Un juez federal de Estados Unidos desestimó este viernes el caso criminal contra el salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, en un fallo que representa un fuerte revés para la política migratoria del presidente Donald Trump y que vuelve a poner bajo escrutinio los intentos del Gobierno estadounidense por deportarlo a un tercer país, conversaciones en las que se involucró a Costa Rica.
El juez federal Waverly D. Crenshaw Jr. concluyó que el Gobierno actuó de forma “vengativa” al presentar cargos de tráfico de personas contra Ábrego García, después de que este cuestionara judicialmente su deportación errónea a El Salvador en 2025. Según el fallo, las autoridades habrían reactivado una investigación como represalia política.
Crenshaw criticó al Departamento de Justicia y al fiscal general interino, Todd Blanche, al sostener que el proceso judicial pareció responder a un intento de castigar a Ábrego García tras las objeciones de otro tribunal federal a su deportación.
“El peligro está en escoger primero a la persona y después el delito”, escribió el juez, citando al exfiscal general y magistrado de la Corte Suprema Robert H. Jackson, una figura reverenciada en el sistema judicial estadounidense. “Esa es la situación aquí”, concluyó, según informó The New York Times la tarde de este viernes.
Ábrego García se convirtió en uno de los rostros más visibles de la ofensiva migratoria de Trump, particularmente tras ser enviado a una prisión salvadoreña en marzo del 2025 junto a otros migrantes, una acción que posteriormente fue cuestionada por tribunales federales.
Aunque la decisión judicial elimina los cargos criminales, el salvadoreño aún enfrenta esfuerzos del Gobierno estadounidense por expulsarlo del país mediante la vía migratoria.
Costa Rica apareció como posible destino
Costa Rica figuró este año como una posible alternativa para deportar a Ábrego García.
En abril, abogados del Gobierno estadounidense defendieron ante un tribunal federal la intención del Departamento de Seguridad Nacional de enviarlo a Liberia, en África, pese a que Costa Rica ya había firmado un acuerdo con Washington para recibir extranjeros que no pudieran ser retornados legalmente a sus países de origen.
El convenio, suscrito en marzo, permite a Estados Unidos trasladar hasta 25 personas por semana a territorio tico.
Sin embargo, documentos revelados por el diario británico The Guardian mostraron tensiones internas dentro de la administración estadounidense sobre el destino de Ábrego García.
Un memorándum enviado en marzo por Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sostenía que deportarlo a Costa Rica sería “perjudicial para Estados Unidos”. Según Lyons, Washington ya había invertido “capital político” y recursos gubernamentales en negociaciones con Liberia para recibir migrantes, lo que hacía inconveniente cambiar de rumbo.
Paradójicamente, los abogados de Ábrego García argumentaban lo contrario: que Costa Rica sería un destino más razonable que África, al tratarse de un país vecino de la región y de habla hispana, lo que facilitaría su integración.
La jueza federal Paula Xinis, quien supervisó parte del caso en Maryland, había bloqueado previamente cualquier intento del ICE de detener o deportar al salvadoreño, criticando al Gobierno por amenazar repetidamente con enviarlo a países africanos “sin ninguna posibilidad real de éxito”.
Sobre este caso
Kilmar Ábrego García es un salvadoreño de 29 años que pasó casi la mitad de su vida en Estados Unidos, donde construyó una familia y una carrera en la industria metalúrgica.
Llegó indocumentado a Maryland en 2011, huyendo de las pandillas que desde 2006 lo acosaban, golpeaban y amenazaban con matarlo si su familia no cedía a la extorsión. Tenía apenas 16 años.
Durante su estancia en Estados Unidos, Ábrego se casó con Jennifer Vásquez, ciudadana estadounidense, y formaron un hogar junto a sus tres hijos, uno de ellos sordo de un oído y con autismo no verbal.
Para sostener a su familia, trabajaba a tiempo completo y estudiaba en la Universidad de Maryland. En 2019, obtuvo una “suspensión de remoción”, un estatus que impedía su deportación por el peligro que corría en su país natal. También recibió permiso de trabajo.
Ese mismo año, sin embargo, fue arrestado mientras buscaba empleo como jornalero. Un informante lo señaló como miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), pero nunca fue acusado de ningún delito. A pesar de que un juez encontró creíble su temor a regresar a El Salvador y le otorgó protección, su nombre quedó en los registros del gobierno de Trump como presunto pandillero.
El 12 de marzo de 2025, mientras iba en su auto con su hijo, agentes del ICE lo detuvieron y, tres días después, fue deportado junto a más de 250 personas, bajo la acusación de pertenecer a grupos criminales como la MS-13 o el Tren de Aragua. Fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de Nayib Bukele, en El Salvador.
Su esposa lo reconoció en un video difundido por el presidente salvadoreño. La corte federal de Maryland determinó que su deportación fue un “error administrativo” y ordenó su regreso.