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Desde que sus padres la abandonaron cuando era una niña, Daniela vivió intermitentemente en distintos albergues de San José. A sus 15 años conoció a un hombre, que entonces era mayor de edad, y se hicieron novios.
A los meses quedó embarazada y el papá de su bebé le ofreció vivir en la misma casa. Le pareció lo mejor, porque quería que creciera en una familia, pero después del parto su suegra la llevó a Jacó, en Garabito de Puntarenas, sin explicarle que la explotaría sexualmente.
“Me dijo que él no me iba a dar nada (de dinero), que tenía que trabajar”, recuerda Daniela.
Y de lo que ganaba al acostarse con centenares de hombres, su suegra se llevaba una alta porción. Le dejaba lo mínimo para el hospedaje y alimentación, y le exigía más para el bebé, que seguía viviendo en la capital.
Cuando ahorró lo suficiente para abandonar la zona costera, Daniela vio una “salida” en la Gran Área Metropolitana, pero allí no estaba exenta de la violencia.
El precio de la humillación
Fiorella, una trabajadora sexual oriunda de un barrio capitalino, recibió una invitación de una amiga para “hacer buena plata” en Jacó. Le dijo que solo ocupaban quedarse tres días para obtener ganancia y, si no podían todas las semanas, les bastaría con viajar las quincenas.
Sonaba provechoso y superior a cualquier otra dinámica de comercio sexual de Costa Rica: si una mujer hace $1.000 la noche, y al menos 500 trabajan en el sitio, en Jacó se puede mover, como mínimo, un millón de dólares entre sábados y domingos.
Pero aún frente a esos números, Fiorella decidió apartarse de la zona tras vivir el crimen en carne propia.
“Ahí por cualquier cosita se prende. Si usted no conoce la zona y no conoce gente ni nada, mejor ni se arrime, porque es peligroso”, cuenta. “Uno no puede llegar de entrada, porque si no le pegan a uno, la verdad es eso. Le pegan y lo echan”.
En 2025 se cometieron 51 asaltos y ocho homicidios en Jacó, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Una de las víctimas mortales fue amigo de Fiorella.
Raquel, otra trabajadora sexual, también dejó de viajar a Jacó por cuestiones de seguridad. Acostumbraba quedarse por tres meses, con un estadounidense que le pagaba por servicios sexuales, hasta que la violencia se puso “insoportable”.
Y aunque ya no frecuenta Jacó, es una de las muchas mujeres que han sido víctimas de coacción en la capital.
“Terminamos lo acordado y entonces él me encañonó aquí (la frente). Él vivía en un apartamento y yo le dije ‘si me va a matar por ¢25.000, se va a pegar el hueco de que suene el disparo y deshacerse de mi cuerpo, es problema suyo’. Luego como que el mae reaccionó y yo salí, pero de la casa hasta la calle yo iba caminando y sentía que en cualquier momento me daban por la espalda, yo sentía el disparo”, relata.
“Las chicas caminan por las piscinas semidesnudas y los clientes llegan, las escogen, se las llevan para la habitación, les pagan lo acordado y eso sería”, relata Xiomara, quien ejerció comercio sexual en Jacó. “Es un mercado de carne viva”.
Hombres ‘actúan como sus dueños’
Greta, quien por 40 años se dedicó al trabajo sexual -en su mayoría en la zona roja de San José-, añade una anécdota de violencia sexual.
Recuerda que, a sus ventitantos años, un cliente la llevó al tercer piso de un local prácticamente desalojado. Una vez que se aseguró de que nadie la pudiera escuchar, le robó, le pegó, la ahorcó y la violó.
Y aunque una mujer puede obtener $1.000 por noche al prostituirse en zonas como Jacó, sigue siendo quien menos gana dentro del engranaje del comercio sexual, del cual sacan provecho los vendedores de estupefacientes y dueños de hostelería.
Además, conforme el tiempo les ensancha las arrugas, las mujeres se ven desplazadas fuera de los puntos turísticos. Según cuenta Greta, la zona roja ahora es el paradero de las trabajadoras sexuales mayores de 35 años que ya no logran “competir”.
Y mientras la nueva generación puede conseguir clientes por redes sociales, las mayores se quedan en esas cuarterías insalubres donde las sábanas no se lavan entre rondas, obligadas a enjuagarse la vagina con una vasenilla.
Por lo general cobran ¢10.000 por el servicio y, para ganarse un poco más de dinero, algunas toman extras. “Eso es que piden más por hacerlo sin condón o por detrás”, cuenta Raquel, quien también frecuenta la zona roja.
Otras mujeres, que sobrepasan los 50 años, cobran ¢5.000 por hombre.
“Una vez que ellos te pagan, actúan como que son tus dueños, tenés que hacer lo que ellos digan (...). Las golpean, las insultan, las queman, básicamente lo que ellos quieran”.
— Fuente que trabaja con víctimas de turismo sexual en Costa Rica
A ello se le suma la exposición a enfermedades de transmisión sexual. Greta, por ejemplo, tiene sífilis controlado, padeció papiloma humano y en una ocasión se le formó una bacteria en su cuello uterino que le tuvieron que remover quirúrgicamente.
Y cuando tratan de romper el ciclo de explotación -que en la mayoría de casos viene desde la infancia, como le ocurrió a todas las mujeres entrevistadas para este reportaje- a las trabajadoras sexuales se les tacha de “vagabundas”.
Para conseguir una reinserción social exitosa, muchas tienen que alejarse de sus abusadores, que pueden ser familiares, y asegurarse de poder mantenerse a ellas mismas y a sus hijos.
En los centros de salud las discriminan cuando dicen que son trabajadoras del sexo y su reputación hace que se les nieguen trabajos en tiendas de ropa, fábricas, restaurantes. “No nos ven igual”, dice Greta.
“La mayoría lo hacemos por necesidad. No tenemos estudio, tal vez hemos tenido una infancia, una vida, una juventud difícil. Son muchos factores”, agrega Fiorella.
Y dentro de esa cadena, las más estigmatizadas son las mujeres transgénero y transexuales, que además de ser discriminadas por dedicarse al comercio sexual, son juzgadas por su identidad.
“Si no hubiera clientes no habrían prostitutas. Estos hombres definitivamente se alinean a a sostener todo este sistema de violencia”
— Carol Ma, directora de Casa Mint
Preferencia de norteamericanos
Por lo pronto, Jacó sigue siendo uno de los sitios preferidos de los estadounidenses y canadienses para el turismo sexual, según comentan en distintos sitios de Internet. Así ha sido por al menos cuarenta años, ya que acá encuentran escueta legislación -a comparación con sus países de origen- y numerosas mujeres con cédulas falsas.
Mirabel, vecina de Jacó que trabaja en este sector, explica que algunas “agencias” de turismo les colaboran antes de que aterricen en Costa Rica. “Te mandan un catálogo, como decirte un PDF, donde tienes las fotos de las chicas con sus respectivos precios y servicios. Nada más seleccionas y cuando llegás a tu hotel, haces check-in y ya tenés todo servido”, explica Mirabel.
Si bien la prostitución no es un delito en Costa Rica, sí lo es el proxenetismo, el cual está castigado con dos a cinco años en prisión. Por su parte, la explotación sexual infantil está penada con cuatro a diez años cuando se trata de relaciones sexuales o eróticas remuneradas con menores.
