¿Cómo se perdieron 174 joyas de la bóveda de un banco?

Recolectadas a lo largo de una vida, las joyas eran un tesoro familiar, muchas de ellas regalos de don Rafael, fallecido en noviembre del 2014 por causas naturales. Él estuvo casado 61 años con María, del cual nacieron Paula y otras dos hermanas, una de ellas fallecida el mismo día que su padre, también por causas naturales. Por solicitud de la familia de mantener sus identidades protegidas, todos los nombres de sus integrantes son ficticios.

El valor económico de las joyas alcanzaba cientos de miles de dólares; el valor sentimental era incalculable.

Las señoras tenían años de no ver las piezas y llegaron al banco acompañadas de su abogada, tras recibir mensajes confusos de un funcionario del banco de apellido Fernández, quien alertó por impagos del servicio de su cajita.

Reunidas con el gerente de la sucursal, de apellido Mesén, junto a Fernández, este último entró al cuarto con una bolsa llena de joyas. La abrió, y a primera vista las señoras advirtieron que los dijes, collares, anillos y pulseras no eran los mismos que ellas conocían.

Algunas piezas se parecían. Cuatro anillos dorados y uno plateado, un par de aretes dorados con chispa verde y una figura precolombina. Pero al revisarlas con atención, concluyeron que no eran las mismas. A simple vista también resultaba evidente que ahí no había 174 joyas, cuando las contaron resultó que solo había 43.

De cualquier forma, daba igual cuántas hubiera: no eran las mismas que guardaban décadas de recuerdos familiares, regalos y celebraciones con seres queridos que ya no estaban. María y su hija salieron de la sucursal consumidas por la sorpresa, confusión e indignación de que el sitio donde sus reliquias debían estar más seguras resultara vulnerado.

Pocas horas después, Fernández renunció a su cargo de supervisor técnico destacado en la Tesorería del banco, renunció al preaviso y otros derechos laborales, y no volvió a poner un pie en la sucursal.

Las reliquias familiares

Desde 1980, don Rafael, como presidente y apoderado generalísimo de una empresa, firmó el contrato de la caja de seguridad #100 en el Banco Nacional de San Pedro.

El contrato establecía, en su cláusula sexta, que cuando el arrendamiento terminara, ya fuese por voluntad del banco o por impago de la cuota, el arrendatario debía devolver la llave y retirar el contenido de la cajita.

Si el retiro no se efectuaba en el plazo prevenido, el banco podría abrir la caja en presencia de dos notarios, quienes levantarán el acta de diligencia, y el inventario podría enviarse a la persona interesada o depositado “por cuenta y riesgo” del arrendatario en el lugar que el banco estimara conveniente, sin se que pudiera reclamar pérdida o deterioro.

En los años 90, Rafael y su familia guardaron las valiosas joyas. No se trataba solo de piezas cualquiera que decidieron acumular: cada una de las 174 tenía su trasfondo y estaba ligada a un momento específico.

Según el expediente 20-005633-0042-PE, Paula explicó su conocimiento en joyas, adquirido a través de su abuela, “quien era una mujer involucrada en la sociedad”. Le contaba con frecuencia el origen de cada pieza y además aportó algunas de las alhajas resguardadas, regalos de pretendientes y amistades. Otra buena parte eran obsequios a su madre, costumbre de las familias adineradas de antaño.

“Cada fecha especial, navidades, cumpleaños, aniversarios de bodas, mi padre obsequiaba a su esposa joyas de considerable valor económico y sentimental, ya que cada una formaba parte de un recuerdo de familia que pretendía transmitir para futuras generaciones”, afirmó.

Describió algunas de las más memorables: un búho de jade antiguo, una ranita de oro, pirámides labradas a mano, un collar reventado tipo gargantilla, una pulsera H. Stern con piedras semipreciosas, un escarabajo muy antiguo y pesado, una hebilla dorada que se usó como faja de un reloj Cartier, un prendedor dorado en forma humana con rubíes en los ojos, un collar de oro blanco con perlas del Pacífico Sur y un prendedor en forma de colibrí de oro con pequeños diamantes.

La misma familia estimó que valían al menos $378.900, más de ¢190 millones. Las más caras eran diseños únicos que no existían en ninguna otra parte.

Dada la cantidad de piezas y su valor, fue necesario gestionar dos arrendamientos con el Banco Nacional. De esa forma, la familia esperaba mantenerlas en un sitio seguro, pues ya habían sufrido varios robos anteriormente.

El descubrimiento de la ausencia

El servicio de cajas de seguridad debe ser pagado una vez al año. A la familia le tocaba cada 7 de octubre, y así lo hicieron en el 2016.

