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Costa Rica rara vez ha vivido la tensión actual entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; mucho menos ha sido un tema tan dominante de los primeros 100 días de un gobernante. Tan inusual es la situación que, el 10 de agosto, 34 organizaciones internacionales expresaron “preocupación” por lo que consideran señales de deterioro de la independencia judicial y de la institucionalidad democrática en Costa Rica.
El pronunciamiento fue impulsado por organizaciones de diferentes países, como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Civicus, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Para comprender por qué vieron necesaria esta intervención, Revista Dominical conversó con la presidenta de WOLA, Carolina Jiménez Sandoval.
— ¿Cómo llegaron a la conclusión de que tenían que pronunciarse respecto a la independencia judicial de Costa Rica, el respeto a la institucionalidad y a la democracia?
— Diversas organizaciones internacionales hacemos un monitoreo sobre indicadores democráticos y de respeto, protección y garantía de derechos humanos en la región.
“Usualmente cuando hablamos de Centroamérica, el Triángulo Norte resalta mucho, ¿no? El Salvador, Honduras y Guatemala son países que se siguen muchísimo desde hace años y, por supuesto, Nicaragua, que tristemente se reconoce como el Estado, tal vez, con el gobierno autoritario más consolidado de América Latina.
“Costa Rica, por su parte, ha sido siempre vista como la democracia más estable. Y siempre se reconoce en América Latina a Uruguay y Costa Rica como las democracias plenas del hemisferio.
“Pero de un tiempo para acá hemos visto con preocupación que hay alertas sobre Costa Rica. Una de las alertas principales que vimos hace poco fue, obviamente, el deterioro en los temas de libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras alertó sobre la caída de Costa Rica, que en 2021 estaba en el puesto cinco sobre libertad de prensa y baja al puesto 38 en cinco años.
“Y eso es una alerta inmensa para cualquier país democrático. Que un país caiga tantos puestos es algo que tiene que convocar no solo a nivel nacional una reflexión, sino que a nivel internacional empieza a levantar alertas.
“Ya habíamos notado en el gobierno del presidente Chaves una narrativa bastante preocupante, no solo hacia los medios de comunicación, de mucha deslegitimación, sino también hacia el Poder Judicial.
“Ya de por sí estábamos muy preocupados porque la Asamblea Legislativa se rehusara a cumplir con su obligación constitucional de nombrar a los magistrados suplentes, rechazando las listas porque no está de acuerdo con los nombramientos.
“Lo que sentí fue una profundización de la narrativa deslegitimante cuando la presidenta dice: ‘Estos son unos golpistas’, cuando los magistrados tratan de solucionar el vacío de la operatividad y prorrogan la función de los magistrados suplentes.
“Creo que hay momentos en que las narrativas deslegitimantes de los líderes en el poder cruzan líneas rojas. Cuando uno tiene a las máximas autoridades acusando a quienes lideran el Poder Judicial de golpistas, estamos ante una situación muy grave.
“Entonces, sentimos la necesidad de expresarnos internacionalmente y de hacer una alerta y un llamado al Gobierno costarricense: uno, a que detenga la narrativa que deslegitima al Poder Judicial, porque eso genera un efecto multiplicador. Eso genera que la población deje de confiar en uno de los poderes públicos. Pero, además, también tenemos que hacer un llamado a que el Poder Legislativo cumpla con su rol constitucional y acepte nombrar a los magistrados suplentes, porque eso es necesario para que el Poder Judicial pueda funcionar correctamente”.
— Para hacer este pronunciamiento analizaron los hechos y la negativa del Congreso de nombrar magistrados suplentes. ¿Se fundamentan estos llamados de “golpistas” desde el Ejecutivo a la Sala Constitucional?
— Mire, el Poder Judicial tiene que operar por una razón fundamental: sirve a la ciudadanía. Toda ciudadanía, en cualquier país, necesita de un Poder Judicial operativo. Y vamos a estar de acuerdo en que, en cualquier país, ningún Poder Judicial es perfecto. Siempre puede mejorarse, pero tiene que ser operativo, tiene que funcionar.
“Cuando una población, cuando un ciudadano o una ciudadana va al Poder Judicial a colocar una denuncia, a empezar un juicio o a que atiendan sus demandas, necesita respuestas. Cuando no hay funcionarios que puedan atender sus demandas, el Judicial deja de ser operativo y, al dejar de serlo, se afectan los derechos de los ciudadanos.
“Entonces, que la Asamblea no estuviese respondiendo a la necesidad de nombrar a los magistrados suplentes terminaba traduciéndose en una parálisis del Poder Judicial, porque eso es lo que estaba pasando. Por eso es que los magistrados responden a un amparo.
