Alberto Vargas Zúñiga, creador del personaje ficticio Piero Calandrelli, declaró ante la Fiscalía General que le pagaron $500 por elaborar, con información inventada o tergiversada, el video de TikTok sobre el supuesto “megacaso” de evasión que el gobierno de Rodrigo Chaves le achaca el empresario Leonel Baruch, accionista del Banco BCT y del medio digital CRHoy.
Apercibido de que podría incurrir en falso testimonio si faltaba a la verdad como testigo, Alberto Vargas precisó que el 95% de la información incluida en el video era falsa y que lo hizo por solicitud de la diputada Pilar Cisneros.
Afirmó que Cisneros le pidió atacar a Leonel Baruch porque era “un evasor de impuestos” y le dijo: “No importa si ustedes tienen que exagerar”, pues “el tico básico todo lo cree”.
La declaración del trol se produjo en el marco de una investigación judicial por presunto abuso de autoridad en contra del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien efectuó una conferencia de prensa en enero del 2023 para presentar el supuesto megacaso. Posteriormente, el jerarca admitió en la Asamblea Legislativa que no existía ningún informe técnico al respecto y que todo había partido de un video de TikTok.
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Ante el fiscal general Carlo Díaz, el trol añadió que él buscó los datos para construir la narrativa y que de la edición se encargaron el informático ucraniano Remi Osman Mucondo, quien ofreció servicios de “mano izquierda” durante la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, y el productor audiovisual Robert Barrantes, quien en redes sociales aparece como Robert Junior.
En la declaración de tres páginas rendida el 30 de setiembre del 2024, Alberto Vargas dijo que los $500 se los entregó Remi Osman Mucondo.
“El video fue realizado durante la campaña presidencial y fue publicado a finales de noviembre del 2021. En mi caso, se publicó en la página Piero Calandrelli en Facebook, pero conozco que también fue publicado por los señores Robert Junior (no recuerdo el apellido), Yendry Quiros, William Alfonso (no recuerdo los apellidos) y Diego Porras”, dijo Vargas.
Cisneros pidió el video, asegura trol
Alberto Vargas declaró que conoció a Pilar Cisneros a finales del 2020, mediante un intercambio de mensajes privados en Facebook.
Posteriormente, ambos se reunieron en unas cuatro ocasiones, la primera en un restaurante mexicano, cerca de canal 7, en La Sabana, para hablar sobre Chaves y sus propuestas de campaña. Según su testimonio, en el último encuentro, ella lo contactó telefónicamente con Remi Osman Mucundo, a quien definió como la persona que se encargaba de “realizar, por medio de redes sociales, los ataques contra personas o medios de comunicación”.
“Luego de eso, junto a Remi, se empezó a trabajar en los ataques que serían realizados por medios de redes sociales (...). Para ello, contactamos a varias personas para que nos hicieran circular todo el contenido en redes sociales. Doña Pilar Cisneros era la que realizaba la identificación de la persona o empresa a la que se dirigiría el ataque.
“El procedimiento era el siguiente: Pilar Cisneros hacía la petición al señor Federico Cruz, alias Choreco, (el otrora asesor de imagen del mandatario) y este a su vez hacía la gestión a Remi Osman y a mi persona. En otras oportunidades, el contacto era directo de la señora Pilar Cisneros con mi persona, mediante mensajes de texto”, narró Alberto Vargas, quien dijo que podía entregar prueba de estos intercambios y dar su teléfono a la Fiscalía.
“Nos reunimos Remi y yo, unos cinco días después, para trabajar con la generación del video. Para ello, buscamos información de los Panama Papers. Yo me encargué de buscar la información y Remi se encargó de hacer toda la edición del video con la ayuda de Robert Junior, que actualmente es uno de los troles del gobierno. La edición del video tardó cerca de una semana; el 95% de la información fue inventada o tergiversada. Una vez que se finalizó, me reuní con Remi y me pagó $500.
“La publicación del video (TikTok) se hizo contando con el visto bueno de la señora Pilar Cisneros; recuerdo que ella me llamó por medio de WhatsApp y me dijo: ‘Piero, muy bueno, súbalo’, y así fue”, se consignó en su declaración, la cual lleva su firma y la del fiscal Carlo Díaz, según un documento en poder de La Nación.