Sin embargo, según el expediente, el 28 de febrero del 2017, debido al presunto impago y sin avisar a la familia, una notaria del banco junto a otro funcionario realizaron un inventario de las 174 piezas y las sacaron de la caja número 100, para guardarlas en una bolsa plástica con marchamo que quedó bajo custodia en la bóveda de la Tesorería de la sucursal, aparte de las otras cajas de seguridad.

Walter Brenes, abogado de la familia afectada, aseguró que esta gestión se ejecutó sin ningún fundamento legal. La notaria y el gerente del banco fueron denunciados en un principio, pero la Fiscalía solicitó la desestimación en su favor. No obstante, la notaria aún enfrenta una demanda por ¢200 millones en el Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial de San José.

Así pasaron los meses sin que las señoras sospecharan que las joyas ya no estaban donde las habían dejado.

La Fiscalía sostiene que en mayo del 2019, Fernández habría aprovechado su cargo como supervisor técnico de la Tesorería para apropiarse de las joyas.

Fue hasta el 2 de diciembre de ese mismo año que las señoras acudieron al banco pues querían acceder a la cajita. Allí supieron que casi tres años atrás el servicio se había cancelado y asignado a otro cliente.

Sin saber qué había pasado con sus joyas, Paula fue contactada días después por Fernández, quien le habría asegurado que las mismas fueron subastadas y que en la sucursal le esperaba un cheque por ¢9 millones, una suma ínfima, muy alejada del verdadero valor.

En apariencia, Fernández la habría llamado de nuevo a finales de ese mes. La narrativa era diferente: las joyas aparecieron en el banco “como por obra de magia” (citó la Fiscalía), y las convocó para el 2 de diciembre a que fueran a retirarlas. Desde ese momento, la abogada de las señoras presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales.

Tras levantar el secreto bancario, la Fiscalía constató que el 28 y 29 de noviembre, el funcionario bancario recibió en una cuenta personal del Banco Popular dos transferencias por ¢3,3 millones. La acusación dice que el hombre retiró ¢1 millón de un cajero automático del Banco Popular, y un día después retiró dinero tres veces más: ¢1,3 millones, ¢250.000 y ¢250.000.

Así las cosas, para el sábado 30 de noviembre, dos días antes de que las ofendidas regresaran al banco, Fernández habría entrado en posesión de ¢2,8 millones, los cuales los habría utilizado para comprar al menos 29 joyas.

Fue así como el 2 de diciembre, las dos señoras recibieron la terrible sorpresa: sus 174 joyas ya no estaban allí y fueron reemplazadas por otras 43 de menor valor.

Fernández presentó su renuncia de forma inmediata, y al día siguiente funcionarios de la Oficina de Seguridad del Banco Nacional se presentaron a la sucursal y revisaron el escritorio del exempleado. En apariencia, allí encontraron tres facturas de joyería por un total de ¢2,6 millones, monto similar al que sacó del cajero automático y con el que habría comprado parte de las 43 joyas que les enseñó a María y Paula el día anterior.

El Ministerio Público describió que la renuncia se dio “de forma inesperada y sin ningún otro evento que tornara razonable la actuación del investigado, renunciando incluso al preaviso, abandonando de inmediato la sucursal para nunca más retornar, conducta que es notoriamente sospechosa y vinculada con el evento que ocurrió ese mismo día”.

“Este comportamiento es completamente ilógico dentro de un procedimiento operativo normal y viene a evidenciar, no solo el conocimiento y voluntad que el imputado tuvo para cometer un hecho que a todas luces era ilícito, sino que también ejecutó todas las acciones que tuvo a su alcance con tal de garantizar su impunidad y el agotamiento del delito”, señaló el ente fiscal.

Para la Fiscalía, Fernández tomó estas medidas luego de que fracasara su intento de engañar a María y Paula. Por su parte, en la investigación interna se describieron “incongruencias” al revisar las cámaras de seguridad durante la visita de las señoras, como que Fernández nunca sacó la bolsa con la 43 joyas de la bóveda, y las llevó a su oficina personal. Estas luego fueron secuestradas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Dos días después, una funcionaria bancaria realizó un arqueo de documentos en la oficina de Fernández, donde encontró la llave de una cajita de seguridad y la llave de acceso al área de cajitas, a pesar de que a él no le correspondía el acceso a dichas llaves.

“Desconozco por qué él tomó la decisión de dejarse la llave”, dijo el gerente de la sucursal al equipo encargado de la investigación interna.

¿Cuál era el rol de Fernández en el banco? Según el gerente, él debía llamar a los clientes cuando se atrasaban en la anualidad, atenderlos al momento de retirar los paquetes de cajitas cerradas anteriormente, entre otras labores relacionadas. No le correspondían funciones relacionadas directamente con el manejo de las cajitas.

