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Los derechos de la población LGBTIQ+ en Costa Rica suelen medirse a través de hitos visibles: el matrimonio igualitario, resoluciones judiciales, decretos y políticas públicas que ocupan titulares. Pero fuera de esas victorias o disputas institucionales persiste otra conversación menos evidente y mucho más difícil de medir: la vida cotidiana.
¿Qué significa sentirse seguro en un colegio, encontrar trabajo sin ocultar quién se es, caminar por la calle o publicar en Facebook sin convertirse en objeto de insultos, acceder a salud mental, permanecer en el sistema educativo o simplemente no vivir con miedo?
Para activistas, especialistas y organismos internacionales, esa es la dimensión donde todavía sobreviven muchas de las principales deudas del país con las personas sexual y genéricamente diversas.
Durante las últimas dos décadas, Costa Rica se ha presentado como una de las democracias latinoamericanas con mayores avances jurídicos en materia de reconocimiento de derechos para población LGBTIQ+, especialmente tras el matrimonio igualitario y la implementación de criterios derivados de la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género e igualdad.
Pero al mismo tiempo, informes internacionales y organizaciones locales insisten en que persisten problemas estructurales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, advirtió en 2015, en su informe temático Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) en América que las personas diversas enfrentan formas de violencia marcadas por humillación, exclusión y prejuicio.
Aquel reporte señaló de manera particular la vulnerabilidad de personas trans frente a expulsión familiar, violencia escolar, discriminación y exclusión social desde edades tempranas. Tales condiciones estructurales han cambiado poco en esa década.
El Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 reporta un incremento del 344% en ataques hacia personas LGBTIQA+ en Costa Rica, convirtiéndose en el tipo de discriminación con mayor crecimiento en el país, en un contexto donde se contabilizan más de 2,1 millones de registros de este tipo de manifestaciones.
En ese marco, distintas voces denuncian retrocesos a nivel país.
Un termómetro institucional
Cuando Rodrigo Chaves asumió la presidencia en mayo de 2022 intentó disipar inquietudes sobre el rumbo que tomaría el país en esta materia. En un contexto marcado todavía por la polarización política alrededor de los derechos LGBTIQ+, el mandatario aseguró que no habría pasos atrás y que no se “metería” con esta población.
Ricardo Sossa, excomisionado de Inclusión Social de Casa Presidencial (2022-2024), recuerda aquella promesa como un punto de partida que, a su juicio, terminó lejos de cumplirse. “En una frase lo puedo decir: lo más importante es el total y completo irrespeto a los derechos humanos de las poblaciones vulnerabilizadas en general, incluida la población LGBT”, afirma.
Su lectura no gira alrededor de un solo episodio sino de una acumulación de señales políticas e institucionales. Entre ellas menciona la derogatoria del Decreto Ejecutivo 38.999, que establecía lineamientos para erradicar discriminación hacia población LGBTIQ+ dentro del Poder Ejecutivo y promovía consejos institucionales de sensibilización y acompañamiento; la desaparición de espacios de articulación como el Comité Consultivo Presidencial de Inclusión Social y la eliminación de su propia figura dentro de Casa Presidencial.
También señala decisiones de carácter simbólico que, insiste, no deberían leerse como menores: la omisión de la conmemoración estatal del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia —para cuya organización asegura haber coordinado con instituciones y enviado oficios durante 2024—, la negativa de izar la bandera LGBTIQ+ en Casa Presidencial y otras instituciones que otrora lo hicieron y el retiro de la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo. Aquel evento devino en el despido de Sossa y de la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, hoy diputada oficialista.
Además se dio la salida de Costa Rica de un foro regional LGBTIQ+ de la OEA lo que ocasionó que 28 organizaciones y 51 personas de la sociedad civil manifestaran su preocupación y rechazo ante la decisión.
En una carta pública, estas organizaciones denuncian obstáculos persistentes más allá del debate político coyuntural. Entre ellas señalan rechazos al cambio de nombre de personas trans en el Registro Civil desde 2022, algo que —afirman— impacta acceso a salud, empleo, educación y participación política.
También cuestionan la ausencia de una prohibición expresa de las llamadas terapias de conversión, prácticas condenadas internacionalmente, así como barreras persistentes en salud y educación, retrocesos en Educación Sexual Integral y la eliminación de protocolos contra el bullying en centros educativos.
En salud, alertan sobre estigma, dificultades de acceso y rezagos en la respuesta al VIH. También citaron el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación, junto con la ausencia de datos oficiales robustos pese a recomendaciones internacionales reiteradas.
A ello suma la eliminación de protocolos relacionados con el abordaje del bullying contra estudiantes LGBTIQ+ en escuelas y colegios.
Para Sossa, el deterioro no ocurre necesariamente mediante prohibiciones, sino a través de señales acumulativas. “Las acciones dicen más que las palabras”, sostiene. “Hemos retrocedido unos 20 años en derechos adquiridos en Costa Rica”, afirma.
Más preocupaciones
Durante el último cuatrieno propuestas legislativas que pretendían reincorporar el sexo registral en documentos de identidad —como el expediente 25.513 impulsado por el entonces diputado de Nueva República José Pablo Sibaja— despertaron alarma en sectores activistas, aun cuando se plantearan como opcionales.
Las preocupaciones, sin embargo, van más allá de una sola iniciativa.
Camila Schumacher, activista por la población trans y Premio Mejoras a la Calidad de Vida de los Costarricenses por su trabajo con la fundación Transvida, recuerda como una primera señal la decisión del Instituto Nacional de Seguros (INS), en 2022, de retirar el apoyo que permitía a la organización utilizar una propiedad estatal mediante un convenio firmado durante la administración anterior con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). “Esto se sintió como una forma de rechazo institucional”, asegura.
Schumacher suma además la derogatoria del Decreto Ejecutivo 38.999, la reducción de becas como Avancemos —que, afirma, golpea particularmente a jóvenes trans en contextos de exclusión— y la desaparición de protocolos contra el bullying como otros factores que han afectado a esta población.
Aun así, insiste en que el problema más serio no es una enumeración de decisiones. “No quisiera hacer una lista de actos”, dice. “Lo más peligroso es el entorno que se genera. Todos vivimos un poco peor. La violencia está desatada, en redes, en la calle, y hay una legitimación de eso; de que toda opinión es válida y que si a mí me parece decir algo, lo digo en voz alta aunque sea hiriente o discriminatorio”.
Para explicarlo recuerda un caso que todavía la persigue: un estudiante víctima de una agresión extrema dentro de un baño escolar, donde compañeros lo inmovilizaron, humillaron y grabaron mientras lo atacaban. La experiencia, cuenta, terminó en un intento de suicidio antes de que lograran trasladarlo a otro centro educativo.
“Es muy fácil decir que tienen todos los mismos derechos”, sostiene. “Pero hay un discurso y un entorno que oculta muchas cosas. Eso es muy peligroso porque crece silenciosamente. ¿Qué pasará de ahora en adelante?”.
Con respecto a la postura de la administración de Laura Fernández sobre este tema, se solicitó una posición del Poder Ejecutivo sobre la política que asumirá frente a la población LGBTIQ+, así como el conocimiento de si se designaría a un nuevo comisionado de inclusión social para este cuatrienio, pero al cierre de esta edición no se obtuvo ninguna respuesta.
