Corría noviembre de 1969, unos meses después de que Neil Amstrong pisara la luna, cuando un grupo de obreros colocaba las primeras vigas de lo que sería la sede central del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en San José.
Unas vueltas al sol más tarde, el 19 de enero de 1973, abrió sus puertas el que fuera por dos años el edificio más alto de la capital. Desde entonces abraza a La Sabana, con quince pisos de concreto armado ligeramente arqueados.
A sus 54 años, ha presenciado eventos históricos para el país, como la misa del Papa Juan Pablo II en el parque metropolitano, o la transformación de un aeropuerto en museo. Hoy sigue siendo testigo de la evolución urbana, pero su futuro es incierto ante una propuesta de demolición planteada por el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña.
¿Cuál es el valor patrimonial de este inmueble y qué se perdería si se derrumba?
El edificio hermano de la CCSS
“Después de 1950 (en Costa Rica) se empiezan a hacer edificios para las instituciones del Estado y los hacen empresas consultoras”, explica la arquitecta Ofelia Sanou. “En este caso introducen ese sistema nuevo de concreto en torres, que en su parte baja tienen la integración con el espacio urbano”.
El edificio del ICE fue diseñado por el arquitecto Rafael Sotela Pacheco, también autor del inmueble de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Son parte de una representatividad materializada de un estado constructor, de un estado desarrollista”, añade William Monge, integrante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), sobre estos inmuebles construidos por el Estado para sus propias instituciones.
A ese conjunto pertenecen también las edificicaciones de la Contraloría General de la República, el Hospital México y el Hospital Nacional de Niños, que con el paso de las décadas se volvieron emblemáticos para la ciudadanía.
Sobresalen, a juicio de Monge, porque “el Estado siempre se ha vestido, en materia de arquitectura, con ropa ajena”; es decir, que suele alquiler inmuebles para sus órganos antes de construirlos.
Tras el terremoto de Limón de 1991, una serie de normativas obligó a revisar las condiciones de seguridad de numerosos edificios en el Valle Central; entre ellas, la de seguridad humana NFPA 101, la Ley de Bomberos de 2008, la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de 1995 y la Ley 7.600 sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
En ese sentido, muchas edificaciones fueron intervenidas para adecuarse a esos requerimientos, pero la sede central del ICE quedó rezagada en algunos parámetros. Por esa razón, hoy permanece desocupada.
Posible demolición
Durante una entrevista con el programa Nuestra voz, el jerarca Marco Acuña señaló que la remodelación del edificio del ICE estaría prácticamente descartada por su costo, estimado en ¢60.000 millones.
Además, afirmó que la decisión final sobre el futuro del inmueble será “meramente financiera” y que la institución espera tomarla este mes de junio. En caso de optar por la demolición, indicó que impulsaría “hacer algo conmemorativo, algo interesante ahí”.
Sobre el valor arquitectónico del inmueble, Acuña aseveró que no representa “un patrimonio histórico como sí lo puede representar una catedral en Europa”.
William Monge, también exdirector de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC), acotó que al edificio sí se le deben realizar algunas adecuaciones que podrían salir costosas. “Eso es lo que probablemente no quieren asumir y prefieren, desde el punto de vista económico, demolerlo y construir de nuevo”, dijo.
Sin embargo, ante la posible demolición, Monge confirmó a Revista Dominical que Icomos interpondría un recurso de amparo para intentar frenarla, en aras de proteger su valor patrimonial.
“Es un edificio que consideramos patrimonio de hecho. ¿Qué significa eso? Que no es un edificio declarado, porque los que están declarados son patrimonio de derecho (...). Pero el patrimonio no lo define la ley, el patrimonio ya existe, la ley lo que hace es visibilizarlo y protegerlo. Con el edificio del ICE, que no esté declarado no significa que no es un patrimonio”, indicó.
Entre las condiciones que le otorgan un carácter excepcional, destacó que el edificio simboliza el proyecto político que impulsó la electrificación del país.
Crece preocupación
En la Guía de Arquitectura y Paisaje de 2010, la arquitecta Ofelia Sanou reseña que, a inicios de la década de 1970, este edificio fue un símbolo tecnológico del racionalismo costarricense.
El inmueble también fue de los primeros en incorporar elevadores capaces de conectar una torre de tal magnitud, mejoró el valor de la tierra en la zona y, con el paso de los años, se constituyó como parte de la identidad de La Sabana.
“Este edificio tiene un un valor simbólico, de recuerdo, de memoria”, dice.
Para Sanou, en lugar de proponer una demolición, el edificio del ICE podría reusarse. Esto no solo rescataría su valor histórico, sino que se acoplaría al concepto de construcción sostenible.
“Se le puede dar uso con otras con otras funciones que sean para la comunidad, pero no deberíamos demoler un edificio, haciendo desperdicio de residuos, cuando se puede rescatar para otros usos y que siga siendo teniendo su valor simbólico”.
“El temor es que no se estén tomando decisiones técnicas, sino que se estén tomando decisiones para hacer un negocio”, acotó. “Sería botar un símbolo”.
