La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, confirmó que alrededor de 2.000 privados de libertad no disponían de cédulas de identidad de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero.
“La administración penitenciria nos reportó, y también por los interesados, que había una cantidad muy grande, 2.000 personas ubicadas en alta contención (en La Reforma), que estaban sin cédula", explicó Zamora, la mañana de este viernes en conferencia de prensa.
La funcionaria explicó que, debido al corto plazo disponible, la opción más rápida es reimprimir las cédulas, ya que producirlas desde cero es un proceso más largo y no alcanzaría el tiempo antes del día de las elecciones.
La presidenta del TSE agregó que “las mismas van a ser entregadas por los funcionarios del Tribunal encargados de las Juntas Receptoras de Votos ubicados en los centros penitenciarios”.
Zamora añadió que como parte del trabajo realizado, también se hizo la entrega de material electoral y planes de gobierno a los privados de libertad, para que pudieran informarse sobre el proceso y emitir un voto informado.
Supuestas retenciones y destrucciones
El TSE recibió amparos electorales en donde se alegaba que los reclusos no contaban con la cédula de identidad, alegando en algunos casos que los documentos habían sido supuestamente destruidos o retenidos por las autoridades penitenciarias.
“Iniciar una investigación preliminar sobre los hechos relatados en cuanto a la retención o a la destrucción de cédulas de identidad, así como acerca de presuntas omisiones en lo que refiere a gestionar el traslado de domicilio electoral de las personas privadas de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro", dispusieron los magistrados electorales en una resolución del pasado 15 de enero.
En otra resolución del TSE, del 22 de enero anterior, recordó que el sufragio es un derecho fundamental y que solo se puede limitar por “condena, por juez competente, en proceso penal.”
“De acuerdo con lo anterior, no toda persona costarricense mayor de dieciocho años que sea privada de su libertad puede ver suspendida su condición de ciudadana, ya que, para ello, se requiere que, en sentencia firme, el respectivo tribunal haya impuesto como pena la ‘privación de los derechos políticos activos y pasivos’.
“En los demás casos, la persona recluida mantiene su derecho humano de elegir a sus gobernantes, motivo por el cual este Tribunal, desde finales del siglo anterior, instala juntas receptoras de votos en los centros penitenciarios y realiza giras de cedulación en las cárceles”, señalaron los magistrados electorales.
Ante la consulta de La Nación, el Ministerio de Justicia y Paz indicó que, en coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Registro Civil, se han realizado gestiones para garantizar el derecho al voto de las personas privadas de libertad.
Según explicaron, estas acciones incluyen la actualización de padrones electorales en los centros penitenciarios y jornadas de reconocimiento, emisión y entrega de cédulas de identidad, incluso para documentos vencidos o inexistentes.
También rechazaron señalamientos sobre destrucción de cédulas y aseguraron que las gestiones continuarán hasta el día de las elecciones, en apego a la ley y a los derechos humanos.
Empadronados fuera de centro penitenciarios
En entrevista con La Nación, el director del Registro Civil, Luis Bolaños, confirmó la reimpresión de los documentos de identidad.
Explicó que, por ahora, solo se reimprimirán las cédulas de las personas privadas de libertad que sí pueden votar, ya que existen casos empadronados fuera del centro penitenciario.
“El centro penitenciario no te va a llevar a barrio México a votar, no tiene la capacidad de hacerlo, porque son muchas personas en esas condiciones”, dijo Bolaños.
En esas situaciones, los reclusos no podrán ejercer el sufragio. Bolaños señaló que esta condición corresponde a la mayoría de los casos y que la emisión de la cédula de identidad se atenderá posterior a la elección.