EscucharEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar un amparo electoral contra el presidente Rodrigo Chaves, por manifestaciones que lesionan el derecho al voto libre de presiones de las autoridades públicas.
La denuncia fue interpuesta por el politólogo Claudio Alpízar, quien alegó que Chaves ha utilizado, “de manera sistemática”, los canales oficiales de la Presidencia de la República para promover “su proyecto político”, “mediante la eventual candidatura de un tercero afín a su línea política en las elecciones presidenciales de 2026”.
Alpízar también reclamó que el presidente habría hecho un “uso indebido de recursos estatales con fines de posicionamiento electoral indirecto”; y que estaría generando “un ambiente de ventaja injustificada para actores políticos” afines.
Ante los señalamientos, los jueces electorales concluyeron que Chaves “incurrió en actuaciones que, por su carácter reiterado y su innegable gravedad, afectaron derechos fundamentales del amparado, de manera directa, y del electorado, en forma refleja, en específico los derechos a la libertad del sufragio y al derecho de sufragio pasivo por alteración de la equidad de la contienda electoral”.
La sentencia de los magistrados no acarrea sanciones específicas contra el gobernante, pero sí previene a Chaves de abstenerse de realizar cualquier conducta que incida en la libre determinación de los votantes.
“Tendrá prohibido realizar cualquier manifestación o acto que pueda beneficiar o afectar a cualquiera de los partidos, candidaturas, precandidaturas, tendencias o movimiento político que aspire a contender por cargos de representación en los comicios de 2026″, explica un comunicado del ente electoral.
El TSE aclaró que la gestión no se trata de un “recurso de amparo electoral por beligerancia política”. Igualmente, señaló que lo resuelto no supone un adelanto de criterio en relación con las denuncias por supuesta beligerancia política en contra Chaves, las cuales se tramitan en otros expedientes.
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Los magistrados alegaron que la legítima rendición de cuentas sobre el accionar del gobierno no requiere “manifestaciones concretas y reiteradas, en las que se evidencia una intención de persuadir a las personas para que tomen una postura político-electoral específica”.
