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El viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas Picado, se comprometió en enero, en un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a extender las concesiones de radio y televisión por un periodo adicional al de los 15 meses que ya se había previsto, en junio del 2024.
Lo afirmado por el viceministro, con base en el interés superior del proceso electoral y la garantía de la ciudadanía a acceso a información electoral, consta en el oficio MICITT-DVT-OF-063-2025, con fecha del 29 de enero de 2025.
“El papel de las telecomunicaciones durante el periodo electoral es crucial para garantizar el acceso a información, promover la transparencia y facilitar la participación ciudadana en los procesos democráticos; se fomenta el ejercicio del derecho al voto y se combate la abstención; permiten, además, la transmisión de debates, eventos y conferencias de prensa relacionadas con el proceso electoral. La cobertura mediática contribuye a la fiscalización de los actores políticos y las instituciones encargadas del proceso”, manifestó Vargas en su carta, dirigida directamente a la magistrada Eugenia Zamora, presidenta del TSE.
Las manifestaciones y preocupaciones del viceministro Vargas son totalmente contrarias a lo dicho por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, este miércoles en conferencia de prensa, donde amenazó con un apagón de radio y televisión, si los diputados no aprueban el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para actualizar el costo de las frecuencias.
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Incluso, Chaves responsabilizó a la Asamblea por lo que podría ocurrir a partir de setiembre, cuando se cumple el periodo de 15 meses, ampliado por Zapote en el decreto ejecutivo 44539-MICITT, del 20 de junio de 2024.
Aunque en la conferencia del miércoles la ministra Paula Bogantes, del Micitt, dijo que el Ejecutivo debe decidir si extiende o no el plazo de la prórroga, Chaves la “corrigió” y aseguró que no se hará.
“Si se apagan las señales de antena de televisión y radio, sería porque a la Comisión de Ingreso y Gasto (cuando lo correcto es de Gobierno y Administración) no le ha dado la gana moverse para no afectar al señor del trencito (en referencia a Teletica).
“No va a depender de nosotros, no la vamos a extender, tienen hasta setiembre para enseñarle al pueblo de Costa Rica adonde están sus corazones, sus billeteras y sus intereses políticos, así de fácil”, dijo el mandatario.
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Ya este jueves, el TSE le prohibió al Micitt apagar las frecuencias de radio, en la opinión consultiva que emitió a solicitud de la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) y, aunque no se refirió a lo que corresponde a las frecuencias de televisión, es previsible que el Tribunal Supremo de Elecciones podría tomar una decisión idéntica, precisamente para salvaguardar el derecho de la ciudadanía a la información electoral.
En la nota del viceministro Hubert Vargas dice literalmente que “resulta fundamental extender dichas concesiones por un periodo adicional al previsto en el decreto ejecutivo”.
“La ampliación del vigente plazo para las concesiones administrativas de este servicio de telecomunicaciones garantizará la continuidad de un servicio esencial para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto informado, ajustado a la proporcionalidad requerida para cubrir el proceso electoral en todas sus posibles fases”, dice el funcionario.
Adicionalmente, Vargas dijo en su nota que esa extensión del plazo “equilibra adecuadamente el interés general que conlleva un proceso electoral transparente y participativo con el cumplimiento de las obligaciones administrativas relacionadas con las concesiones del espectro radioeléctrico, en un marco de seguridad jurídica”.
La nota del viceministro también enfatiza en que extender el plazo de las concesiones de las frecuencias fortalece la cobertura de la información electoral, la difusión de ideas y la pluralidad de opiniones, los cuales consideró “elementos indispensables para la transparencia y la legitimidad del ejercicio democrático en Costa Rica”.
El viceministro aseguró que el Gobierno de la República tiene un compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático, la libre información y la transparencia del proceso electoral.
