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Richard Bernard Moore, de 57 años y con dos décadas de esperar por su ejecución en el corredor de la muerte del Broad River Correctional Institution, en Carolina del Sur, Estados Unidos, fue noticia en estos días cuando los medios dieron cuenta de la “particular elección” del recluso, quien prefirió ser fusilado por un pelotón que morir en la silla eléctrica.
Moore, sin embargo, aclaró ante el mundo que había había tenido que elegir a instancias de las autoridades, dada su inminente ejecución, pero que no es que él haya levantado la mano –por decirlo de alguna manera– y mientras el “requisito” de la elección ha sido resuelto en el papeleo de preparación, sus abogados continúan luchando para salvarle la vida y aseguran que solicitarle al preso la forma en que “desea” morir es inconstitucional.
Otro punto en el caso, que también levantó tremendo polvorín, fue que los funcionarios de la prisión estatal pusieron en autos a Moore de que una tercera opción autorizada por la ley, la inyección letal, no estaba entre el “menú” porque, por ahora, uno o varios de sus componentes mortales no están disponibles en la mayoría de estados de su país.
La razón de que la inyección letal esté “agotada” o en la mira, radica justamente en la crueldad extrema que supone para el ejecutado (o ejecutada) al momento de morir, una vez que recibe el letal combo intravenoso.
El tema, desde hace lustros, ha generado serias polémicas e investigaciones de los medios más respetados del mundo. Exactamente hace 17 años, El País de España puso el asunto en la palestra con su informe especial El infierno de la muerte por inyección letal: un estudio muestra que muchos condenados a esta pena en Estados Unidos quedan paralizados, pero conscientes y con una terrible agonía.
La investigación, basada en gran parte en un estudio de la revista médica Lancet, reveló que las autopsias a presos ejecutados en Estados Unidos por inyección letal demostraron que “el sistema puede ser no solo doloroso sino incapaz de garantizar la inconsciencia del preso, sometido a una parálisis pero no a una sedación”.
La publicación provocó un efecto dominó en el que se pedía a las autoridades estadounidenses la revisión de este sistema de ejecución para determinar si viola la enmienda constitucional que prohíbe los “castigos crueles”.
Según el reportaje, la inyección letal que se empleaba en esos momentos en las ejecuciones en 37 estados no es, como se presenta, un método indoloro. Los errores en la aplicación y las dosis de sedantes han demostrado ser insuficientes en muchos de los casos analizados, lo que provocó un gran sufrimiento de los presos en sus últimos minutos de vida, aunque su suplicio era imperceptible para los ejecutores y el público.
El caso
Richard Moore será el primer hombre en ser ejecutado en Carolina del Sur después de más de una década. También es el primer preso estatal en enfrentarse a la elección de métodos de ejecución.
Hace un año entró en vigor una nueva ley que dicta que un recluso debe elegir entre un pelotón de fusilamiento, la silla eléctrica o la inyección letal. Pero si los medicamentos necesarios no estuvieran disponibles (caso de la inyección letal) el preso debe elegir entre los otros dos métodos.
En el caso de que el condenado a muerte no elija ningún método, la ley optaría por la electrocución. Moore, como ya se dijo, eligió el pelotón de fusilamiento como una especie de “mal menor”, prácticamente obligado a escoger la forma en que va a morir, lo cual ha generado una nueva polémica sobre el ya controversial tema de la pena de muerte.
Su historial delictivo y su condena están siendo sujetos de debate. Moore ha pasado más de 20 años en el corredor de la muerte y, según lo programado, el 29 de abril pagaría con su vida el homicidio de un empleado de una tienda durante un asalto ocurrido en 1999. Al cierre de esta edición, sin embargo, un tribunal detuvo la ejecución.
Moore fue condenado por el asesinato de James Mahoney, ocurrido el 16 de setiembre de 1999. El día de los hechos, Richard ingresó al minisuper con supuestas intenciones de cometer un robo en su urgencia por ir a comprar crack, aunque otras reseñas de la época hablan de cocaína.
Eran las 2 de la madrugada. El empleado de turno, Mahoney, enfrentó al delincuente con un arma de la cual salieron varios disparos. En el forcejeo el empleado cayó al suelo, herido pero vivo. Según el reporte policial, Moore tomó el arma y finalmente le disparó en el pecho al dependiente de la tienda, quien tenía 44 años.
