El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no encontró evidencia de que el fideicomiso Costa Rica Próspera fuera un grupo de pensamiento que explorara soluciones a la problemática nacional, como afirmó el hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, antes de las elecciones del 2022.
Ese fue el argumento usado por Chaves para negar que el fideicomiso era una estructura paralela que captaba recursos privados para financiar su campaña, al margen de los controles que establece la legislación electoral.
No obstante, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE sostuvo lo contrario en un informe emitido a finales de noviembre del 2024, el cual fue secuestrado el pasado 17 de enero por el fiscal general, Carlo Díaz, como parte de una investigación por un supuesto financiamiento ilegal.
“Este Departamento no tiene evidencias que apunten a que este grupo ciudadano se hubiera dedicado, efectivamente, al análisis de políticas públicas a nivel nacional o local. No se cuenta con insumos como informes, correos electrónicos, minutas o propuestas que acrediten que el fideicomiso constituido tenía por objeto contribuir al análisis y mejora de la realidad costarricense”, expuso el TSE.
El reporte señala que, más bien, surgieron evidencias de que el fideicomiso financió bienes y servicios que “habrían beneficiado directamente al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la candidatura del señor Rodrigo Chaves Robles y otras candidaturas de la agrupación política, en particular de los diputados Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar Loaiza, Waldo Agüero Sanabria y Manuel Esteban Morales Díaz, así como de los vicepresidentes Stephan Brunner y Mary Munive Angermüller”.
Oficialización de candidatura
Los gastos financiados por el fideicomiso, concluyó el TSE, se realizaron cuando Chaves oficialmente ya era el candidato presidencial del PPSD, en contra de lo alegado por el mandatario y la diputada oficialista Pilar Cisneros.
Esta última ha dicho que el dinero no califica como gasto electoral porque la postulación del actual mandatario no fue ratificada por el partido hasta setiembre del 2021.
No obstante, el Tribunal resaltó que, desde el 4 de julio del 2021, Rodrigo Chaves era el candidato de la agrupación.
“Sí se tiene evidencia de que la agrupación política normó procedimientos a lo interno para la definición de sus candidaturas para las elecciones nacionales del 2022. Ya desde el 1.° y 3 de julio del 2021 se habla, en el seno del Comité Ejecutivo Superior del PPSD, del señor Chaves Robles como candidato presidencial, candidatura que fue designada posteriormente por la Asamblea Superior, el 4 de julio del 2021.
“Incluso, la Asamblea Superior del partido político dictó, el 18 de ese mismo mes, un reglamento interno para regular el proceso de elección de precandidaturas a diputaciones, cuyo procedimiento presupone –necesariamente– la existencia de un candidato a la Presidencia de la República electo con anterioridad”, concluyó la autoridad electoral.
Pruebas de financiamiento electoral
Mediante el levantamiento del secretario tributario de las cuentas de la firma ATA Trust Company, que administró los recursos del fideicomiso, el TSE concluyó que el dinero captado se utilizó para pagar gastos electorales de la campaña de Chaves.
El Tribunal detectó facturas emitidas por ATA Trust con una clara intención electoral y vínculo con el PPSD. Corresponden a gastos hechos entre febrero y octubre del 2021.
El fideicomiso lo constituyeron Chaves y el banquero Jack Loeb (uno de sus principales financistas) en febrero del 2021. Captó recursos de 11 personas para financiar gastos electorales; sus identidades se mantuvieron ocultas antes de la primera ronda del 3 de febrero del 2022.
En total, a través de la aparente estructura paralela se habrían movilizado ¢112 millones para gastos proselitistas vinculados a la campaña del hoy gobernante.
Con esos recursos, se pagaron facturas de Progreso Social Democrático por servicios de agua, luz e Internet, así como la contratación y liquidación del personal de campaña y servicios profesionales. También, se cubrieron viáticos y el pago mensual del alquiler de la casa de campaña de Rodrigo Chaves.
El informe detalló, además, que Chaves usó las cuentas del fideicomiso para pedir donaciones a favor de su campaña, en un almuerzo en el Club Unión, el 5 de agosto del 2021, en el que la cuota de asistencia era de $1.500 (unos ¢976.500).
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El TSE le achaca a Chaves haber recaudado fondos para el PPSD mediante este fideicomiso sin haber sido autorizado por el tesorero del partido, además de recibir contribuciones o donaciones mediante una estructura paralela. Estos delitos conllevan penas de prisión de dos a seis años de cárcel, según el Código Electoral.
Él, junto al vicepresidente Stephan Brunner Neibig y el canciller, Arnoldo André Tinoco, aparecen como posibles responsables de cuatro delitos electorales vinculados con el fideicomiso Costa Rica Próspera.
Según el informe final de la investigación –el segundo emitido por el TSE–, el hoy presidente promovió la recepción de donaciones en el fideicomiso, mientras que Brunner ocultó lo que ocurría a pesar de que era el tesorero del PPSD y, por lo tanto, tenía el deber de denunciar.
En cuanto al canciller, se le cuestionó el doble papel de administrador y donante.