“Efectivamente, se estaban acumulando denuncias, acumulando trabajo y eso, al final del día, redunda en una parálisis que afecta a la ciudadanía, a los derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? Responde a una demanda, responde a la necesidad de la ciudadanía de que no esté paralizado el Poder Judicial.
“No nombra, no incurre en la responsabilidad del Poder parlamentario. No nombra a los magistrados. Prorroga a los actuales mientras el Legislativo cumple con una función que hasta ahora se ha negado a cumplir. Entonces no está asumiendo el rol del otro poder.
“(...) Uno hubiese esperado a una presidenta o a su superministro hacer un llamado a la Asamblea y decirle, ‘Por favor, nombre a los magistrados, porque la ciudadanía necesita un Poder Judicial presente, operativo y funcional’”.
— Las señales se han acumulado a lo largo del tiempo, pero, ¿por qué deciden emitir el pronunciamiento ahora? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso?
— Todos los países son distintos y yo no voy a decir que Costa Rica es Nicaragua, que Costa Rica es Venezuela o que Costa Rica es El Salvador.
“Pero las referencias históricas y de otros países son importantes porque nos llevan a ver los patrones que se pueden repetir en otros contextos.
“Si algo hemos documentado en nuestro trabajo hemisférico es que la cooptación del Poder Judicial, el quiebre del Poder Judicial, es siempre uno de los principales indicadores del avance de los proyectos autoritarios en cualquier país.
“En Venezuela, Hugo Chávez decretó el Poder Judicial en emergencia. Posteriormente, lo que hizo fue cambiar el Tribunal Supremo de Justicia, que tenía, creo que en ese momento, 20 miembros, a 32, y lo que hizo fue llenar el Poder Judicial con sus aliados, militantes de su partido.
“De allí en adelante cooptó totalmente el Judicial, porque ese Tribunal Supremo de Justicia luego creó comisiones para purgar al resto del Poder Judicial y el 80% de los jueces en Venezuela son provisionales. Entonces es muy difícil que legislen en contra del Estado, ¿no?
“Pero hay que ir más al fondo. En Venezuela, eventualmente, la rama judicial no solamente decide a favor del Estado: la rama judicial se convirtió en un brazo represivo del Estado. Y esto está plenamente documentado. Pero en un país en donde se cometen crímenes de lesa humanidad como Venezuela, hay que ver en lo que se convirtió el Poder Judicial. Cuando Chávez avanza en el desmantelamiento del sistema democrático venezolano es justamente cuando cuando coopta al Poder Judicial.
“¿Qué tenemos en El Salvador en el 2021? El despido exprés de los cinco magistrados de la Sala Constitucional, el despido del fiscal general. Inmediatamente después de que los despide de manera exprés la Asamblea, obviamente controlada por el partido Nuevo Ideas (oficialista), nombra inmediatamente a otros magistrados.
“¿Y qué es lo que hacen? Son los primeros en reinterpretar la Constitución, lo que le permite la primera reelección al presidente Bukele. Posteriormente, pasan otras leyes que afectan al Poder Judicial, que les pide a todos los jueces que se retiren si tienen más de 60 años y eso básicamente purgó a un tercio del Poder Judicial.
“Entonces, también podemos decir que el Poder Judicial de El Salvador está cooptado. En ambos casos, lo que uno ve es que la cooptación o el quiebre del Poder Judicial ha sido clave para el desmantelamiento del sistema democrático.
“Entonces, cuando uno ve un país como Costa Rica, que tiene una amplia historia de solidez democrática, tambaleando en cuanto a su relación y a su reconocida separación de poderes, hay que emitir una alerta, porque esta pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Costa Rica es muy preocupante”.
— El expresidente Rodrigo Chaves dijo en campaña una frase que se ha repetido mucho: ‘Ya tenemos el poder Ejecutivo, ahora tenemos el Legislativo, vamos por el Judicial’. En los ejemplos que usted cita y los casos de estudio que han podido, ver pareciera que el Poder Judicial es la última línea de defensa de la democracia...
— Efectivamente, porque el Poder Judicial siempre tiene a cargo la interpretación de la Constitución y las leyes. El Poder Ejecutivo obviamente lo controla quien quiere implementar el proyecto autoritario. El Poder Legislativo probablemente lo tiene en mayoría el partido de quien quiere implementar el poder autoritario. El Poder Judicial se erige como quien interpreta las leyes y usualmente la Constitución, que podría poner freno a ese avance de ese poder autoritario.
