Al subir al bus, Eugenia Sánchez escuchó un ruido extraño. Era un bullicio distinto al de todas las tardes, cuando tomaba el recorrido que sacaba a los trabajadores desde la cárcel de La Reforma hasta San José.
Ese día, el 14 de octubre de 2002, Eugenia, secretaria del área de Mínima Seguridad de la cárcel, se había despertado ansiosa sin ninguna razón. Así había pasado todo el día. Por eso, decidió salir del trabajo un poco más temprano de lo que acostumbraba.
Cuando abordó el bus, faltaban cinco minutos para las cuatro de la tarde. Detrás de ella, dos hombres armados forcejeaban para entrar por la puerta delantera del vehículo. Ese era el ruido extraño que escuchó y que, en cuestión de instantes, sabría exactamente de qué se trataba.
Lo que sucedió ese día duró aproximadamente 30 o 45 minutos, pero las consecuencias se han extendido durante 24 años. Para quienes lo vivieron es un tiempo fragmentado, no lineal, con lagunas de recuerdos que ha sido imposible rellenar a lo largo de los años.
Los hombres que forcejearon en la puerta del bus eran dos reos, de Mínima Seguridad, que habían aprovechado que los estaban trasladando a un servicio religioso para ejecutar el plan de escapar de La Reforma.
Una vez dentro del autobús, uno de ellos encañonó con un revólver al conductor y lo obligó a cerrar las puertas.
–¡Váyanse todos atrás! –gritaron los hombres. Luego, con un cuchillo, intentaron abrir todas las cortinas de las ventanas, pero solo lograron hacerlo del lado izquierdo.
Mientras uno amenazaba al conductor con la pistola en la cabeza, el otro hacía lo mismo con los demás pasajeros con un cuchillo y otra arma hechiza.
En ese momento –no se sabe bien cuál de los dos– pateó a la abogada Anabelle Bolaños, quien se fue como pudo hasta el fondo del bus. Con temor, sus otros compañeros buscaron asientos para estar a salvo.
El bus arrancó y detrás iban las patrullas. Eugenia pensó que todo acabaría cuando llegaran al portón y no lo pudieran atravesar. Pero escuchó decir al hombre con la pistola:
–¡Arranque los portones, usted sale!
El bus atravesó los portones a toda velocidad. Lo que se pensaba que era un intento de escape de dos reos de La Reforma se convirtió en el secuestro de un bus con 14 funcionarios del Ministerio de Justicia dentro. Era el guion de una película de acción, o de horror, se sabrá poco tiempo después.
El cambio de ruta
Johnny Vega tenía 52 años y en el Ministerio de Justicia había trabajado durante los últimos 23. Empezó como agente de seguridad, pero en aquel entonces era uno de los tres conductores de Adaptación Social.
En la mañana del día del secuestro, Johnny le dijo a su esposa, María de los Ángeles Vargas, que iba a cambiar el viaje que le tocaba hacer ese día a Heredia por el recorrido que sacaba a los trabajadores de La Reforma hacia San José.
“Me dijo que lo iba a cambiar porque quería salir temprano, para que fuéramos a comprar el diario”, contó María de los Ángeles Vargas, 24 años después, quien desde pequeña vive en los alrededores de La Reforma.
Desde la casa de sus padres se podían ver con claridad los portones de la prisión. De modo que, cuando se escucharon los balazos, María de los Ángeles se asomó para ver qué pasaba. De pronto miró pasar a toda velocidad el bus al que perseguían las patrullas de la policía. Le iban disparando por todos lados. Aunque vio que Johnny era el conductor porque llevaba una camisa color beige que reconoció, ella quiso creer que no era él.
Secuestradores
Los dos reos que secuestraron el bus fueron Douglas Mojica Chirinos, sentenciado a 45 años de cárcel por violación, y Carlos Saavedra Ballesteros, con una condena de 10 años por robo agravado. Ambos nicaragüenses.
El líder era Mojica, quien se encargó de apuntarle al conductor, Johnny Vega. En tanto, Saavedra era el hombre que amenazaba a los pasajeros con el cuchillo.
