El “modelo Bukele” aplicado por el presidente de El Salvador para contrarrestar la inseguridad y la violencia provocada por las pandillas ha sumado seguidores en todo el mundo.
Mandatarios y ministros de toda Latinoamérica han intentado emularlo, construir grandes cárceles y aplicar regímenes de excepción.
Sin embargo, la propuesta de Nayib Bukele viene acompañada no solo de una reducción de la criminalidad, sino también de una larga lista de presuntos abusos y violaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Así lo determinó un estudio realizado por el Grupo de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en El Salvador (Gipes).
El informe, publicado en marzo, concluyó que el gobierno de Bukele ha cometido graves violaciones de derechos humanos, que incluyen torturas, encarcelamientos, asesinatos, violencia sexual, desaparición forzada, persecución y muchos otros abusos.
Las víctimas de estos atropellos no han sido solo los delincuentes y pandilleros: más de 90.000 personas han sido detenidas, y el gobierno reconoció que al menos 8.000 de ellas eran inocentes.
Susana SáCouto es una de las investigadoras del Gipes que apuntó hacia la comisión de crímenes de lesa humanidad bajo el “modelo Bukele” que muchos otros países desean importar.
“La diferencia entre un delito común y los crímenes de lesa humanidad es que un delito común se investiga caso por caso, pero los crímenes de lesa humanidad abarcan hechos en conjunto, son producto de algo organizado, hay una política de fondo”, explicó a La Nación.
A lo largo de un año, los investigadores consultaron cientos de documentos, declaraciones del gobierno, informes de organizaciones no gubernamentales, audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y testimonios de víctimas.
Todo apuntó hacia una sola conclusión: las violaciones de derechos humanos en el gobierno de Bukele no son hechos aislados. Al contrario, es una política de Estado impulsada bajo el amparo de un régimen de excepción que se ha prorrogado 53 veces.
“Encontramos que han habido más de 400 muertes bajo custodia, más de 500 desapariciones forzadas y centenas de denuncias de otros abusos, de tortura, de otros actos inhumanos. 8.000 personas detenidas sin fundamento, no una o dos, ¡ocho mil! Eso es algo generalizado y sistemático", apuntó SáCouto.
La investigadora portuguesa descartó otro mito instaurado por los defensores del “modelo Bukele”: que la represión y las violaciones solo afectan a los delincuentes. Esto, destacó Gipes, es falso.
“En El Salvador hay dos sistemas de justicia, uno para los leales al poder, y otro para los ‘enemigos’, y en esa categoría cualquiera de nosotros puede caer. A muchas personas las detuvieron no por vínculos con pandillas, sino por su apariencia, por dónde vivían, por vínculos sociales, familiares o comunitarios. Vimos policías o militares que arrestaban a gente por estar en un vecindario en particular”, aseveró la especialista.
“Entonces, cualquier persona puede ser detenida y procesada en ese segundo sistema de justicia”, agregó.
El informe también señaló sobre la captura de cientos de niños durante los arrestos masivos.
“Las medidas que se usaban para detener pandilleros fueron progresivamente usadas para detener a los que son considerados opositores por el gobierno: periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos y hasta personajes públicos. Puede ser cualquier persona, ese riesgo existe”, detalló SáCouto.
Además de formar parte de Gipes, SáCouto dirige la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra de la Facultad de Derecho de la American University, ubicada en Washington, Estados Unidos.
La investigadora visitó Costa Rica para exponer los hallazgos del informe y advertir sobre los costos reales del “modelo Bukele” que otros países quieren emular.
Además, alertó que el deterioro democrático en El Salvador se dio en etapas, y empezó con el ataque al Poder Judicial.
“Hubo preparativos, no empezó con el estado de excepción. Antes de eso hubo una serie de medidas tomadas por el gobierno, como la destitución de los magistrados de la Corte de lo Constitucional y del Fiscal General.
”Vimos el estado de excepción prorrogado 53 veces, vimos también la presencia de las Fuerzas Militares en cercos policiales donde se hacían detenciones masivas. Todo eso muestra organización, planificación, hay una política de Estado, no es aislado”, explicó SáCouto.
Junto a la investigadora portuguesa también visitó Costa Rica Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, una organización internacional que busca la rendición de cuentas por crímenes internacionales.
Jovtis manifestó su preocupació de que otros países, incluido Costa Rica, consideren que los métodos aplicados por Bukele son viables.
“Me preocupa la promoción del ‘modelo Bukele’ como exportable, como si trajera soluciones. No se habla de cuál es el preico que se está pagando por esa baja inseguridad y se plantea una disyuntiva falsa de ‘o estás con las pandillas o estás con la seguridad’.
”Nadie discute la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos, he visitado El Salvador varias veces y he visto lo que sucedía, nadie discute eso. Acá el tema es cuál es el precio que se está pagando, y de eso no se habla”, criticó Jovtis.
“Nunca el precio de la seguridad puede ser la comisión de graves violaciones de derechos humanos y si, como en este caso, son sistemáticas y generalizadas, es porque responden a políticas de Estado. Ante ese escenario, hay que plantear sobre la mesa que el ‘modelo Bukele’ no solo no es importable, sino que hay que combatirlo”, dijo Jovtis tajantemente.
SáCouto concuerda con Jovtis en que algunos líderes políticos solo quieren ver “lo bueno” de la propuesta impulsada por Bukele, como la disminución de la violencia y la construcción de cárceles.
¿Y si se agarra ese modelo, se toma solo “lo bueno” y se descartan las arbitrariedades? “No funciona así”, respondió SáCouto.
“Sabemos que en la región y en otras partes del mundo el uso de recursos militares y fuerzas armadas para intervenir la política de seguridad pública termina en violaciones graves de derechos humanos.
”Brasil, Argentina, Chile... tenemos una enorme cantidad de ejemplos donde el uso recurrente o prolongado resulta en violaciones, y en El Salvador llevamos más de cuatro años”, agregó.
“Cuando el poder tiene la decisión de quién es leal y quién es enemigo, y no hay una revisión individual de las pruebas, cualquiera está expuesto a ese riesgo”, concluyó la investigadora.
En caso de ser finalmente catalogadas por la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad, las acciones perpetradas por el gobierno de Nayib Bukele no prescriben.
Es decir, el mandatario y sus allegados podría ser investigados y condenados en cualquier momento del futuro.
Además, podrían girarse órdenes internacionales de detención, como ocurrió con Nicolás Maduro en Venezuela.
