El pasado 26 de marzo, el cantautor costarricense Arnoldo Castillo fue nombrado presidente de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM). Cuatro meses después, le ha correspondido liderar un torbellino político.
Desde ataques desde la Asamblea Legislativa, disputas municipales y hasta una iniciativa sobre prohibir el baile en restaurantes y bares después de las 10 p. m... Ha sido un catálogo de debates nacionales a los que ha tenido que pronunciarse.
En conversación con Revista Dominical, Castillo se refiere a esta variedad de temas.
—¿Cómo le explicaría a un ciudadano qué hace ACAM?
—Una sociedad de gestión colectiva reúne a autores y compositores para representarlos y administrar sus obras cuando son utilizadas con fines comerciales. La ley protege a los creadores porque la comunicación pública de sus obras requiere autorización. Como un autor no puede ir individualmente a cobrar por cada uso de su música, esa gestión se hace de manera colectiva, como ocurre en todo el mundo. Nuestro trabajo consiste en representar a los autores, recaudar los derechos generados por el uso comercial de las obras y distribuir ese dinero entre quienes corresponda.
”Desde el momento en que un autor crea una obra adquiere un derecho de propiedad reconocido por la ley y por tratados internacionales. Cualquier utilización de esa propiedad requiere autorización del titular. Hay derechos que pueden gestionarse individualmente, por ejemplo cuando alguien quiere grabar una canción, pero existe otro derecho, el de comunicación pública, que se genera cuando la música se utiliza en establecimientos abiertos al público, medios de comunicación y demás. Ese derecho también requiere autorización y una remuneración.
”Como sería imposible que cada compositor gestionara eso personalmente, nos asociamos. ACAM representa a cerca de 5.000 autores costarricenses y, mediante acuerdos de reciprocidad con sociedades homólogas, también administra el repertorio internacional.
”Existen alrededor de 225 sociedades de gestión colectiva en 110 países, agrupadas en la CISAC, que representan a más de cinco millones de creadores. Gracias a esos acuerdos nosotros cobramos en Costa Rica por autores extranjeros y esas sociedades hacen lo mismo por los compositores costarricenses en otros países. De hecho, ACAM recibe recursos provenientes del extranjero para distribuirlos entre autores nacionales.
”Nada de esto es una invención nuestra. Todo el sistema responde a estándares internacionales, es supervisado por el Registro de Propiedad Intelectual y funciona bajo reglas compartidas con las demás sociedades del mundo. Al país le sirve porque significa gran movimiento de economía y de impuestos. Y al país no le sirve quedarse sin esa ganancia.
—¿Cómo era el ecosistema musical antes de la creación de ACAM?
—”Los fundadores fueron personas como William Porras, Carlos Guzmán y Ricardo Sáenz, entre otros, que buscaron actualizar a Costa Rica dentro del sistema internacional de gestión colectiva.
”Antes el derecho existía en la ley, pero no existía un mecanismo efectivo de gestión colectiva para administrarlo. La gente entiende que cuando llena un carrito en un supermercado debe pagar por lo que lleva, pero la música es intangible y muchas personas creen que puede utilizarse gratuitamente.
”Detrás de cada canción hay años de estudio, producción, trabajo creativo, ingenieros de sonido, inversión y una vida dedicada a crear. Todo eso merece reconocimiento.
”Costa Rica ya tenía legislación sobre derechos de autor desde 1961 y la ley vigente es de 1982, pero el sector no estaba organizado. ACAM nació hasta 1990, ocho años después de la aprobación de esa ley.
”En otros países existen sociedades de gestión desde hace más de dos siglos. Nosotros llegamos tarde. Desde el principio hubo resistencia al pago por el uso de la música. Siempre aparecía la pregunta: “¿Por qué tengo que pagar por poner música?”. Esa resistencia ha sido constante, aunque con el tiempo se ha logrado consolidar el sistema. Sin embargo, estos derechos nunca están libres de intentos de retroceso, y eso es precisamente lo que hoy estamos tratando de evitar.
—Hay quienes le bajan el tono a la importancia de los derechos de autor…
—Esto es un derecho humano reconocido internacionalmente. Son una creación de la modernidad para reconocer que la creación intelectual también es trabajo. Del mismo modo que alguien trabaja en una mina o en una fábrica, un compositor trabaja creando una obra que luego será aprovechada por otros.
”Existe un valor jurídico, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de los creadores a beneficiarse de la protección de sus obras. También existe un valor económico: la economía creativa depende de que ese trabajo sea remunerado. Sin derechos de autor no existiría un incentivo para seguir creando.
”También hay un enorme valor cultural. Nosotros no fabricamos objetos; construimos cultura. Somos quienes inspiran, crean identidad y dejan un legado. Siempre he dicho que un país que no protege a sus creadores no puede tener éxito; difícilmente podrá aspirar al desarrollo. Los países que protegen la propiedad intelectual son los que lideran la innovación.
”Costa Rica ha firmado 18 tratados de libre comercio y en todos la propiedad intelectual ocupa un lugar central. Nuestros derechos están protegidos por la legislación nacional y por compromisos internacionales.
—El diputado José Miguel Villalobos ha dicho que ACAM tiene un “modelo perverso”. ¿Cómo recibe esas declaraciones?
