El sábado 1.º de febrero, cuando el cuñado de Geiner Zamora Hidalgo recibió el carro particular del agente, encontró la camisa del Organismo Investigación Judicial (OIJ) en la parte trasera. Incluso en sus días libres, siempre llevaba el uniforme con el logo de la Policía Judicial. Lo hacía con orgullo.
En el bar y restaurante El Rubio, donde se celebran graduaciones, quinceaños y cuanta cosa festejen los guapileños, lo conocían bien. Allí murió de tres tiros el último día de enero. Tenía 15 años y ocho meses de trabajar en el OIJ. Los lugareños lo recuerdan desde antes, desde que trabajaba en una gasolinera.
Geiner Zamora es el primer agente del OIJ asesinado por sicariato. En los últimos 20 años, cuatro agentes más murieron en sus labores, pero ninguno en un acto premeditado —de acuerdo con las autoridades—.
“El servidor judicial está desamparado. Una vez que uno sale de este edificio está expuesto a eso. Yo estuve aquí durante ocho años y sé lo que es que lo amenacen”, señala J., un funcionario retirado que conoció a Geiner en el OIJ (tanto la autoría de este reportaje como los nombres de las personas citadas se suprimen por seguridad de los involucrados).
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Lo que ha sucedido desde entonces marca un repunte drástico en la tensión por la inseguridad en Costa Rica. Del asesinato de un oficial es difícil volver. Que la inseguridad preocupa a los ticos no es noticia; que la tensión se haya extendido tanto es inusitado. “Uno no sale tan tarde, ahora ya da miedillo andar así... Es muy doloroso ver cómo estamos en el país”, dice M., vecina de Guápiles y allegada a la familia de Geiner.
En Guápiles y el resto del país la pregunta es: ¿qué sigue ahora?
Asesinado en su tiempo libre
Como solía hacer, el viernes 31 de enero Geiner estacionó sobre la explanada de piedras humedecidas por la lluvia y caminó, por última vez, hacia la puerta principal del bar, un sitio muy concurrido a tan solo un kilómetro y medio al sur del centro de Guápiles, el distrito cabecera del cantón de Pococí que es casa de unas 32.000 personas.
Ubicado en un barrio tranquilo y rodeado de naturaleza, el lugar está tatuado en la rutina de los vecinos, quienes acuden a comprar el almuerzo durante su hora de descanso o reservan mesas del salón, una especie de rancho amplio de techo alto y mesas de madera, para sus celebraciones.
Geiner cruzó bajo el resplandor rojo de la estrella que adorna la entrada, iluminada como una pasarela. Puso los pies sobre la antesala de concreto, subió el escalón y, al pisar el suelo de cerámica, avanzó hacia el interior del rancho. Hacia los últimos minutos de su vida.
Las noches de viernes son las más concurridas en el restaurante. Cada fin de semana reúne a sus clientes para cerrar jornadas al ritmo del karaoke.
Aquella noche, la brisa remecía el local y el volumen de la música opacaba la quebrada Numancia, cuyo murmullo corre al lado.
Todo transcurría como cualquier otro viernes. No está claro cuánto tiempo permaneció Geiner ahí, compartiendo y conversando, antes de que el estruendo de disparos sumiera al lugar en caos.
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Geiner, de 38 años, se hallaba cerca de la barra del restaurante, colmada de sillas altas con cojines rojos y toscos respaldares, cuando fue derribado por un proyectil pasadas las nueve de la noche.
Fue atacado a quemarropa, por la espalda, sin posibilidad de defenderse. La primera bala lo impactó en la nuca. Luego siguieron el abdomen y el tórax.
El teléfono de la Cruz Roja sonó a la 9:46 p. m. Geiner fue trasladado en condición crítica al centro médico local, donde lograron estabilizarlo. A las 11:19 p. m., escoltado por Fuerza Pública y Policía de Tránsito, fue llevado al Hospital Calderón Guardia. Su pronóstico, dijeron los médicos, era reservado.
Después de tres días, con un daño cerebral severo, su corazón se detuvo la mañana del cuatro de febrero en el Hospital Calderón Guardia, dejando atrás a su esposa, Susana Lazo, con quien contrajo matrimonio en 2017, y a una hija de 11 años.