¿Cómo pudo alguien sacar las joyas sin que nadie se diera cuenta? El gerente respondió: “No existen controles ni bitácora para el ingreso de funcionarios a la bóveda. Únicamente se realiza un acta cuando por falta de pago debe abrirse la cajita, revisar el contenido en presencia de un notario y un funcionario, y depositar el contenido en paquete cerrado en la bóveda principal”.

La tesorera del Banco Nacional de San Pedro, de apellido Rojas, era la única persona autorizada para entrar a la bóveda, excepto cuando Fernández la reemplazaba por vacaciones o incapacidad. Para la Fiscalía, uno de esos reemplazos habría sido aprovechado por el sospechoso para cometer el delito.

Para ingresar se necesitan dos claves: una de dial, es decir, una combinación para abrir una cerradura, y la otra de botones. Solamente la tesorera, o quien la sustituyera, conocía esas claves.

Con base en el relato de Rojas, la salida de Fernández no habría sido tan súbita como parecía. “Más o menos un mes antes me había dicho que iba a renunciar porque tenía mucha sobrecarga de trabajo y que tenía un amigo en el BAC. Yo le dije que cómo iba a renunciar con tres hijos, y él dijo que con la liquidación se la jugaba hasta que se lograra ubicar”, contó.

La mujer aseguró al Ministerio Público que los paquetes en la bóveda eran arqueados mensualmente y que para el momento de los hechos esta función le correspondía al imputado.

La tesis del fiscal es que la sustracción ocurrió en fecha cercana al 7 mayo del 2019, cuando el entonces funcionario habría ingresado al sistema interno de administración de los objetos guardados en la Tesorería y habría cambiado el estado de la bolsa con la joyas de “permanente” a “destruido”, categoría que describe cuando los objetos ya no están dentro del banco.

“El sistema de control interno que se aplicaba por parte del BNCR al menos en la sucursal de San Pedro, respecto al manejo de las cajitas de seguridad y al acceso a áreas de custodia de valores como lo eran las joyas, presenta una notoria debilidad, ya que según se determinó en la investigación, no existen registros como bitácoras de acceso para lograr establecer con precisión cuántas personas podrían haber ingresado a esas áreas, lo cual queda en un estadio de especulación”, indica la acusación del Ministerio Público.

El 16 de marzo del 2022, Fernández rechazó los cargos ante la Fiscalía y se abstuvo de declarar. Actualmente, no enfrenta ninguna medida cautelar.

Este medio contactó a Fernández, quien indicó que, por recomendación de su abogado, no daría declaraciones mientras la causa siga abierta.

En enero de este año, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presentó la acusación y solicitó la apertura a juicio al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, por un delito de peculado en perjuicio de los deberes de la función pública, y se está a la espera de que el Juzgado responda la solicitud. La familia también presentará una querella y acción civil resarcitoria, en la que reclamarán ¢20 millones de daño moral y los $378.900 que, según estiman, valían las joyas.

El artículo 361 del Código Penal reprime con prisión de tres a 12 años al funcionario público “que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo; asimismo, con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella”.

Por su parte, la Dirección Jurídica del Banco Nacional informó a este medio que “como se trata de un proceso judicial que está en curso, en este momento el Banco Nacional no puede referirse al tema, ya que debemos respetar el principio de confidencialidad que aplica en estos casos”, y que Fernández ya no trabaja en la entidad.

Victoria parcial en tribunales

Una demanda contra el Banco Nacional, presentada por una hermana de doña Paula, representó una primera victoria en tribunales para la familia afectada, el 26 de julio del 2023.

Una victoria parcial, eso sí, pues la demandante obtuvo ¢15 millones por el daño moral, mas no los $378.900 que reclamaba por el costo de las joyas.

El Tribunal Contencioso Administrativo argumentó que el contrato de alquiler de cajitas de seguridad se trata de un arrendamiento en lugar de un depósito, por lo que “en virtud de la naturaleza jurídica de dicho contrato, el banco no toma nota de qué bienes son almacenados en dichas cajas”, y se explicó que allí yace la dificultad de determinar el valor de los objetos sustraídos.

“Jurídicamente, solo es indemnizable aquel daño que se llega a probar, y por ende no es posible acceder a la pretensión de indemnización planteada por la parte actora en relación con los bienes que supuestamente fueron sustraídos, pues no existe modo alguno de probar qué bienes se encontraban guardados en dicha cajita de seguridad”, detalló el Tribunal.

No obstante, sí se acreditó un incumplimiento contractual del banco por manejar de forma indebida las joyas y sacarlas de la caja sin seguir el procedimiento adecuado. El Tribunal consideró además el valor sentimental de las joyas y la importancia que tenían para la familia, elementos que “validan los sentimientos de angustia y zozobra”.

El 12 de diciembre del 2024, la sentencia quedó en firme, cuando la Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación presentado por el Banco Nacional.

Una especie de consuelo, pues al día de hoy, la familia desconoce el paradero de las 174 joyas.