“Es por eso que es tan importante mantener una separación de poderes y mantener un Poder Judicial autónomo y es por eso justamente que todos los autoritarios saben que cooptar ese poder, debilitarlo, o en todo caso, deslegitimarlo es parte de ese proyecto autoritario.
“Lo que veo en Costa Rica es ambas cosas. Primero, la narrativa deslegitimante. Hace poco veía al expresidente Rodrigo Chaves llamarles ‘filibusteros’ a los magistrados. La cantidad de insultos hacia los magistrados es tremenda. Es una total pérdida del respeto mínimo que tiene que privar entre líderes del Poder Ejecutivo y magistrados, jueces, fiscales y otros miembros del Poder Judicial.
“Hay un proceso constante de demonización hacia el Poder Judicial. La parte narrativa es claramente una táctica de esa estrategia. Luego, me queda claro que hay una táctica de asfixia presupuestaria. El presidente de la Corte Suprema de Costa Rica hablaba recientemente de que les quieren reducir en un 42% su presupuesto. Obviamente, eso es una manera de debilitar al Poder Judicial, de promover la parálisis.
“Y eso va a hacer que se afecten juicios, se afecte toda la posibilidad que tiene el Poder Judicial de llegar a las regiones, etcétera. Eso va a terminar haciendo que el Judicial tenga mucho menos efectividad y, por lo tanto, que haya una ciudadanía molesta con ellos.
“Lo último es, claramente, evitar los nombramientos clave. Entonces, sí es muy preocupante que pareciera haber una estrategia armada de parte del Poder Ejecutivo para romper con ese principio de separación de poderes, que ha sido, a través de los siglos, un pilar de todo sistema democrático, no solo en América Latina, sino en otras regiones del mundo”.
— En este caso, el pronunciamiento que hicieron las 34 organizaciones, ¿en algún momento tuvo alguna conexión con alguien que lo pidiera desde Costa Rica?
— No, en lo absoluto. Las organizaciones que estamos allí hablamos con la sociedad civil de la región. (...). Cuando hicimos ese comunicado no habíamos hablado... si la pregunta es sobre si teníamos algún contacto con políticos costarricenses que nos pidieron que hiciéramos ese comunicado, no es así. Nosotros hicimos un comunicado basado en nuestro monitoreo internacional sobre situación de derechos humanos y gobernabilidad democrática en Centroamérica.
— Desde el contexto en el que WOLA trabaja, ¿también ha sido noticia todo lo que ocurre en Costa Rica?
— Justamente eso es parte de lo que estamos intentando hacer: visibilizar la crisis en la que está ahora inmersa la democracia de Costa Rica, justamente porque es algo casi sin precedentes.
“Desgraciadamente, si uno ve América Latina, y especialmente América Central, como un vecindario, pues en el vecindario hay países que están tan gravemente enfermos que Costa Rica se ve como una democracia muy sana. Entonces, tiende a ser ignorada, a pesar de que, como todo país, tiene muchos problemas. Tampoco es que el país no haya tenido problemas durante su historia.
“Pero ante el declive autoritario de El Salvador, la inmensa represión que se ha vivido en Nicaragua en los últimos años y los casos de inestabilidad política en Guatemala y Honduras, pues obviamente se ve con unos indicadores muy saludables.
“Esto que está sucediendo en Costa Rica ha prendido unas alarmas enormes. Debo, además, agregar que el plantón ciudadano sí fue una noticia internacional importantísima. Estamos acostumbrados a protestas en América Latina, sin duda alguna, pero las protestas en América Latina suceden porque la ciudadanía está terriblemente harta de la inseguridad, de la inflación o de algún escándalo de corrupción inmenso. Pero yo tengo que sentarme a pensar cuándo vimos una protesta en América Latina para salvaguardar al Poder Judicial.
“Y mucho más una protesta multitudinaria. Creo que ese ejercicio ciudadano que vimos en Costa Rica fue, primero, muy inspirador. Pero también, justamente por lo inspirador, fue noticioso.
“Una ciudadanía que se moviliza para decir que no: nadie niega que la presidenta fue electa de una manera democrática, pero no fue un cheque en blanco lo que se le dio a la presidenta. La popularidad no implica que la ciudadanía esté dispuesta a perder el balance de poder que debe existir en todo sistema democrático.
“Entonces, sí creo que se han encendido las alarmas y, de nuestra parte, hay un total compromiso a seguir levantando la voz porque tenemos, insisto, otros ejemplos en la región que hay que evitar. Lo importante de las alertas tempranas es eso: nosotros, en la sociedad civil, lo que queremos evitar es ser médicos forenses”.