Geiner dio sus primeros pasos en la unidad de asaltos de la Policía Judicial. Con el tiempo, su compromiso y dedicación lo convirtieron en “la promesa del OIJ”. Así lo llamaban sus colegas.
Su vocación, presumen las autoridades, le habría costado la vida. “Los que lo conocíamos sabíamos que él siempre estaba dispuesto a trabajar”, dice un familiar, también policía.
“Geiner no va a regresar”
En el 2018, Geiner recibió amenazas de muerte por parte de una estructura criminal que operaba en la zona y fue trasladado a San José como medida de protección.
Ese año, Pococí fue el cuarto cantón del país con mayor cantidad de homicidios (32) y figuró entre los 10 con más asaltos, robos y desapariciones, una tendencia violenta que arrastraba desde el 2011, calendario en el que también fue el cuarto cantón con la cifra más alta de delitos violentos (664). Estas cicatrices están en las memorias institucionales del OIJ.
Luego, Geiner regresó a Siquirres, y gradualmente retornó a Guápiles para asumir la jefatura interina de la sección de Crimen Organizado de Pococí.
Allí, lideró investigaciones contra uno de los delincuentes más buscados y escurridizos: Alejandro Arias Monge, alias Diablo, quien tiene cinco causas abiertas en la Fiscalía Adjunta de Pococí por el delito de homicidio, amenaza a funcionario público, robo agravado y dos por venta de drogas.
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También siguió de cerca a la banda de Tonny Peña Russel, presuntamente dedicada al sicariato en la provincia de Limón. Ataba cabos para dar con Jorge David Núñez Aguilar, alias Coco Pastilla, cabecilla en fuga de una organización delictiva que opera en Pococí y Turrialba, y quien, presumen las autoridades, podría haber contratado al sicario que atentó contra el funcionario.
Geiner formaba parte del grupo evangélico Ciudad para las Naciones, en el barrio Toro Amarillo. Allí, entre cantos, plegarias, bailes y un fuerte despliegue policial, sus restos recibieron el último adiós.
“La institución y la patria agradecida”, se lee sobre el ataúd, cubierto por la bandera de Costa Rica. A su lado, un marco con su fotografía, una placa del OIJ y su gorra, símbolos de su servicio.
“Algunos dicen con voz pesimista que, lamentablemente, Geiner no va a regresar. Ahora está sirviendo en una oficina más grande, más bonita y con más personal [...] Hoy te despedimos todos juntos y estamos orgullosos de tu mayor nombramiento allá, en la eternidad”, dijo entre lágrimas un pariente.
En las primeras filas, frente a sus restos, se sentaron sus familiares —quienes están bajo escolta policial ante eventuales amenazas—, los altos mandos de la Policía Judicial y, en la parte trasera, sus colegas.
No fue visible ni se anunció la representación del Poder Ejecutivo durante el acto en el cual Susana Lazo, esposa de Geiner, clamaba por mejores condiciones para los agentes judiciales.
“Espero que lo que vivimos con Geiner estos días sirva para que haya un antes y un después, que esta sea la semilla que cayó a tierra para que dé fruto y para que puedan mejorar sus herramientas, contar con mayores herramientas para luchar contra el crimen”, manifestó.
A los agentes en ejercicio les pidió continuar sus labores sin miedo; a los responsables de tomar decisiones, les imploró que la muerte de Geiner no sea en vano.
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El hecho estremeció a la comunidad de Guápiles y trascendió al resto del país, quizá ya acostumbrado al conteo diario de homicidios, pero hasta ahora ajeno a los atentados contra autoridades judiciales.
En 20 años, de los otros cuatro agentes del OIJ asesinados en el cumplimiento de su deber, tres de ellos fallecieron en enfrentamientos armados con prófugos de la justicia y uno, confundido por una banda criminal. La muerte de Geiner, en cambio, aparenta ser un asesinato premeditado y representa un hito en la escalada de violencia y la incursión del narcotráfico en el país.
