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La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, sepultó los informes de la comisión especial sobre el presunto abuso sexual cometido por el exdiputado Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), pese al criterio de la Dirección de Asesoría Legal del Congreso, que señaló que dichos informes debían seguir su curso en el plenario.
En su criterio, Jiménez citó también un documento del Departamento de Servicios Técnicos, de este jueves 14 de mayo, donde se dijo que la Asamblea Legislativa pierde su capacidad sancionadora cuando el denunciado pierde su investidura como legislador.
La decisión de la presidenta legislativa fue apelada por las cuatro fracciones del autodenominado bloque democrático: Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Los diputados del periodo recién concluido impidieron que se tomara una decisión sobre dichos informes, dos de los cuales sugieren la sanción para Alvarado por presunto hostigamiento sexual contra la exlegisladora Marulin Azofeifa, no solo cuando ella fue congresista, sino también como asesora de la fracción anterior (2022-2026).
El anterior presidente legislativo, Rodrigo Arias, había señalado el lunes 27 de abril, primero, y luego el martes 28, para hacer la discusión.
Sin embargo, la ausencia de los ocho legisladores chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la mitad del PUSC, los seis de Nueva República e independientes aliados del gobierno anterior impidió que se diera esa votación, dos días seguidos.
Ahora, la presidenta oficialista del Congreso envía al archivo dicho expediente.
‘Repudio el acoso’, dijo Yara Jiménez antes de archivar caso
Minutos antes de archivar el proceso contra Fabricio Alvarado, la presidenta legislativa adujo que ella repudia “total y absolutamente el acoso sexual, en cualquier ámbito y el caso bajo este expediente me ha generado un sentimiento importante de impotencia, como mujer, madre, hija y presidenta de este recinto”.
Yara Jiménez también aseguró que le generó un sinsabor, al identificar “una vez más el deber no cumplido por parte de la Asamblea anterior, que tenía las plenas potestades para juzgar el caso”.
A pesar de ese discurso, fue precisamente la fracción oficialista —de la que Pueblo Soberano se presenta como continuidad— la que, con sus ausencias, facilitó que se evitara votar sanción contra Fabricio Alvarado.
Yara Jiménez privilegió, en su resolución, un criterio del Departamento de Servicios Técnicos de tres páginas, emitido este mismo jueves, por encima del emitido por el Departamento de Asesoría Legal del 7 de mayo, de 12 páginas, que hace un estudio jurídico sobre el procedimiento.
“La Asesoría Legal dijo que la naturaleza jurídica de la sanción que puede imponer la Asamblea Legislativa es de carácter ético, según el artículo 4 del citado Reglamento contra el hostigamiento sexual, por lo que no es necesario, material ni jurídicamente, que la persona diputada se encuentre en ejercicio de sus funciones, sino que lo requerido jurídicamente es que el hecho generador de la denuncia se hubiese cometido cuando esa persona era diputada”, dice el criterio legal firmado por Freddy Camacho.
En cambio, el criterio de tres páginas firmado por el director del Departamento de Servicios Técnicos, Fernando Campos, alega que si la persona que eventualmente recibiría una sanción deja de ser diputado o diputada, “la Asamblea Legislativa perdería la potestad sancionadora”.
“La sanción por imponer es a un diputado o diputada, lo que implicaría que no basta que la persona investigadora tenga tal carácter al momento de plantear la denuncia, sino también es necesario que lo tenga al momento de decidir la aplicación de la sanción”, dice el breve informe.
PPSO rechaza apelación, salva de nuevo a Fabricio Alvarado
Luego de que las fracciones de la oposición apelaron la resolución de la presidenta legislativa, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) sepultó esa apelación con sus 29 votos (Kristel Ward está en permiso de maternidad y Reynaldo Arias se encuentra incapacitado).
El jefe del PPSO, Nogui Acosta, argumentó que la posición del partido de gobierno no es por el fondo. “Aquí no estamos juzgando a don Fabricio Alvarado, sino definiendo la legalidad de seguir con el procedimiento o no. No estamos votando esa sanción”, alegó.
El oficialista, quien siempre fue de la tesis de que no se podía jurídicamente tramitar la denuncia por abuso sexual, alegó que la posición de ellos se centró en la legalidad de si el procedimiento les permitía llegar a esa discusión.
Acosta adujo que ninguno de los oficialistas es proclive al acoso sexual. “Yo sí tengo hijas y entiendo muy bien cuáles son las consecuencias. No tratemos de torcer las cosas, ni estamos valorando si Fabricio Alvarado incurrió en esa conducta o no, no somos capaces de hacerlo, porque la normativa no lo permite”, dijo.