Luego de que el bus atravesó los portones, Mojica les gritó a los trabajadores que llamaran a la dirección del penal para que las patrullas dejaran de perseguirlos. El abogado Juan Carlos Castillo, uno de los secuestrados, dijo que iba a llamar, pero –en medio de la tensión, los gritos y el miedo– no podía recordar el número.
Mojica creyó que el abogado solo estaba perdiendo el tiempo, y entonces le dijo a su compañero que lo apuñalara. Saavedra no dudó en enterrarle el cuchillo en la pierna.
Al ver a su compañero ensangrentado, Zamaris Jaén, psicóloga de La Reforma que también iba en el bus, se ofreció a llamar, pero tampoco se sabía el número. Entonces lo hizo a la sede del Ministerio de Justicia en San José. Del otro lado, el funcionario que la atendió estaba al tanto del secuestro, por lo que la empezó a interrogar sobre la situación en el bus.
–Lo único que pidieron estos hombres es que quiten las patrullas, porque si no, van a matarnos a todos –le decía Zamaris al funcionario, que continuaba pidiendo información, hasta que ella dijo que eran dos los secuestradores.
Esto fue suficiente para que Mojica le pusiera un revólver en la frente y le gritara:
–¡Cállese, hijueputa, o la mato!
Zamaris se paralizó y no supo más qué hacer.
El destino de los secuestradores era Heredia, pero, ante los retenes y la persecución de policías, improvisaron un escape por Santa Ana. A partir de entonces, las patrullas abrieron fuego contra el bus para poder frenarlo. No obstante, las balas entraban por todas partes. Todos iban agachados o directamente en el suelo, viendo cómo se abrían los huecos por los costados del bus.
–¡Mae, me pegaron! –le dijo el conductor a Mojica, mientras se agarraba el hombro. El balazo le impactó desde afuera, es decir, desde donde disparaban los policías. Mojica de inmediato cogió a Johnny por el cuello y lo tiró al pasillo para seguir manejando el bus.
Todavía es difícil explicar cómo Mojica pudo conducir el bus si no tenía ninguna experiencia. No solo eso: mientras conducía, disparaba a las patrullas que lo seguían. El oficial Antonio Montero Guevara fue herido por una bala que le rozó el rostro.
Eugenia Sánchez, la secretaria, quiso rezar, pero no pudo acordarse del padrenuestro. Cuando llegaron a Ciudad Colón, las balas finalmente detuvieron el bus. Los secuestradores estaban acorralados, sin salida.
–¡A mí me agarran, pero estos hijueputas (trabajadores) se mueren todos! –gritó Saavedra, mientras disparó a quemarropa contra Johnny, quien iba tirado en el pasillo.
No alcanzaron a disparar a más personas porque, en ese instante, los policías entraron al bus y neutralizaron a los secuestradores. El escape había terminado, pero las secuelas apenas empezaban.
Días posteriores
Los trabajadores fueron trasladados al Hospital de Alajuela, pero ningún funcionario del Ministerio llegó a acompañarlos. En el hospital, priorizaron la atención de los secuestradores que estaban heridos.
“Como no estábamos haciendo nada, entonces cada uno llamó a un familiar o un amigo para que nos llegaran a recoger”, dijo Zamaris Jaén, quien fue evaluada por una amiga que era doctora.
En la noche de ese lunes 14 llamaron a casi todos los trabajadores para que no llegaran a trabajar al día siguiente. Sin embargo, el miércoles 16, la directora de Recursos Humanos de ese tiempo despidió a los 14 funcionarios, incluyendo a Johnny, quien se encontraba internado en el hospital. La justificación del despido fue que no marcaron la salida del lunes (día del secuestro) y no llegaron a trabajar el martes.
Luego de un reclamo grupal al entonces ministro de Justicia, José Miguel Villalobos, todos fueron reintegrados a sus trabajos. Sin embargo, no hubo un protocolo para superar el trauma: terapias psicológicas o psiquiátricas, o alguna medida laboral para acompañarlos.