El atentado generó reacciones inmediatas. Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), afirmó a través de redes sociales que el hecho marca un punto de inflexión en el actual panorama de violencia.
Se sumó la declaratoria de estado de crisis en el Edificio de Tribunales de Pococí, emitida por el Poder Judicial.
Por su parte, Randall Zúñiga, director del OIJ, advirtió que Costa Rica entró a la era del “narcoterrorismo”. Todo sucede en un contexto de constantes disputas entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para definir quién debe marcar la pauta para combatir la violencia. Una competencia en la que no hay ganadores.
“Esto es otro mundo, se nos fue Costa Rica”
Entre palmeras, negocios y frondosos bosques, Guápiles conserva un aire de pequeño barrio, pero, en realidad, sus servicios, comercio y agroindustria la convierten en un motor económico en la provincia de Limón.
Como en todo centro de ciudad, transitan quienes buscan cumplir con sus diligencias, pero ajenos a otras urbes, como San José, parecen hacerlo con particular calma.
“No todo lo que brilla es oro”, relata un policía retirado, mientras camina por el parque central de aquella ciudad. Tras la muerte de Geiner, dice, hay tensión y la gente siente temor, aunque a simple vista no lo parezca.
La sensación de inseguridad no es un tema nuevo. Los resultados de la última encuesta de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), publicada en noviembre del 2024, revelaron que la delincuencia sigue siendo la principal preocupación de los costarricenses desde noviembre del 2023... Y no es para menos.
Al 11 de febrero del 2025, el OIJ contabilizó 104 homicidios. La cifra supera por 11 el registro del 2024, en esta misma fecha.
Aunado a ello, el mes pasado culminó con 77 homicidios y se colocó como el segundo enero más sangriento en los últimos 26 años (desde que el OIJ registra los datos), solo un dígito por debajo de enero del 2023, el año que se mantiene, por el momento, como el más violento en la historia del país.
L. está a pocos meses de cumplir 70 años; 38 de ellos los ha dedicado a su negocio, en el centro de Guápiles. “Yo en la noche no volví a salir, por ese montón de balaceras que hay por todos lados, es peligrosísimo. Antes uno lo percibía (inseguridad), pero no como ahora”, comenta.
Su local fue asaltado 14 veces, y hace aproximadamente un año se vio obligado a instalar barrotes de hierro para prevenir los robos. Frente a su tienda, asegura, se vende droga “como si nada”, y aunque la policía interviene, “es como echar una gallina afuera”.
“Mañana matan a otro muchacho y la gente ya lo ve normal y no se preocupa (...) Esa gente (los grupos criminales) cada día agarra más poder”, señaló.
Entre enero del 2023 y diciembre del 2024, 51 personas fueron asesinadas en Pococí. En el 2024, el cantón se ubicó entre los 12 con mayor incidencia de homicidios (20).
M. L. recorre las calles de Guápiles desde hace 25 años y es un reconocido vendedor itinerante en la zona. Relata que la violencia se “disparó” después del 2020, pero el atentado contra Geiner “se pasó de límite”.
“Al final están irrespetando ya a la máxima autoridad, ya se pasó de límite. Analizando bien las cosas, los agarran y los dejan ir, y en ese güirigüiri que solo ellos entenderán (...) ¿Para qué va a decir uno algo si lo que se está comprando es un problema? Lo van a soltar y al otro día vienen por uno, entonces mejor calladito”, indica.
Unos cuantos vecinos accedieron a hablar, pero el miedo impone un silencio evidente en Guápiles. Advierten que no es seguro hablar con cualquier persona, e incluso, que “hay que tener cuidado hasta con la misma Fuerza Pública”, como dijo una comerciante local.
En las últimas semanas, cerca del corazón de la ciudad, dos vecinos, preocupados por el reciente atentado contra el agente, relataron a la Revista Dominical las incursiones del narcotráfico, cada vez más evidentes en la región.
P. es uno de ellos. Hace algunas décadas abrió las puertas de su negocio, pero en los últimos meses, dice, la situación se salió de las manos. De acuerdo con su testimonio, “matones” entran a su comercio a amedrentar y asegura que se debe al tipo de mercadería que tiene a la venta. Licor.