Pilar Cisneros: ‘Es un gran mentiroso’
Consultada por este diario sobre la declaración de Alberto Vargas, la diputada Pilar Cisneros lo calificó como “un gran mentiroso”:
“¿Está hablando del trol confeso Piero Calandrelli? Yo ni siquiera me sé el nombre oficial de él, yo lo conozco como Piero Calandrelli. El mentiroso número uno, el que ofreció hace dos años, en la comisión (investigadora del financiamiento electoral), que iba a traer las pruebas de que en la Casa Presidencial había granjas de troles produciendo material para el gobierno. Han pasado dos años y ¿sabe qué dice Piero Calandrelli?, que no encuentra una fotocopiadora para traer las pruebas. Exactamente, el mismo mentiroso compulsivo que se atreve a decir eso”, aseveró la diputada.
Sostuvo que ella no tenía idea de que ese tiktok existía, sino que se enteró de este cuando Nogui Acosta lo mencionó en la Asamblea Legislativa.
Además, insistió sobre Alberto Vargas: “Nunca he tenido una conversación entre ese señor, Choreco y Remi Osman Mucondo. Olvídese, nada que ver”.
“Está en un serio problema, porque si no presenta las pruebas, que no las va a presentar, porque no existen, estoy considerando seriamente la posibilidad de contrademandarlo por difamación y por hacer una demanda absolutamente calumniosa.
“Tendrá que atenerse a las consecuencias. Nunca le he dado una orden a él, nunca he hablado con él, nunca he discutido con él absolutamente nada. Entonces, si dice lo que dice, más le vale que presente las pruebas”.
‘Lo voy a demandar’
Al igual que Cisneros, el ucraniano Remi Osman Mucondo negó que lo dicho por Vargas sea cierto y aseguró que lo va a demandar.
“Yo no vivo de la política, estoy en eso porque me gusta, por convicción. Quiero ver pruebas de eso que él dice, las quiero ver, donde yo hago el tiktok y le pago $500. Quiero ver las pruebas, porque si no las veo, ese señor va a sufrir una demanda, la cual mi abogado ya la está alistando.
“Quiero ver pruebas de eso que él dice, porque él puede decir lo que sea, que yo soy un asesino, un pedófilo, lo que sea, puede decir lo que sea, mucha cosa, pero se ocupa probar. A mí no me toca probar, a él le toca probar. Perdón mi francés, pero ya me harta ese tema. Ese men es un auténtico mercenario. Se acuesta con el diablo, si es necesario, y todo bien, diay, eso es opción de él, pero yo refuto categóricamente todas las declaraciones de ese men.
“(...) el que no debe no teme. Que presente pruebas, el día que presente pruebas, ahí vemos, pero no las hay, porque es mentira, ese señor es un mentiroso compulsivo, incluso, enemigos de Chaves dicen que es un mentiroso“, afirmó el informático.
La Nación intentó contactar a Federico Cruz a través de sus teléfono celulares, sin que se obtuviera una respuesta a la hora de publicar este artículo.
Denuncia de Baruch contra Acosta
Por la denuncia del supuesto “megacaso” de evasión, en el 2023, la Fiscalía General abrió un expediente (N.° 23-000009-0033-PE) contra Nogui Acosta y el director de Tributación, Mario Ramos, por los supuestos delitos de abuso de autoridad y difusión de información falsa.
A esa causa se sumó otra denuncia de Baruch por un presunto incumplimiento de una orden de la Sala IV.
Se trató del voto 13223-2023, del 2 junio del 2023, en el que los magistrados ordenaron a los jerarcas entregar a Baruch el informe técnico tributario que sustentó el supuesto fraude fiscal por más de ¢11.000 millones que el gobierno de Rodrigo Chaves achaca a una sociedad del empresario, llamado Beta Matrix S. A.
Baruch informó de que la Sala IV tuvo por probado que Hacienda no le entregó el informe técnico sobre el supuesto “megafraude”, pese a que el empresario lo solicitó formalmente, para que él pueda ejercer su defensa.
El tiktok fue la base de la denuncia sobre el supuesto “megacaso” de evasión fiscal, anunciado por Acosta el 19 de enero del 2023, según el mismo reconoció ante los diputados. En aquel momento, el ministro dijo que el monto de la evasión ascendía a ¢11.000 millones y mencionó que la “maniobra fraudulenta” estaba relacionada con una entidad ligada a un banco costarricense y a otro en Panamá.
Además, declaró que ese fraude “representó para los costarricenses 1.297 soluciones de vivienda que no se hicieron, más de 23.000 becas de Avancemos que no se dieron”.