Las conversaciones comenzaron con la promesa de mover toneladas de cocaína desde Costa Rica. Luego vino una prueba de un kilogramo por $6.000 y, meses después, una negociación por unos 700 kilogramos que tendrían como destino final Nueva York. Esos son algunos de los detalles que agentes de la DEA documentaron en la investigación contra el costarricense Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca.
El documento describe una investigación en la cual participó una fuente confidencial de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Según la acusación, esa persona sostuvo reuniones y conversaciones telefónicas con Macho Coca y miembros de su organización para negociar operaciones de narcotráfico.
Bell Fernández compareció este viernes 14 de agosto ante la jueza magistrada federal Valerie Figueredo, quien ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso judicial. El caso quedó asignado al juez federal de distrito Dale E. Ho.
“Durante años, Gilbert Bell Fernández presuntamente obtuvo toneladas de cocaína de Colombia y la transportó a través de Costa Rica para su distribución final en Estados Unidos y otros países. La organización narcotraficante de Bell Fernández ha perdido a su líder. Ahora, uno de los capos de la droga más notorios de Costa Rica comparecerá ante la justicia en un tribunal estadounidense por el daño que causó y que intentó causar a este país”, indicó Jamie McDonald, fiscal general.
Conversaciones comenzaron en marzo del 2022
Los integrantes de la organización de Bell comenzaron a conversar en marzo del 2022 con una fuente confidencial identificada como CS-1.
La persona se presentó ante ellos como intermediaria de supuestos compradores interesados en adquirir grandes cargamentos de cocaína para clientes en Nueva York y otros lugares. De acuerdo con la Fiscalía, los colaboradores identificaron a Bell como líder de la organización y afirmaron que podía facilitar cargamentos de varias toneladas.
Durante los meses siguientes, la fuente confidencial pasó a mantener contacto directo con Bell, tanto de manera presencial como por teléfono. Las conversaciones se centraron en las condiciones de una eventual relación para distribuir cocaína.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Macho Coca aseguró durante esos contactos que tenía capacidad para exportar toneladas de cocaína desde Costa Rica. También habría aceptado facilitar una muestra antes de avanzar hacia negocios de mayor volumen.
“Durante esas conversaciones, Bell Fernández confirmó, entre otras cosas, que tenía los medios para exportar toneladas de cocaína desde Costa Rica y que su organización podía gestionar que CS-1 comprara una muestra de la droga antes de posibles transacciones de mayor envergadura en el futuro”.
Un kilogramo por $6.000
Según la Fiscalía de Nueva York, un integrante de la presunta organización entregó en Costa Rica un kilogramo de cocaína a la fuente confidencial de la DEA.
El kilogramo fue entregado a cambio de aproximadamente $6.000, según la versión de las autoridades estadounidenses. La Fiscalía atribuye a Bell la autorización para que uno de los integrantes de su organización suministrara la droga.
Después de esa operación, la fuente mantuvo las conversaciones con Macho Coca y otros integrantes del grupo sobre una eventual operación de mayor escala. Los contactos culminaron meses después en una nueva reunión en Costa Rica.
DEA documentó negociación por unos 700 kilogramos
A principios de agosto del 2023, la fuente confidencial volvió a reunirse con Bell en territorio costarricense. De acuerdo con el expediente, en ese encuentro se discutió un posible negocio por aproximadamente 700 kilogramos de cocaína.
La acusación sostiene que Bell habló sobre suministrar esa cantidad a la fuente y sobre la posibilidad de transportar posteriormente la droga hasta Nueva York. El comunicado judicial no señala que esa operación de 700 kilogramos llegara a concretarse.
La Fiscalía estadounidense afirma, además, que Bell controlaba la distribución de cargamentos de toneladas que ingresaban o transitaban por el puerto de Limón.
La acusación le atribuye una conspiración para importar más de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Ese delito contempla una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
La investigación contó con participación de la unidad de investigaciones bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA y de su oficina en Costa Rica. El Departamento de Justicia también reconoció la colaboración del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para lograr el arresto y la extradición.
El caso quedó en manos de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales Katherine Cheng, Kaylan E. Lasky y David J. Robles están a cargo de la acusación contra Bell.