Este producto, indicó, le genera incomodidad al grupo delictivo encabezado por Alejandro Arias —Diablo—, quien busca poco a poco, a través de sus adeptos, construir un monopolio en la zona.
“Solo le podés comprar al Diablo”, aseveró.
De acuerdo con el OIJ, la organización delictiva de “Diablo”, legitimaba capitales a través de establecimientos comerciales como farmacias, supermercados, bares, sodas y venta de lotería clandestina.
Conocidos integrantes de la banda también poseen negocios en la zona. En diciembre del 2023, fueron detenidos un hombre de apellidos Aragón Cruz, de 53 años, exsuegro y abuelo de uno de los hijos de Arias, así como un excuñado, de apellidos Aragón Pérez, de 36 años. Ellos, padre e hijo, son empresarios en Limón y serían los dueños de una conocida cadena de supermercados.
Además de los ya detenidos, ¿quién forma parte de la banda? P. no lo sabe. Puede ser cualquiera. Por eso habla con cautela, pues asegura que pone en riesgo su vida con solo referirse al tema en plena vía publica.
Basta con caminar un poco más para encontrar un testimonio similar.
“Esto es otro mundo… se nos fue Costa Rica”, dice J., un adulto mayor que ha visto los años pasar frente a su tienda, que inauguró hace casi cuatro décadas.
Consternado, junto a su esposa, teme que pronto se les exija el pago solo por abrir su negocio. El hombre narró que el mismo grupo delictivo, liderado por “Diablo”, tomó el control de pueblos aledaños y se especula que el cobro de dinero podría convertirse en una realidad inminente.
Como otros vecinos, coincide con que la venta de drogas a plena luz del día, incluso por jóvenes que parecen tener menos de 15 años, se ha vuelto cada vez más común. Sin embargo, no se atreve a denunciar por temor a sufrir represalias.
“Se venden por unas tenis Nike”, dijo.
Los cabecillas perciben a los jóvenes como mano de obra barata. De esa forma describió Randall Zúñiga, director del OIJ, la tendencia del rejuvenecimiento de los grupos criminales cuando dio a conocer el informe sobre la situación de la criminalidad en el quinquenio, en diciembre anterior.
Zúñiga señaló que la deserción estudiantil, sumada a las limitadas oportunidades de empleo digno, convierte la criminalidad en una alternativa para los adolescentes que buscan alcanzar el “éxito” de manera rápida (sobre todo en Puntarenas y Limón, que enfrentan índices de pobreza del 22% y el 23% respectivamente).
“Anteriormente, el homicida tenía unos 25 o 30 años, tal vez. Ahora, los homicidas están en un rango entre los 12, 13 o hasta los 17 años”, lamentó Zúñiga en ese entonces.
Después del atentado contra Geiner, el jerarca de la Policía Judicial se refirió de nuevo al tema e indicó que es necesario revertir la tendencia. Para ello, precisa concentrar los esfuerzos en fortalecer la educación, mejorar el acceso a oportunidades y disminuir la pobreza; de lo contrario, “vamos a seguir en esto”.
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El principal sospechoso de asesinar a Geiner Zamora tiene solo 20 años. Su apellido es Guadamuz y fue aprehendido menos de 24 horas después del ataque contra el funcionario.
El OIJ no tiene evidencia que lo vincule con alguna organización criminal; tampoco tenía antecedentes penales. Las autoridades presumen que alguien le habría pagado para llevar a cabo el crimen.
Guadamuz fue liberado el pasado 7 de febrero, según el Ministerio Público, las pruebas recabadas hasta ahora generaron variaciones en la hipótesis inicial de la pesquisa. Como posibles involucrados en el crimen, las autoridades también detuvieron a tres hombres: Delgado Mora, alias Míster Músculo (exoficial del OIJ), Azofeifa Ugalde y Coto Vega. Los tres recuperaron su libertad.
