El llamado modelo Bukele tiene deslumbrados a sectores y actores estatales y no estatales, tanto en América Latina como fuera de la región. Sin embargo, cuando quienes estudiamos estos fenómenos relacionados con la calidad de la democracia profundizamos en las razones de ese atractivo, identificamos un desconocimiento general –inclusive por parte de la presidenta Laura Fernández– sobre el verdadero trasfondo del llamado modelo Bukele: sus antecedentes, cómo surgió esa denominación y cuáles han sido sus implicaciones para la vigencia de la democracia y el Estado de derecho en El Salvador.
Antecedentes de las pandillas
El Salvador vivió una cruenta guerra civil entre 1980 y 1992, que dejó miles de muertos, desaparecidos y desplazados, muchos de ellos hacia Estados Unidos. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en 1992, pusieron fin al conflicto armado, dieron origen a la Policía Nacional Civil y transformaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en un partido político.
Las pandillas locales en El Salvador surgieron en los años 70. Tienen raíces sociales estructurales y evolucionaron hacia formas cada vez más criminales y violentas. Dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que sus causas respondían a múltiples factores de riesgo desatendidos por el Estado, así como a las secuelas de la guerra y la pobreza.
La Mara Salvatrucha (MS) y Barrio 18 (18) surgieron en las calles de Los Ángeles y funcionaron como refugio para migrantes centroamericanos frente a la discriminación racial en Estados Unidos. Durante la década de los 90, miembros de estas pandillas fueron deportados y repatriados a El Salvador.
Tanto los gobiernos del FMLN como los de Arena, pese a sus diferencias ideológicas, basaron sus políticas antipandillas en enfoques punitivos y acciones represivas conocidas como “mano dura” y “supermano dura”. International Crisis Group concluyó que ninguna de esas políticas logró frenar el crecimiento de las pandillas.
El ascenso de Bukele
En ese escenario, y con un sistema bipartidista desgastado por la corrupción, irrumpieron nuevas iniciativas partidarias encabezadas por líderes jóvenes, entre ellos Nayib Bukele. Militó inicialmente en el FMLN y llegó a ser alcalde de San Salvador, pero en 2017 fue expulsado del partido por conflictos internos.
Posteriormente, anunció su candidatura presidencial para las elecciones de 2019 con el partido GANA, atrayendo a un electorado desencantado con el sistema político tradicional. Su discurso antisistema funcionó y ganó en primera vuelta. En su mensaje inaugural, renegó del pasado; la experta chilena en seguridad Lucía Dammert calificó esa estrategia como una “antimemoria”.
Cómo se construyó el modelo
Bukele inició su gestión con una postura de confrontación. Propuso el Plan Control Territorial para reducir la criminalidad, pero no logró la aprobación legislativa debido a que la Asamblea estaba en manos de la oposición. Entonces, convocó a una sesión extraordinaria en febrero de 2020. Como los legisladores se ausentaron, se presentó en el recinto acompañado de soldados y policías armados y amenazó con adoptar medidas severas si el préstamo no era aprobado en el plazo de una semana.
La Corte Suprema declaró inconstitucional ese acto y ordenó al presidente respetar los límites de la ley.
Ese fue el inicio de una serie de medidas autoritarias aplicadas durante su primer y segundo mandato, y que, en la práctica, conforman lo que hoy se conoce como el modelo Bukele. Es decir, este modelo no se limita solo a la estrategia de seguridad basada en represión, persecución, encarcelamientos, juzgamientos al margen de la ley, violaciones de derechos y garantías, y construcción de megacárceles. Incluye otros componentes.
Bukele decretó el estado de excepción al inicio de la pandemia de covid-19 para restringir la movilidad y luego lo mantuvo de manera permanente, algo que no es normal en una democracia.
En 2021 obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Legislativa mediante el partido Nuevas Ideas, creado como su nueva plataforma electoral. Con ese control político, destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general, y nombró personas afines, cooptando sin disimulo los tres poderes del Estado.
Ese mismo año expulsó a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (Cicies) –de cuyo equipo internacional yo formaría parte–, creada mediante un acuerdo con la OEA, debido a que investigaba denuncias de corrupción relacionadas con compras hechas durante la pandemia.
Otro componente del modelo fue la reforma electoral de 2023, diseñada para controlar la representación ciudadana. Con ella, redujo el número de diputados y disminuyó las alcaldías de 262 a 44. También pasó a controlar el sistema electoral mediante la cooptación de miembros clave del órgano electoral.
La elección de 2024 fue criticada por diversas anomalías que pusieron en duda la transparencia del proceso, incluida la reelección consecutiva de Bukele, prohibida por la Constitución. A esto se suma la persecución contra la prensa y la sociedad civil.
La exportación del modelo
Como señala Lucía Dammert, la internacionalización del modelo es hoy un hecho evidente. El Salvador se convirtió en lugar de peregrinación para presidentes, ministros de Seguridad y Justicia, funcionarios y medios de comunicación interesados en conocer el caso salvadoreño.
Sin embargo, para Dammert, el modelo de seguridad de Bukele, pese a su aparente éxito inicial, presenta limitaciones que ponen en duda su viabilidad como ejemplo para otros países.
Como resultado de este modelo, en El Salvador se observa una erosión significativa de los principios democráticos y del Estado de derecho. Su enfoque de seguridad, según Dammert, ha normalizado el uso indiscriminado de la mano dura y de la violencia, percibidas por una parte de la ciudadanía como un mal menor frente a la criminalidad.
El modelo Bukele no representa un escalón más dentro de una política de seguridad pública; constituye, más bien, un salto acelerado en un proceso de desmantelamiento del Estado de derecho y de concentración grosera del poder.
Resulta impresionante que lo que Hugo Chávez logró en una década en Venezuela, Bukele lo haya conseguido en apenas dos años. Pero también es cierto que Bukele no lo habría logrado si El Salvador no hubiera sido ya una democracia profundamente debilitada.
La pregunta es inevitable: ¿queremos eso para Costa Rica?
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Cecilia Cortés es politóloga e internacionalista.