La única ayuda que recibieron fue de parte de unos estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes les brindaron un par de sesiones de terapia psicológica. A todos, expresamente, les prohibieron hablar con los periodistas.
“Me disparó un compañero”
El único que fue trasladado al Hospital San Juan de Dios fue el conductor, Johnny Vega. Lo operaron de emergencia por el balazo en la ingle. Sin embargo, luego de la operación sufrió una infección y lo volvieron a operar. Se estabilizó unos días, y fue entonces cuando le dijo a su esposa, María de los Ángeles:“Me disparó un compañero”.
Poco después se volvió a complicar y fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos. A la 1:30 a. m. del sábado 19 de octubre llamaron a la casa de María de los Ángeles para informar de que Johnny Vega había muerto.
Johnny y su esposa tuvieron dos hijos que, en ese momento, tenían entre 17 y 18 años de edad. Toda la familia dependía económicamente del salario como conductor de bus y, luego de la muerte, se las tuvieron que arreglar con una pensión de ¢80.000 mensuales.
“Nos quedamos desprotegidos, y los tres empezamos a trabajar”, dijo Johnny Vega Vargas, ahora de 41 años, el menor de los hijos. “Nosotros dejamos los estudios a un lado y mi mamá empezó a limpiar casas para poder generar dinero”, contó.
Lo que más extrañaba, sin embargo, era esperar a su papá afuera de su casa cuando él regresaba de trabajar y las bromas que les hacía a toda la familia.
“Me lo quitaron en un momento complicado para mí”, dijo Johnny, mientras me enseñaba un álbum de fotos de la familia. “Esta foto me la tomaron dos semanas después de que él murió: era mi bachillerato”, explicó.
María de los Ángeles, la esposa de Johnny, nunca volvió a tomar una carretilla del supermercado, porque le recordaba cuando hacían las compras juntos. Como vivían cerca del penal, ella caminaba casi todas las tardes hasta la entrada de La Reforma y se regresaba con él hasta la casa.
Esta cercanía con La Reforma ha sido difícil para ella: las patrullas, los buses y los disparos que en ocasiones se escuchan por las noches todavía la invaden de golpe.
El día que conversamos fuimos hasta el último lugar donde lo vio pasar en el bus la última vez. En las manos, María de los Ángeles tenía lo último de él: una cajetilla de cigarrillos, una almohada, dos relojes y un celular.
24 años sin justicia
Luego de la muerte de Johnny, un grupo de víctimas del secuestro se unió para buscar una reparación del Estado a través de un reclamo administrativo ante el Ministerio de Justicia. Sin embargo, no tuvieron éxito.
En la vía administrativa se llevaron cuatro años y, por esa razón, en 2006 optaron por la senda judicial. El abogado de las víctimas, Alfonso Romero, dijo que la demanda se basaba en que el Estado no garantizó la seguridad de los trabajadores.
“Al haberse quebrantado ese deber de seguridad, las personas que cometieron los hechos pudieron hacerse de armas de fuego para secuestrar el autobús, dispararle al chofer hasta ocasionar la muerte, e hicieron agresiones contra otras personas”, explicó Romero.
El abogado consideró que en este caso no se necesita prueba material, ya que los hechos “son tan groseros” que el sistema jurídico permite que la gravedad del hecho sea la prueba.
La primera sentencia que se emitió el 30 de noviembre de 2008 fue favorable a las víctimas, pero la indemnización era demasiado baja, por lo que todos coincidieron en que se apelara.
La segunda sentencia llegó 12 años después, el 30 de abril de 2020, y nuevamente fue favorable para los demandantes. Sin embargo, la Procuraduría esta vez fue la que apeló. Una tercera sentencia llegó hasta el 8 de abril de 2024, en la que un juez botó todo el caso, argumentando que no se ajustaba al Código Procesal Civil que está en vigencia desde 2008, es decir, dos años después de haber presentado la demanda.