“Estamos muy consternados en la provincia (...) Lo que estamos viviendo es una lamentable situación (...) Las familias de Costa Rica no hemos entendido que la educación es el arma para una generación. Mientras tengamos un entorno sociocultural impregnado de narcotráfico, nuestras generaciones buscarán ese camino”, lamenta Isaí Chají, el pastor de la iglesia evangélica a la que Geiner acudía.
El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal del 2024 reveló que en Pococí, 39.000 personas vivían en pobreza multidimensional en el 2023; es decir, una de cada cuatro carecen de acceso a educación, vivienda, salud, trabajo y protección social.
Por su parte, años antes, el Censo del 2022 develó un preocupante panorama educativo en el cantón. Solo 56,7% de los habitantes habían concluido la secundaria. El porcentaje cae a 19,1% cuando se trata de educación superior.
Mientras recrudece la violencia, el Ejecutivo y el Judicial se enfrascan en luchas por presupuesto y por la percibida falta de liderazgo del gobierno en materia de seguridad. El pasado cuatro de febrero el ministerio de Hacienda, Nogui Acosta, accedió a transferir los ¢9.000 millones que estaban retenidos para crear 328 plazas en el OIJ y el Ministerio Público. Los legisladores habían contemplado el dinero en el Presupuesto Nacional del 2025, pero el Gobierno se negó a girarlo.
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El 8 de enero, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, manifestó en su habitual conferencia de prensa que le daba “asco” la petición de Zúñiga de mayor presupuesto para contratar 255 nuevos policías para colaborar en las pesquisas judiciales.
Alcalde no tiene respuestas
La oficina del alcalde se ubica a tan solo un par de calles del bar y restaurante El Rubio, donde Geiner Zamora fue ultimado.
Un día después de la vela, el alcalde del Pococí, Manuel Hernández, nos recibe en su despacho, que ocupó también en el mandato 2002-2006 y 2020-2024.
En el segundo piso de un blanco edificio comercial se ubica su oficina. Tras la puerta, hay un gran ventanal y, al fondo, su escritorio de madera con el estandarte al lado. Le preguntamos por las acciones que ejecuta el gobierno local para afrontar los problemas sociales, de seguridad y educación, pilares para impedir que los jóvenes caigan en círculos delictivos.
Pococí no cuenta con Policía Municipal, de modo que la seguridad del cantón depende de la Fuerza Pública.
Dice que se invierte dinero en instalaciones deportivas en del cantón, en equipos de fútbol y programas culturales para alejar a los jóvenes de la violencia, pero no precisa cuánto presupuesto se dedica a ello.
Es difícil extraerle precisión en datos o programas. No detalla el porcentaje de personas pobres del cantón, ni el estado actual de la educación en Pococí.
El 6 y 7 de febrero se solicitó a la municipalidad precisar presupuestos y detalles de los grupos culturales que dicen apoyar, pero al 12 de febrero, no remitieron los datos.
“Nosotros no estamos preparados. La seguridad le corresponde a los que tiene que ser”, alega.
Hernández reconoce el flagelo de la inseguridad, pero tanto este como otros temas sociales, culturales o educativos, dice, sobrepasan sus obligaciones.
“El ente rector es el Ministerio de Educación; si no tiene un plan, ¿por qué nosotros vamos a tener que resolverle al Ministerio de Educación?”, se sacude.
“Nosotros tenemos el Código (Municipal). El Código dice que nosotros tenemos que luchar por el mejoramiento de carreteras, el mejoramiento de caminos, cómo recogen la basura, cómo invertimos, y colaborar con las demás instituciones. Diay, el caso del deporte, el caso de la educación, es asunto de los entes rectores. Igual, la seguridad le corresponde al Ministerio de Seguridad, nosotros colaboramos, pero es el Ministerio de Seguridad al que le corresponde, el ente rector”, defiende, algo inquieto.
El jerarca de Pococí dice que los poderes de la República son quienes deben trabajar en una sola dirección. “Si nos atascamos en tirar trapos sucios uno al otro, al final la que pierde es la ciudadanía”, sostiene Hernández.
—¿Qué va a cambiar en el cantón? ¿Qué pasa ahora en Pococí?
—”Al final, el único que nos puede proteger es Dios. Lo demás, no sabemos”, se resigna.