EscucharEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desmintió al presidente Rodrigo Chaves después de que este afirmó que el informe sobre las presuntas estructuras paralelas de financiamiento electoral es un simple “borrador”.
No se trata de un documento preliminar, sino del informe final de la investigación administrativa, aclaró Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
Este documento fue secuestrado por la Fiscalía General el 17 de enero, como parte de una pesquisa judicial sobre presuntos delitos electorales en la campaña de Chaves.
Este miércoles, durante una conferencia de prensa en Zapote, el mandatario calificó el informe como “un reporte preliminar” de un caso que no había sido investigado en su totalidad y que fue almacenado durante tres años sin ponerlo a él en conocimiento.
Según alegó Chaves, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos está por debajo de los magistrados del TSE y, por tanto, el documento no representaba una conclusión final.
“Eso lo tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, un departamento de tercer nivel, dirigido por un señor de apellido Chacón, encargado del financiamiento de partidos, quien reporta a un director electoral, que a su vez reporta a otro director o directora, y todos ellos están por debajo de los magistrados. Entonces, este señor Chacón escribió un reporte preliminar en el que a mí no se me ha indagado ni se me ha preguntado absolutamente nada, y estuvo guardado durante tres o tres años y medio. En octubre del año pasado, la Fiscalía le dice ‘pásame ese reporte’, y el Tribunal responde ‘no, señor, no, es que esto está empezando, es un borrador de un borrador de un estudio preliminar’, argumentó Chaves.
También, acusó al fiscal general, Carlo Díaz, de actuar con “desesperación”.
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El documento en cuestión, que fue resguardado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, detallaba cómo los fondos la campala de Chaves se habría beneficiado de la captación de fondos, mediante dos estructuras paralelas, sin pasar por las cuentas oficiales del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
De acuerdo con el informe secuestrado, al que tuvo acceso La Nación, una de las estructuras funcionó a través del fideicomiso Costa Rica Próspera, mientras que la otra utilizó las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien fue asistente personal de Chaves durante una parte de la campaña. Además, la investigación señala que el presidente, el vicepresidente, Stephan Brunner, y el canciller, Arnoldo André, podrían haber incurrido en delitos electorales relacionados con la recepción y ocultamiento de estas donaciones ilegales.
De acuerdo con el Código Electoral, estas violaciones pueden ser castigadas con penas de cárcel de hasta seis años. Ahora, la investigación continua bajo la supervisión del Ministerio Público.
