En la cresta de Los Diques está uno de sus puntos más calientes: el caserío La Mora. Se encuentra a tan solo 150 metros del Paseo Metrópoli y su entrada está frente al puente de Los Gemelos, donde en las últimas dos semanas han ocurrido tres asesinatos.
Las autoridades realizaron un operativo en la zona, donde localizaron a una niña de nueve años dentro de un búnker. La menor quedó bajo custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Revista Dominical visitó Los Diques el pasado viernes 20 de febrero, con la compañía de la Policía Municipal –solo así se puede ingresar al asentamiento de forma segura–, para constatar cómo se vive en este lugar. Además, consultó a jerarcas de cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) para mapear cuáles son las “bombas de tiempo” que tienen identificadas en cada uno de los cantones.
El alcalde de Cartago, Mario Redondo, aseguró que Los Diques es “uno de los puntos más calientes” del cantón y que debería ser intervenido como parte de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno de Fernández. “Algunos caseríos son más peligrosos que otros; hay algunos donde se han organizado muy bien y los vecinos impiden que alguien llegue a hacer un búnker”, aseguró.
Alajuela contabiliza 50 asentamientos precarios
En el caso de Alajuela, un cantón con casi 400 kilómentros de territorio, existen al menos 50 asentamientos en precarios, de acuerdo a los últimos informes de la municipalidad.
El alcalde Roberto Thompson dijo que entre los más grandes se encuentran El Erizo, INVU Las Cañas y Los Huevitos, que se encuentra al costado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En estos lugares ya han ocurrido hechos de violencia que han motivado varios operativos de Fuerza Pública y Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Esto no es un asunto estático, los precarios van creciendo y también van creciendo los problemas sociales y de seguridad”, afirmó Thompson.
El alcalde de Alajuela hizo un llamado al nuevo gobierno para crear mesas de trabajo interinstitucionales que tomen en cuenta a las municipalidades.
“A veces se menosprecia las posibilidades de que los gobiernos locales podamos intervenir, ayudando, aportando, entonces los planes de desarrollo se hacen sin considerar a las municipalidades”, remarcó, y agregó: “Yo espero que el próximo gobierno, en ese sentido, se acerque más las municipalidades para ver cómo abordamos esta problemástica”.
San José: las ruinas del edificio del CNP
La Municipalidad de San José no respondió a tiempo las consultas de esta revista, pero la Policía Municipal de San José lanzó un llamado de urgencia al gobierno para demoler las ruinas del edificio del Consejo Nacional de Producción (CNP), ubicado en Sabana Sur, ya que se ha convertido en un “gran búnker” desde que quedó abandonado en 2021.
El CNP es propiedad del Banco de Costa Rica y del MOPT. Por esa razón resulta difícil que el gobierno municipal pueda intervenir. El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, dijo que en esta propiedad de 22.000 metros cuadrados se registran varios fenómenos delictivos por la gran concentración de consumidores y adictos de calle.
“Si el MOPT y el Banco de Costa Rica, que son los dueños de las ruinas del CNP, no toman la decisión final de derribar esas edificaciones, ahí va a tener usted una gran cantidad de consumidores de drogas amparados en esas ruinas”, denunció Solano, en el programa Nuestra Voz.
El pasado martes 24 de febrero, la Policía Municipal de San José destruyó un “megabúnker” ubicado en El Pochote, distrito Hospital. Al menos 13 extranjeros fueron trasladados a Migración. “Centenares de adictos tienen cada vez menos espacios para delinquir. Los traficantes saben que están en la mira”, dijo Solano.
En una entrevista con el Diario Extra, la presidenta electa, Laura Fernández, dijo que hay precarios que necesitan soluciones integrales, como La Carpio (San José), Martina Bustos (Guanacaste) y Los Diques (Cartago). “Va a ser necesario contar, no solamente con recursos, sino con legislación que nos permita titular, en condiciones excepcionales, en esos precarios”, añadió Fernández.
Dentro de la estrategia de seguridad de Fernández, contenida en su plan presidencial, se incluye una medida de choque: solicitar a la Asamblea Legislativa la suspensión de garantías individuales en zonas con “puntos de calor” criminal, de manera excepcional y con un plazo límite, sin tocar los derechos inderogables, con el fin de contener estructuras violentas.
Aunque Fernández no cuenta con mayoría calificada para aprobar esta medida, está por verse si la nueva presidenta enviará la solicitud a la nueva Asamblea Legislativa. Según el plan de gobierno, el objetivo de esta medida es la contención del crimen organizado y de otros delitos graves como el sicariato y el narcotráfico.
El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson señaló que los precarios son el espejo de los niveles de pobreza y las falta de oportunidades en el país.
“Mucha gente de zonas rurales llegan, con esperanza, buscando oportunidades en la GAM, y ahí se van formando este tipo de asentamientos porque la gente no tiene oportunidades de trabajo, de desarrollarse, de mejorar sus condiciones de vida, y en estos lugares encuentran lo básico: donde vivir”, añadió.
Desde una perspectiva más amplia, Mario Redondo dijo que hace falta una estrategia nacional para abordar los problemas de los asentamientos informales. “A veces es como si cerráramos los ojos y pensáramos que los asentamientos precarios no existen. Y sí existen, y existen muchas veces en el abandono institucional”.
Cerrar los ojos ante lo que se vive en los precarios, casi siempre, genera un escenario fácil de predecir: lo que sucede en estos lugares ignorados tiene efectos en el resto de la sociedad. Una de las consecuencias más palpables es el aumento de la violencia.