Las declaraciones de Chaves dan a entender que el presupuesto del OIJ para el 2025 es de ¢525.000 millones, pero ese dato no es correcto.
En realidad, esa cifra incluye los recursos de todo el Poder Judicial, incluyendo a los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Defensa Pública.
Chaves alegó que el director del OIJ culpa al gobierno por no dar ¢9.000 millones adicionales que aprobó la Asamblea, “pero tienen ¢525.000 millones de presupuesto, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública tiene solo ¢300.000 millones.”.
El presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública para el 2025 es de ¢325.000 millones, según consta en la página web de la Contraloría General de la República (CGR).
OIJ y Fiscalía señalaron faltante de personal
Desde octubre del 2024, el OIJ y la Fiscalía General de la República informaron a los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa de que, en conjunto, tenían un faltante de 1.450 funcionarios.
Los jerarcas de ambas dependencias pidieron inyectar recursos extraordinarios para contratar 600 personas. Zúñiga señaló que el OIJ tenía un requerimiento de 1.200 nuevos funcionarios, pero solicitó a los legisladores dotar a la Policía Judicial de más fondos para contratar, al menos, a 350 investigadores.
En consecuencia, con el objetivo de fortalecer el combate a la criminalidad, los diputados aprobaron redirigir ¢10.808 millones a la creación de 548 plazas para los órganos de seguridad pública.
De esa modificación presupuestaria, ¢7.013 millones serían destinados al OIJ para contratar 255 funcionarios. Sin embargo, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, rechazó girar el dinero.
José Luis Araya Alpízar, director general de Presupuesto Nacional, envió en diciembre un oficio al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, para informarle de que el gobierno no prevé obtener nuevos ingresos para cubrir lo que calificó como “imprevistos derivados de desajustes en el Presupuesto”.
La afirmación hace referencia a que los diputados asignaron recursos mediante una reducción de ¢61.635 millones en la partida destinada al pago de intereses de la deuda pública, entre ellos los de las plazas en seguridad. El director de Presupuesto agregó que la decisión obedece a una instrucción de Nogui Acosta, ministro de Hacienda.
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