El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que puso en marcha una investigación administrativa preliminar por parte de la Inspección Electoral, luego de que recibió una denuncia por parte de un particular en contra de la Administración Penitenciaria del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.
El denunciante señaló, desde el 9 de enero del presente año, la presunta no tramitación, decomiso y deterioro de cédulas de identidad de personas privadas de libertad, de cara a las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo domingo 1.° de febrero. Este documento es fundamental para que los reclusos puedan ejercer su derecho al voto.
Una vez en conocimiento de los hechos denunciados, la entidad electoral, mediante resolución dictada el 15 de enero, ordenó a la Dirección General del Registro Civil emplear las acciones necesarias para dotar de cédula de identidad a las personas afectadas, incluyendo la posibilidad de reimprimir el documento de identidad.
Lo anterior, concluyó el Tribunal, “con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de su derecho al sufragio”.
Además, se instruyó a las autoridades penitenciarias a asegurar que las personas privadas de libertad mantengan su cédula de identidad dentro de sus pertenencias personales. “La retención de dicho documento constituye un obstáculo ilegítimo para el ejercicio del voto”, se lee en la información remitida por el departamento de prensa de la institución.
El TSE destacó que la información no fue comunicada por la Fiscalía de Ejecución de la Pena o por la Fiscalía General. La Nación envió consultas al Ministerio de Justicia desde el 14 de enero; sin embargo, desde entonces no se ha recibido respuesta. Esta es la cartera del Poder Ejecutivo a la que le corresponde la administración del sistema penitenciario.