Finalmente, el comercio era contactado por la entidad bancaria para informarle que el cheque había sido rechazado o devuelto por pertenecer a una cuenta cerrada.
Ahí era cuando los ofendidos confirmaban que habían sido víctimas de una estafa.
Este tipo de fraude suele aprovechar dos factores: por un lado, la presión por cerrar ventas rápidas, especialmente en negocios de alto movimiento y la apariencia de legitimidad del comprobante, que puede generar una falsa sensación de seguridad.
En muchos casos, el comprobante funciona como un “gancho psicológico”: parece una prueba definitiva, pero no garantiza que los fondos sean reales ni que el pago haya quedado firme.
Tras las detenciones, los agentes judiciales mantenían la revisión de los sitios allanados en busca de evidencia relevante para el expediente.
Los sospechosos quedarán a las órdenes del Ministerio Público, para que se determine su situación jurídica.
