
En 2012, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos enlistó las cinco organizaciones criminales transnacionales más importantes: la rusa Brother’s Circle; la japonesa Yakuza; la mexicana Los Zetas; la italiana Camorra y la salvadoreña Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.
Los números de muertes perpetuadas por la pandilla salvadoreña –al igual que los de otras maras, como la del Barrio 18– son suficientes para compartir una lista con las demás organizaciones criminales, pero las finanzas de estos grupos se quedan cortas, y eso obliga a las autoridades locales e internacionales a replantearse la estrategia para luchar en contra de ellas.
Así lo reveló una investigación colaborativa entre el diario estadounidense The New York Times y el periódico digital salvadoreño El Faro, publicada a finales de noviembre pasado. El reportaje demostró que las maras son grupos criminales que existen en favor de una cultura sangrienta, más que del lucro descomunal, a diferencia de sus pares mexicanos, asiáticos, italianos y rusos.
A estas conclusiones llegaron un grupo de periodistas estadounidenses y salvadoreños que tuvieron acceso exclusivo a cifras que manifiestan la realidad económica de las maras, la cual dista mucho de la imagen de mercenarios que viven rodeados de grandes lujos con la que durante muchos años el gobierno salvadoreño presentó a los líderes de la MS-13.

En números
“Si son mafias, son mafias de los pobres”, lee el artículo publicado por el Times en colaboración con El Faro, un medio alternativo que durante casi dos décadas se ha dedicado a documentar y relatar las realidades de uno de los países más violentos de Centroamérica y del mundo.
El reportaje surgió luego de que el gobierno salvadoreño hiciera el primer golpe eficaz a la cúpula financiera de la Salvatrucha, por medio de la llamada Operación Jaque, la cual puso en las calles de San Salvador y otras provincias a más de 1.100 oficiales de la policía nacional que tenían la misión de reportar sobre las finanzas de las maras, algo que había sido un misterio hasta entonces.
La operación sembró micrófonos en los teléfonos de varios líderes de la MS-13 y encontró que los jefes de las 49 secciones del grupo ordenaron a sus súbditos que entregaran todo el dinero que se generase durante una semana cualquiera por parte de sus negocios (su principal método de recolección de dinero es la extorsión, no el narcotráfico, como se ha informado en el pasado).
El total recaudado durante esa semana fue de $600.852 (unos ¢330 millones), lo que significa que en un año promedio la organización podría amasar unos $31 millones (aproximadamente ¢17.000 millones), una cifra que no se acerca jamás a los miles de millones de dólares que generan los otros grupos de crimen organizado más importantes del mundo.

Con 40.000 miembros activos, aproximadamente, la M-13 –con esas ganancias– podría pagarle a cada uno de sus “empleados” si acaso ¢30.000 al mes, un salario inferior al salario mínimo de un agricultor en El Salvador. “La suya es una economía de subsistencia criminal”, concluye la investigación. “Incluso, muchos de sus líderes son apenas solventes”.
Cultura criminal
Dentro de las reglas implícitas de las maras está el supuesto de que nadie –ni siquiera los líderes, quienes operan desde las cárceles– puede beneficiarse económicamente por el grupo que lo apadrina. Las ganancias se destinan a pagar abogados, funerales y cargamentos armamentistas, y los miembros de las maras sobreviven mediante “extorsiones privadas”; es decir, amenazando a comerciantes varios para conseguir el dinero mínimo para comprar comida.
En un intento por tirar a los miembros en contra de los líderes, el gobierno salvadoreño salió a la prensa a decir que muchos de los jefes de las maras vivían en lujosos condominios, tenían carros del año y se daban una vida de ricos y famosos, pero la realidad parece ser otra.
A diferencia de un capo de la mafia o un grande del narcotráfico, uno de los líderes de la MS-13 fue capturado en un humilde apartamento de concreto con cielo raso defectuoso, en una zona de San Salvador en la que los alquileres no pasan de $400 (unos ¢220.000). En el garaje, tenía estacionada una van marca Nissan y un automóvil marca Honda Civic.

