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El tesorero del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Raúl Zamora Trejos, confirmó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que en diciembre de 2025, la entonces integrante de la Junta Directiva del Banco Popular (BP), Iliana González Cordero, transfirió ¢4.250.000 a esa agrupación política para comprar bonos de la campaña de la actual presidenta de la República, Laura Fernández. Esto sucedió pese a la prohibición legal que impide a los directivos bancarios participar en política electoral.
Tras el depósito, según el tesorero, la funcionaria solicitó “expresamente” que los bonos de la deuda política fueran acreditados a nombre de una de sus hijas.
Por esa razón, explicó, el PPSO primero consignó ante el TSE que los bonos estaban a nombre de Iliana González en enero de 2026, pero luego en abril, concluida la contienda, eliminó su nombre en un nuevo reporte y, en su lugar, atribuyó la transferencia a la hija: Priscila Alfaro González, de 27 años.
Así lo justificó el tesorero de Pueblo Soberano en una nota enviada al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, el 16 de julio anterior, el mismo día que La Nación reportó sobre esa inconsistencia en los registros partidarios.
“Sobre el caso relacionado con la señora Iliana González Cordero, se informa que la transferencia bancaria fue efectivamente realizada por dicha persona”.
“No obstante, previo a la entrega del material de los certificados, la señora González manifestó expresamente su voluntad de que los certificados fueran emitidos y entregados a nombre de su hija Priscila Alfaro González, razón por la cual la Tesorería registró dicha modificación antes de la entrega definitiva del título.
“La variación obedeció exclusivamente a la solicitud de la adquirente y no implicó modificación alguna del monto aportado ni de los recursos ingresados al partido”, alegó Zamora en el oficio N.° PPSO-TN-0027-2026.
El nombramiento de Iliana González Cordero en la Junta Directiva del Banco Popular venció el 31 de julio de 2026; sin embargo, aún funge como directora de la Junta Directiva de Popular Seguros, según confirmó la oficina de Comunicación Corporativa de la entidad bancaria.
‘No me corresponde referirme a afirmaciones atribuidas a terceros’
Consultada sobre las declaraciones del tesorero del PPSO, Iliana González no negó la transferencia bancaria, pero insistió en que ella no compró bonos de la campaña del ahora partido oficialista.
Sostuvo que, según el libro de registro de tenedores de las cesiones de certificados, no participó en la operación.
En el reporte de enero sí aparecía y así consta, hasta el día de hoy, en documentos públicos que constan en el sitio web del TSE.
“Desconozco las manifestaciones que, según su consulta, habría realizado el señor Raúl Zamora. No lo conozco y no me corresponde referirme a afirmaciones atribuidas a terceros.
“Tengo pleno respeto por las actuaciones que realizan las autoridades competentes y confío en que será ese proceso el que permita esclarecer cualquier inconsistencia relacionada con la documentación presentada por el partido político.
“Por esa razón, y por tratarse de un asunto que se encuentra siendo conocido por las instancias correspondientes, no emitiré comentarios adicionales sobre este tema”, afirmó González en un correo electrónico.
Investigación preliminar del TSE
Actualmente, y tras la argumentación del tesorero del PPSO, el TSE decidió iniciar una investigación administrativa preliminar, “con el objetivo de identificar el origen de los recursos asociados por el PPSO a la señora Iliana González Cordero y determinar si, en la especie, pudiera haberse configurado algún ilícito electoral (ya sea falta o delito) vinculado a tal transacción”.
Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del órgano electoral, detalló que así se acordó el pasado 28 de julio y que el caso se tramita bajo el expediente N.° DFPP-EE-005-2026.
El Código Electoral, en el artículo 274, inciso e, sanciona con penas de dos a cuatro años de cárcel a quien “contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras personas”.
Chacón precisó que en esa pesquisa administrativa no se analizará una eventual beligerancia política. No obstante, reconoció que “si se llegara a identificar indicios que puedan enmarcar en una posible comisión de actos de esa naturaleza u otra que vulnere lo previsto en la normativa electoral, correspondería informar lo correspondiente a las instancias internas competentes para lo de su cargo”.
Sumado a ello, agregó que un órgano interno del Banco Popular ya había solicitado información sobre esta situación, pero que no podía dar más detalles “por tratarse de un asunto cubierto por el velo de confidencialidad”.
El BP confirmó, mediante su Oficina de Comunicación Corporativa, que tras la publicación de este diario, la Auditoría Interna “realizó las gestiones correspondientes para obtener la información necesaria y valorar los hechos desde la perspectiva institucional”, pero que no podía emitir más detalles hasta que el proceso concluyera.
La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, en su artículo 29, solo permite que los directivos bancarios ejerzan su derecho al voto el día de las elecciones. El resto de actividades, como financiar partidos políticos, está prohibido.
Respuesta del PPSO llegó 24 días después
Las explicaciones del PPSO sobre la inconsistencia en la compra de estos bonos llegaron 24 días después del plazo que le otorgó el TSE y justo después de que este diario envió consultas a la presidenta y diputada de la agrupación, Mayuli Ortega, quien, a la hora de publicar este artículo, no había respondido a las consultas enviadas.
Los cuestionamientos del órgano electoral surgieron porque en un documento enviado en enero, Pueblo Soberano detalló que Iliana González recibió cinco bonos de cesión de la contribución estatal por un total de ¢5 millones, lo que generó una ganancia de ¢750.000 más intereses, en vista de que el monto pagado fue de ¢4.250.000.
Dicho registro, correspondiente a la colocación de bonos de diciembre de 2025, especificó que el dinero ingresó a las arcas del PPSO el 12 de ese mes mediante la transferencia N.° 98065134, en la cual el detalle decía: “GONZÁLEZ-CORDER BONOS TIPO A P”.
Pero eso cambió en abril. El nombre de González no apareció en un nuevo listado presentado por Pueblo Soberano sobre las personas que compraron certificados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.
En su lugar, el partido le atribuyó la transferencia de ¢4.250.000, con la misma fecha, a su hija, Priscilla Alfaro González.
Además, hizo otra variación. En el reporte de enero, el PPSO le asignó a Iliana González Cordero los bonos 1.453, 1.454, 1.455, 1.456 y 1.457, cada uno valorado en ¢1.000.000. Tres meses después, le atribuyó a la hija de la exdirectora bancaria los certificados 1.005, 1.006, 1.007, 1.008 y 1.009 (también valorados en ¢1.000.000 cada uno), pero asociados a la misma transferencia bancaria. Esta última parte no cambió.
A su vez, los bonos que en un principio se le atribuyeron a la integrante del máximo órgano del BP se asignaron a otras dos personas: cuatro a Rubén Zamora Castro (1.453, 1.454, 1.455 y 1.456) y uno a Fernando Felipe Suárez Castro (1.457), por transferencias que se hicieron el 30 de enero.
Así lo corroboró La Nación al revisar los informes que el PPSO entregó al TSE, que son públicos y se encuentran en el sitio web institucional.
