El presunto cabecilla narco Edwin Vargas García, alias Sobrino, habría mantenido un control detallado sobre las personas que alquilaban varios de sus inmuebles, los montos que pagaban y el tiempo que llevaban viviendo en ellos.
De acuerdo con pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), su hermana, una mujer de apellidos Víquez García, era la encargada de llevar esos registros e intercambiar la información con él.
Además de documentar esos datos, la mujer presuntamente atendía gestiones relacionadas con los contratos y el seguimiento de los arrendamientos. Su hermano, en apariencia, le pedía verificar pagos, localizar documentos, aclarar fechas y mantener el control de los depósitos y las mensualidades.
El supuesto cabecilla también habría alquilado inmuebles mediante la plataforma Airbnb a través de uno de los presuntos miembros de la organización criminal. Allí, en esos espacios, se presume que se llevaban a cabo reuniones entre integrantes de la estructura.
Vargas García fue detenido en enero del 2025, pero su nombre volvió a figurar esta semana, luego de que las autoridades ejecutaran 22 allanamientos y detuvieran a 18 personas como parte del caso Éxodo, una investigación por presunta legitimación de capitales y narcotráfico.
Geriatra, mecánico de aviación y operario de construcción
Entre las conversaciones documentadas en el legajo judicial de esa pesquisa, al cual La Nación tuvo acceso, figura un intercambio de mensajes entre Sobrino y su hermana sobre el alquiler de un predio ubicado en la ruta 32, por el que recibían ₡750.000 mensuales. También se menciona un lote en San Mateo, Alajuela, arrendado por ₡285.000 al mes mediante un acuerdo verbal.
El expediente también cita una casa en Tibás y otra en La Uruca. Por esta última, los hermanos recibían ₡500.000 mensuales y la casa habría sido habitada por una persona a la que identificaron como mecánico de aviación.
En otra conversación, se refirieron al alquiler de una casa con cochera para dos vehículos y capacidad para cuatro personas; sin embargo, no precisaron el monto que cobraban por esa propiedad.
Los mensajes también hacen referencia a una vivienda en El Coyol de Alajuela, donde habría residido una persona dedicada a la geriatría que pagaba al supuesto cabecilla ₡330.000 mensuales.
Los intercambios también evidencian que Vargas García daba instrucciones a su hermana sobre las condiciones que debían establecerse en los contratos de arrendamiento.
“Que le ponga que faltarse al contrato con una prórroga de una semana si no se realiza el pago, el desalojo es inmediato, sin ningún tipo de arreglo previo o posterior a, por favor mami”, le escribió.
En otra ocasión, le habría indicado cómo distribuir el pago de los servicios públicos entre los residentes, aunque no detalla cuáles: “Necesito que ponga que con respecto a los servicios públicos los inquilinos pagarían un 60% del recibo y los del apartamento un 40”.
En las conversaciones también hablan de una casa en barrio México, otra propiedad en Tres Ríos que estaba a nombre de la madre de ambos y un apartamento en San José que, aparentemente, habitaba un operario de la construcción. Aunque no se detallan las condiciones de alquiler de esos inmuebles, los hermanos también hacen referencia a un condominio de lujo ubicado en Escazú.
Alquileres mediante Airbnb
El legajo judicial señala que la presunta organización criminal, liderada por Sobrino y dedicada supuestamente a la venta de drogas en Tibás, Goicoechea, Coronado, Curridabat y Montes de Oca, también alquilaba inmuebles mediante la plataforma Airbnb para realizar reuniones.
Aunque esta gestión habría sido supervisada de cerca por el supuesto cabecilla, estaba a cargo de un hombre de apellidos Portuguéz Mora, alias Furcio, con quien Vargas García mantenía una relación directa. Según la investigación, este hombre le reportaba movimientos de dinero, saldos, préstamos, intereses, pagos, bienes, vehículos y gestiones efectuadas por cuenta de distintas personas.
Conversaciones que ambos habrían sostenido en agosto del 2024 evidencian que Sobrino incluso le habría dado instrucciones a Furcio sobre cómo actuar si, al momento de alquilar un inmueble, le solicitaban datos personales.
“Si el mae le dice la foto de la cédula le dice caballero por cuestiones de seguridad prefiero enseñárselas físicamente cuando haga el check in. Porque la foto de la cédula, toda la información personal está aquí y me siento vulnerable, sencillo”, le instruyó.
“Si le pregunta por las otras personas le dice que no necesariamente van a ser residentes pero que talvez van a llegar visitas, entonces que ustedes los están contemplando, por aquello. Y si le dicen visitan qué, les dice que compañeros de trabajo y la novia suya, por ejemplo, una vara así por aquello”, agregó Sobrino.
Posteriormente, los pagos por los alquileres quedaron reflejados en los reportes de gastos que recibía el presunto cabecilla. Entre los movimientos identificados figuran dos transacciones con detalle “Airbnb” de $1.438 y $1.500 sin mayores detalles.
“Dinero está circulando de forma irregular”
A juicio de Andrés Pérez, abogado especialista en derecho comercial, la economía costarricense tiene una alta penetración de dinero proveniente de fuentes ilícitas, que se legitima a través de actividades lícitas.
“A eso estamos expuestos y ese dinero está circulando de forma irregular”, reconoció.
La Nación consultó al experto sobre las recomendaciones para verificar quién va a alquilar un inmueble o quién está ofreciendo sus predios para alquilar.
Las opciones, sin embargo, son limitadas, pues, aunque existen plataformas de consulta pública, los grupos criminales suelen operar mediante testaferros, lo que dificulta identificar a las personas que realmente están detrás de los negocios mediante una indagación sencilla.
Pese a ello, Pérez señaló que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) tiene habilitada una plataforma de consulta pública sobre hospedaje no tradicional en la que se puede verificar si un determinado establecimiento está registrado. Así lo establece como requisito la Ley 9742, “Ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales”.
El abogado afirmó, además, que recibir una factura por el alquiler proporciona cierta seguridad de que el establecimiento cumple con sus obligaciones, aunque esto no garantiza que no esté vinculado con actividades ilícitas.
En los casos en que una persona pone un inmueble en alquiler, Pérez recomendó realizar una verificación básica de quien pretende arrendarlo, por ejemplo, mediante la asesoría de un abogado que tenga acceso a plataformas de información.
“Hacer una investigación mínima, a lo mejor pedir una constancia de la Caja de Seguro Social o del patrono”, indicó.