Escuchar
En un periodo de tres años, entre el 2019 y el 2021, la Ciudadela León XIII, en Tibás, registró 30 de los 45 homicidios ocurridos en todo el cantón, distribuidos en diez casos cada año. El dato consta en el expediente del caso Los Leones, donde se investiga a una organización encabezada por Michael Ricardo Quesada Meléndez, alias Shaggy, detenido desde finales del año pasado.
Según ese legajo, todos los asesinatos respondieron a disputas por drogas del grupo de Shaggy con estructuras como las de Erick García Anchía, alias Tío, y Edwin Jeancarlo Vargas García, conocido como Sobrino, pero también respondieron a pugnas internas dentro de la organización criminal.
El grupo de Quesada Meléndez se adueñó del control de las acciones criminales en León XIII tras la caída, en 2020, de Dennis Iván Cabrera Espinoza, alias Manzanita, sentenciado en 2024 a 40 años de cárcel por narcotráfico y lavado de dinero. Desde entonces, habría venido “ejecutando a sus oponentes o miembros de grupos antagónicos”, indica la investigación judicial.
El expediente sostiene que, debido a la violencia experimentada en la zona para esa época, la tasa de homicidios en León XIII “solamente es comparada con sitios que se encuentran en guerra activa, tales como Afganistán, Israel o Palestina; así como otros países en los cuales los estados han perdido la soberanía y se encuentran a merced de grupos criminales, como Las Maras en El Salvador y Honduras; siendo lugares donde los índices de violencia superan a cualquier otra parte del mundo”.
El 25 de noviembre pasado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutó 31 allanamientos simultáneos en los que fueron detenidos ocho sujetos, entre ellos Shaggy, por delitos como tráfico de drogas, legitimación de capitales y homicidios.
Liderazgo de Shaggy
El informe policial precisa que dentro de los sospechosos que se mencionan como partícipes en la ejecución de los homicidios se identificaron sujetos con los alias de Yiyi, Fuerza, Tatú, Felo y Mufla y “como autor intelectual, o quien ordena los mismos figura alias Shaggy, líder indiscutible de la estructura criminal”.
Tal fue la violencia en ese periodo que uno de los agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO), del OIJ, a cargo de las pesquisas, al analizar los crímenes atribuidos a la banda de Shaggy, resaltó que las disputas en ese territorio se comparaban con lo que ocurre en otras zonas del mundo que están en guerra.
Para reforzar esa afirmación, el expediente toma en consideración las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), que en el 2021 proyectaba 20.551 habitantes en el distrito de León XIII, año en el que se registraron 10 homicidios en la zona.
(...) “por lo que, según los cálculos, representa una tasa de 48,65 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, sobrepasando de manera exorbitante la tasa a nivel nacional que para el año 2021 fue de 11,4 homicidios por cada cien mil habitantes, esto según los datos aportados por la Unidad de Análisis Criminal del OIJ”.
El expediente agrega: “Ahora bien, a manera de referencia, según la Organización Mundial de la Salud, cuando la tasa de homicidios dolosos supera los 12 casos por cada 100.000 habitantes, se puede catalogar dicha conducta como una epidemia”.
Pugna por territorio narco
El documento precisa que los indicios recabados al momento de la investigación permitieron establecer la victimología y el motivo por el que se dieron los asesinatos, “los cuales derivan del deseo de adueñarse del control de las actividades ilícitas que se desarrollan, tanto en el sector del León XIII, como en otras zonas de acción de la organización”.
El expediente explica que esa motivación se vio reflejada en la ejecución de los homicidios que, en su mayoría, respondieron al control de la agrupación criminal y a pugnas con otras estructuras que mantenían operaciones en diferentes puntos del Valle Central. “Bajo esta tesis de principio, la ejecución de algunos de los miembros activos de la organización se debió a que ellos querían independizarse, o bien tomar el control del grupo de delincuencia organizada y destronar a su actual líder”.
Fue así como según la investigación judicial se especificaron los asesinatos de Michael Obando Jiménez, Kenneth David Arroyo Montero y Eduardo Agüero Beltrán, quienes eran miembros del grupo delincuencial, mientras que los homicidios de Steven Daniel Solera López, Rodrigo Andrey Escalante Villegas y Juan Gabriel Gómez Condega fueron cometidos porque eran integrantes de bandas contrarias.
El legajo también revela que cuatro policías de la Fuerza Pública habrían ayudado a la organización criminal aparentemente liderada por Shaggy a simular operativos del OIJ para asaltar a víctimas y privarlas de libertad en vía pública, en hechos ocurridos en diciembre de 2019.
Según el informe de la OECDO, este grupo se estableció en el Valle Central desde el 2021, cuando se dedicó a cometer asaltos en contra de otras bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Michael Soto, director interino del OIJ, aseveró que la estructura acostumbraba a dar tumbonazos (robos de droga) a otras estructuras y esa sería otra razón por la que Shaggy temía ser atacado.