Desde entonces, Moore es otro de los tantos estadounidenses que esperan su ejecución por décadas, entre recursos legales, apelaciones y aplazamientos. Cuando finalmente se le emplazó para ser ejecutado a finales de este mes y se le pidió que eligiera cómo quería morir, hizo la selección después de que el estado le notificara que, técnicamente, había tres opciones disponibles, mejor dicho dos, pues la inyección letal está vetada en varios estados, hasta el momento.
Los esfuerzos diligentes de sus abogados, lograron este miércoles 20 de abril que se retrasara la ejecución, aunque no necesariamente por estar en favor de la tercera opción, la inyección letal.
El tribunal dijo, al emitir la suspensión temporal, que emitiría una orden detallada más adelante.
Los abogados del recluso, de 57 años, habían solicitado una suspensión, citando un litigio pendiente en otro tribunal que impugnaba la constitucionalidad de los métodos de ejecución de Carolina del Sur, que también incluyen la silla eléctrica. Los abogados de Moore querían tiempo para pedirle a la Corte Suprema de Estados Unidos que revisara si la sentencia de Moore fue proporcional a su delito.
Ha pasado más de una década desde la última ejecución por fusilamiento en Estados unidos. El estado de Utah llevó a cabo las tres ejecuciones de este tipo en la nación desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte sin fines de lucro con sede en Washington. El más reciente fue en el 2010, cuando Ronnie Lee Gardner se enfrentó a un escuadrón de cinco personas.
La última ejecución de Carolina del Sur fue en el 2011. Los funcionarios estatales han atribuido una pausa de una década en las ejecuciones a la incapacidad de obtener medicamentos para inyección letal después de que el último lote del estado expiró en el 2013.
Una ley del 2021 destinada a resolver ese problema, convirtió a la silla eléctrica en el método de ejecución por defecto en lugar de la inyección letal, y también codificó el pelotón de fusilamiento como una opción alternativa para los reclusos condenados, según un informe especial de la BBC.
La fecha de ejecución de Moore se fijó después de que los funcionarios penitenciarios revelaran el mes pasado que habían completado las renovaciones en la cámara de ejecución del estado en Columbia, para acomodar el pelotón de fusilamiento y también desarrollaron nuevos protocolos de ejecución.
Aunque Moore eligió la ejecución por fusilamiento, sostuvo en una declaración escrita que se vio obligado a tomar una decisión antes de una fecha límite establecida por la ley estatal y aún consideró que ambas opciones eran inconstitucionales.
Un juez estatal acordó examinar una impugnación legal presentada por Moore y otros tres condenados a muerte que en su mayoría han agotado sus apelaciones. Sus abogados argumentan que tanto la electrocución como el pelotón de fusilamiento son métodos “bárbaros” de matar.
Moore también está pidiendo por separado a un juez federal que considere si el pelotón de fusilamiento y la silla eléctrica son crueles e inusuales.
Carolina del Sur es uno de los ocho estados que todavía usan la silla eléctrica y uno de los cuatro, incluidos Mississippi, Oklahoma y Utah, que permiten un pelotón de fusilamiento, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Moore ha pasado más de dos décadas en el corredor de la muerte y he aquí otro tema que ha surgido por estos días: los abogados de Moore han dicho que este no pudo haber tenido la intención de matar a alguien cuando entró a la tienda porque no traía un arma con él.
Las dificultades para encontrar los medicamentos necesarios básicamente han puesto en suspenso las ejecuciones en muchos estados.
Carolina del Sur, que tiene 35 presos en el corredor de la muerte, ha ejecutado a 282 hombres y dos mujeres desde 1912, cuando allí comenzó el uso de la silla eléctrica. En 1995, el estado se convirtió en el vigésimo quinto en autorizar las inyecciones letales. La última muerte por electrocución en el estado ocurrió en el 2008.
Al adoptar el pelotón de fusilamiento, Carolina del Sur se ha convertido en un caso atípico, volviendo a un método de ejecución previamente abandonado por la mayoría de las jurisdicciones como bárbaro. De hecho, solo tres personas en los Estados Unidos han sido ejecutadas por un pelotón de fusilamiento desde el regreso de la pena de muerte al país en 1976, una pequeña fracción de las más de 1.500 ejecuciones totales en el mismo período. Si las ejecuciones proceden con pelotones de fusilamiento, Carolina del Sur se unirá a China, Irán y Corea del Norte como una de las pocas jurisdicciones del mundo que ejecutan la pena capital de dicha manera.