“Esto es una catástrofe administrativa, porque el juez pasó por alto la responsabilidad objetiva del Estado, que es el eje por el cual gira esto”, argumentó el abogado, Alfonso Romero.
Esta sentencia también fue apelada por las víctimas, pero ya llevan más de dos años esperando una respuesta. Es decir, es un caso que ya suma 24 años sin justicia ni reparación.
La Nación consultó al Ministerio de Justicia si los secuestradores Douglas Mojica Chirino y Carlos Saavedra Ballestero continúan en prisión, pero hasta el cierre de esta edición no se ha recibido respuesta.
“Mi mamá no logró ser la misma”
Luis Paulo Bolaños Monge es taciturno, de poco hablar. Usa el pelo y la barba corta, que le dan una impresión melancólica al rostro. Cuando ocurrió el secuestro tenía 14 años de edad, y fue hasta unos años después que se enteró de que su madre, Anabelle Bolaños, abogada de La Reforma, fue una de las más golpeadas aquel día.
La primera vez que hablamos, Luis Paulo dijo que no recordaba mucho de ese día, pero desde que la vio en el hospital, sentada en una silla de ruedas, con la mirada baja y ausente y las manos frías, sintió que algo había cambiado en ella. “Mi mamá era alegre, le gustaba cantar, amaba la Navidad, y todo eso poco a poco lo dejó de hacer”, dijo.
Pocos meses después, Anabelle fue internada por padecimientos psiquiátricos y tuvo un intento de suicidio. Luis Paulo dijo que su madre era apasionada por su trabajo, pero luego del secuestro tuvo una serie de problemas médicos que la mantenían incapacitada.
“Mi madre no logró ser la misma”, dijo Luis Paulo, y contó que a Anabelle le costaba dormir y tomaba muchas pastillas para conciliar el sueño. En ocasiones, pasaba todo el fin de semana acostada en la cama.
Unos días después, Luis Paulo me compartió una carta sobre ideas de su mamá que no pudo expresar de forma verbal. Cuenta que Anabelle trabajó toda su vida en el Ministerio de Justicia, primero como secretaria y luego como abogada, lo cual era admirable, ya que lo hacía en un espacio hostil, lleno de hombres privados de libertad por diferentes delitos.
Según Luis Paulo, la vida de Anabelle era la cárcel: en ese lugar hizo amistades, colegas y hasta mascotas; varios de los gatitos que llevó a vivir a su casa eran de ese lugar.
“Por eso creo que lo que más le dolió fue el abandono y la frialdad con que el Ministerio trató de sacarse el tema lo más rápido posible y sepultarlo para contener el impacto mediático”, escribió Luis Paulo.
Anabelle tenía una sensibilidad especial por las personas en prisión. Para ella, “los reos no eran solo criminales, sino personas, con historias complejas” marcadas por el abuso y el abandono.
Después del secuestro, padeció migrañas, ansiedad, miedo a estar sola o a viajar en bus. La demanda judicial la impulsaba para sentar un precedente que protegiera a futuras víctimas, pese a sentirse cansada y defraudada por la justicia.
En 2017, luego de 14 años de que ocurrió el secuestro, Anabelle se suicidó. Su hijo sostiene que fue a consecuencia del trauma. “Fue traicionada por el sistema al que le dedicó su vida”, escribió Luis Paulo.
El abogado Alfonso Romero dijo que no se pudo hacer la conexión causal entre el fallecimiento y el secuestro porque fue muchos años después, pero “sin duda ella quedó emocionalmente afectada y nunca pudo superar lo que vivió”.
La muerte de Anabelle vinculada al secuestro no está dentro de la demanda porque esto retrasaría aún más el proceso, que ya lleva 24 años, explicó el abogado.
En la casa, en Río Segundo de Alajuela, Luis Paulo mostró unas fotos de Anabelle cuando se graduó de abogada y de celebraciones en la que aparecen juntos. En casi todas aparece sonriente, firme, serena. A él, al fin, se le dibuja una sonrisa. Entonces me dijo que eso es lo que le gustaría compartir para que la recordaran.