”Me entristecen. Creo que parten de información incompleta sobre cómo funciona el sistema que a un conocimiento real de lo que hacemos. Siempre hemos estado disponibles para reunirnos y explicar nuestro trabajo... Nunca nos ha escuchado ni conoce en detalle. Es difícil aceptar críticas tan fuertes cuando parten del desconocimiento.
”Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Me encantaría sentarme a tomar un café con él y explicarle que detrás de ACAM hay familias, microempresarios, personas que producen cultura y también generan actividad económica e impuestos para el país.
”No creo que el objetivo de un gobierno sea perjudicar a un sector que aporta cultural y económicamente. Por eso pienso que la conversación debería ser mucho más seria, respetuosa y basada en información.
”Nosotros siempre hemos comunicado lo que hacemos, aunque probablemente no de la forma más efectiva. Cada proceso electoral nos reunimos con actores políticos e instituciones para explicar nuestro trabajo. Esta coyuntura nos obliga a aprovechar espacios como este para aclarar cómo funciona la gestión colectiva, por qué existen las tarifas, cómo se recauda y cómo se distribuye el dinero.
—¿Qué autocrítica hace ACAM ante el malestar de un sector de la población?
—Quizá nosotros mismos no hemos explicado suficientemente bien cómo funciona la gestión colectiva, cómo recaudamos, cómo distribuimos los recursos o cuáles beneficios sociales y culturales genera ACAM. Esa es una tarea pendiente que debemos asumir y desde ya estamos haciendo campañas promocionales, videos, impactando en redes. Vemos estos debates como una oportunidad para dar a conocer lo que hacemos.
—¿Cómo se calculan las tarifas que cobra ACAM?
—La Ley de Derechos de Autor establece que al afiliarse a ACAM, el autor delega esa administración a la Asociación; Cuando los autores se asocian a ACAM, nos delegan la administración de esos derechos, incluido el establecimiento de tarifas. Las metodologías utilizadas siguen criterios internacionales. En Costa Rica se utiliza un modelo desarrollado originalmente en México, que toma en cuenta variables objetivas.
”No se cobra igual a todos. Se considera el tipo de establecimiento —cafetería, restaurante, gimnasio, farmacia, bar, salón de baile, entre otros— y la importancia que tiene la música dentro de esa actividad. Hay negocios donde la música es accesoria, otros donde es necesaria y otros donde resulta indispensable para la experiencia del cliente. También se toma en cuenta la capacidad del local y otros indicadores económicos. Además, las tarifas costarricenses están entre las más bajas de la región.
”Del monto recaudado, el 66% corresponde a ACAM y el 34% restante se distribuye entre AIE y FONOTICA, porque la licencia cubre todos los derechos involucrados: autores, intérpretes y productores fonográficos. Nosotros funcionamos como una ventanilla única. Si cada organización cobrara por separado, sería mucho más complicado para los usuarios.
—¿Cómo logra ACAM hacer el cobro a tantos establecimientos?
—Existe un departamento especializado en gestión de usuarios. Muchísimos negocios ya conocen la obligación y se acercan voluntariamente para regularizar su situación. También existe un registro de usuarios y un seguimiento administrativo para quienes tienen pagos pendientes. Es una operación grande, pero bastante organizada. ACAM simplifica la vida del usuario al otorgar una sola licencia que cubre el repertorio administrado mediante convenios de representación recíproca.
—¿Cuál es la posición de ACAM sobre la eliminación del requisito relacionado con las municipalidades?
—Históricamente la Sala Constitucional, ha sostenido que el Estado tiene el deber de proteger los derechos de autor, y eso incluye a las municipalidades. Aunque se derogó una disposición reglamentaria, el artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor permanece vigente. Además, el Código Municipal establece que las municipalidades deben verificar que las actividades autorizadas cumplan la ley.
”Cuando un negocio comunica obras musicales sin autorización incurre en una infracción prevista por la legislación nacional. Por eso consideramos que las municipalidades siguen teniendo un papel importante en garantizar seguridad jurídica tanto para los titulares de derechos como para los usuarios de la música.
”Nos preocupa que este debate se esté utilizando políticamente, porque se transmite el mensaje de que eliminar un requisito administrativo elimina también el derecho de autor, y eso simplemente no es cierto.
—¿Qué posición tiene ACAM sobre la intención de restringir la vida nocturna en San José?
—Siempre vamos a defender al sector artístico. Detrás de cada presentación hay familias, inversión y proyectos de vida.
”Este tema no forma parte directamente de la gestión colectiva que realiza ACAM, pero somos solidarios con músicos, establecimientos y organizadores. Esperamos que se encuentre una solución equilibrada para todas las partes.
”Todos formamos parte del mismo ecosistema cultural: artistas, locales, instituciones públicas y público. El derecho a participar de la vida cultural también está reconocido como un derecho humano. Lo importante es encontrar reglas claras que permitan la convivencia entre la actividad cultural y el derecho al descanso de los vecinos.
”Existen modelos en otros países donde conviven bares con música en vivo y zonas residenciales. Es posible regular sin eliminar la actividad cultural. Queremos la sana convivencia y, por supuesto, que siempre se respeten los derechos de propiedad intelectual. La música tiene autor. Y donde hay autor, hay derechos".