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Por dudas sobre el origen de los recursos, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió este martes una investigación preliminar sobre los hermanos Yann Eduardo y Stephan Roberto Turcios Stiegler, quienes le inyectaron ¢124 millones a la campaña de Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano (PPSO), mediante la compra de bonos de deuda política.
A principios de este mes, el órgano electoral le pidió a los hermanos Turcios Stiegler información sobre su solvencia económica y el origen de los recursos aportados. Ambos respondieron a ese requerimiento este lunes, en horas de la tarde.
Este martes, tras analizar la información, Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, decidió abrir una pesquisa, pues la información aportada generó más dudas que certezas.
“Vista la información aportada y ante la necesidad de profundizar sobre el origen y trazado de los recursos de interés ante la persistencia de dudas sobre estos extremos, este Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos ha dispuesto, el día de hoy (martes para el lector), la apertura de una investigación administrativa preliminar, bajo la modalidad de estudio especial, con el número de expediente N.° DFPP-EE-001-2026″, precisó Chacón, en un correo electrónico ante una consulta de La Nación.
Este diario solicitó una copia de la documentación entregada por los hermanos Turcios Stiegler; sin embargo, Chacón aseguró que jurídicamente no es posible, al “contener información sensible protegida por la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales”.
El funcionario tampoco precisó por qué de la documentación entregada por los financistas de Fernández, se determinó la necesidad de una investigación más exhaustiva.
En un artículo del semanario El Financiero, de setiembre del 2021, ellos aparecen como fundadores de una empresa llamada Ridivi, que ofrece servicios de pagos y transferencias vía WhatsApp.
Los empresarios son sobrinos de Jaime Reinaldo Turcios Oreamuno, quien era viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del gobierno izquierdista de la presidenta Xiomara Castro. Ella dejó el poder este lunes 27 de enero.
El mayor de los hermanos estuvo en la cena de Estado que el Gobierno de Costa Rica le ofreció al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, en noviembre del 2024. Entró al Teatro Nacional como parte de la delegación salvadoreña.
En lista de 86 financistas
Los Turcios figuran en una lista de 86 personas que adquirieron certificados de deuda política de la agrupación entre octubre y diciembre del 2025.
Estas 86 personas adquirieron bonos serie A por ¢1.134 millones y a cambio desembolsaron ¢966 millones. La mayoría tuvo un descuento del 15%. Esto significa que, en caso de que los bonos adquieran validez con el resultado de las elecciones, se ganarán el 15% de diferencia además de los intereses que el Estado reconoce por ley.
Los hermanos pagaron ¢124 millones. Cada uno aportó ¢62 millones por certificados con un valor nominal de ¢145,8 millones. Es decir que obtendrán una ganancia de ¢21,8 millones más intereses en caso de que los bonos adquieran valor.
La legislación establece que los certificados devengan la tasa básica pasiva más un punto, lo que hoy equivale a 4,76%. El Estado paga el interés cuando los tenedores hacen efectivos los bonos, después de que el TSE liquida los gastos de los partidos.
Solo una persona desembolsó más dinero que ellos dos, hasta el 31 de diciembre del 2025. Se trata de Francisco Javier Morice Castro, quien aparece comprando bonos por ¢106,4 millones y desembolsando ¢90,3 millones.
Ronald Chacón precisó que no solo a los hermanos Turcios Stiegler se les cursó un requerimiento de solvencia económica, sino que lo ha hecho con prestamistas, donadores, compradores de certificados y otros que hayan hecho aportes por $10.000 o más.
“En la actualidad, se está elaborando un número importante de consultas a otros agentes involucrados en el financiamiento de todos los partidos políticos y su emisión estará teniendo lugar de forma progresiva y conforme se realicen los análisis de los informes partidarios intermedios y las cargas de trabajo lo permitan”, recalcó.