Durante una serie de redadas realizadas por la policía en años pasados, las autoridades no lograron sumar más de $35.000 (¢19 millones) en efectivo, poco más de 20 carros usados valorados en aproximadamente ¢4 millones y tres negocios modestos (una verdulería, un restaurante y un bar). Comparado con las operaciones financieras de los líderes del narcotráfico, era poca cosa.
Quizá por este tipo de descubrimientos es que durante tantos años hubo tanto secretismo alrededor de las finanzas de la Salvatrucha y la 18, cuyos miembros son conocidos por extorsionar a autobuseros y pequeños comercios por montos que van de $1 a $3 diarios. Tiempo atrás, un comerciante murió por no haber saldado su deuda con un marero; le debía $21.
Hablamos, entonces, de una economía de pequeña escala con un gigantesco saldo de sangre.
Capital del mundo
La capital mundial de asesinatos. Así se le ha denominado a San Salvador en los últimos años. El título vino luego de que el crimen organizado provocara más muertes que la guerra civil de El Salvador (1980 y 1992).

En 2015, 6.656 personas murieron en El Salvador; es decir, 103 asesinatos por cada 100.000 personas, un promedio extremadamente más alto que el global. Los asesinatos habían bajado en años anteriores porque el gobierno estaba negociando con las maras, pero el pueblo no aprobaba que el Estado tuviera una relación con los grupos criminales, por lo que cuando acabó la “tregua” regresó el río de sangre.
Las operaciones de venta de droga de las maras se resumen al narcomenudeo; menos del 1% de la droga decomisada en el país está relacionada a estos grupos, y los narcotraficantes aparentemente prefieren no trabajar con ellos. En realidad, casi todo el dinero proviene de las extorsiones, las cuales tienen al país en jaque.
El 94% de las municipalidades salvadoreñas tienen presencia de alguna mara, y los criminales abusan de un 70% de los negocios del país. Otra de sus venturas comerciales es el coyotismo, ayudando a miles de familias –atormentadas por sus propias acciones sanguinarias– en sus migraciones ilegales hacia los Estados Unidos.
“Durante los últimos cinco años, ha sido más peligroso manejar un bus que combatir el crimen”, explica el reportaje del Times y El Faro. Los mareros atacan a casi todos los empresarios con líneas de buses, y los choferes deben de pagar una cuota diaria a cambio de seguir vivos. Entre 2011 y 2016, las maras mataron a 93 policías y a 692 choferes de bus.

Se sabe que no todos los extorsionados denuncian a la policía lo que les sucede, porque sus vidas corren más riesgo si hay una investigación de por medio (las maras casi siempre se dan cuenta). Aún así, entre 2013 y 2015 la policía recibió más de 7.500 denuncias por extorsión.
Tras las enseñanzas de la Operación Jaque, el gobierno continuó alegando que las maras existen por un propósito meramente financiero y egoísta, y empleó dos tácticas de ataque: aumentó el uso de la fuerza al mismo tiempo que siguió intentando generar división en los grupos, alegando –todavía– que se benefician unos cuantos por encima de los otros.
Desde la cárcel, con dinero apenas suficiente para solventar sus necesidades, los líderes de las maras enviaron mensajes diciendo que quienes traicionen a sus grupos han de morir. Según la investigación del Times y El Faro, ningún miembro de las maras parece haber sido asesinado por venganza aún.
Con escasos programas sociales para prevenir el entrenamiento de mareros (quienes ingresan a las organizaciones criminales desde la adolescencia, en su mayoría) y pocas alternativas de escape del crimen organizado en barrios de mucha pobreza, el gobierno salvadoreño está atado de manos fren-te a una epidemia mortal que aparenta existir más por un impulso cultural y una sed de capital social, que por el lucro indiscriminado. Y eso, ahí, es algo duro de matar.