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El Partido Pueblo Soberano (PPSO) reportó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que Iliana González Cordero, integrante de la Junta Directiva del Banco Popular (BP), aportó ¢4.250.000 a la campaña electoral de la presidenta de la República, Laura Fernández, lo cual es prohibido por ley. La legislación impide a los directivos bancarios participar en actividades político-electorales.
En enero del 2026, el PPSO consignó, en un documento enviado al TSE, que la directora hizo una compra de bonos de deuda política. Sin embargo, en abril, concluida la contienda, la agrupación eliminó el nombre de González Cordero en un nuevo reporte sobre los bonos y, en su lugar, atribuyó la transferencia a una de sus hijas, de 27 años.
En el documento de enero, Pueblo Soberano señaló que la directora del Popular recibió cinco bonos de cesión de la contribución estatal por un total de ¢5 millones, lo que generó una ganancia de ¢750.000 más intereses, en vista de que el monto pagado fue de ¢4.250.000.
Dicho registro, correspondiente a la colocación de bonos de diciembre del 2025, especificó que el dinero ingresó a las arcas del PPSO el 12 de diciembre de ese año mediante la transferencia N.° 98065134, en la cual el detalle decía: “GONZÁLEZ-CORDER BONOS TIPO A P”.
Todo cambió en abril. El nombre de González no apareció en un nuevo listado presentado por Pueblo Soberano sobre las personas que compraron certificados entre noviembre del 2025 y marzo del 2026.
En su lugar, el partido le atribuyó la transferencia de ¢4.250.000, con la misma fecha, a su hija: Priscilla Alfaro González. Además, hizo otra variación.
En el reporte de enero, el PPSO le asignó a Iliana González Cordero los bonos 1.453, 1.454, 1.455, 1.456 y 1.457, cada uno valorado en ¢1.000.000. Tres meses después, le atribuyó a la hija de la directora bancaria los certificados 1.005, 1.006, 1.007, 1.008 y 1.009 (también valorados en ¢1.000.000 cada uno), pero asociados a la misma transferencia bancaria. Esta última parte no cambió.
A su vez, los bonos que en un principio se le atribuyeron a la integrante del máximo órgano del BP se le asignaron a otras dos personas: cuatro a Rubén Zamora Castro (1.453, 1.454, 1.455 y 1.456) y uno a Fernando Felipe Suárez Castro (1.457), por transferencias que se hicieron el 30 de enero.
Así lo corroboró La Nación al revisar los informes que el PPSO entregó al TSE, que son públicos y se encuentran en el sitio web institucional. Los hechos también constan en una prevención remitida por el Tribunal al tesorero suplente del PPSO, Raúl Zamora Trejos, el 10 de junio del 2026.
PPSO no responde al TSE
Este hecho está siendo indagado por el TSE para determinar el origen real de los fondos. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos envió una prevención al PPSO, sin que el partido haya emitido una respuesta, pese a que se le pidieron explicaciones al tesorero desde hace más de un mes.
En paralelo, el Banco Popular también solicitó información al Tribunal sobre lo sucedido. La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, en su artículo 29, solo permite que los directivos bancarios ejerzan su derecho al voto el día de las elecciones. El resto de actividades, como financiar partidos políticos, están prohibidas.
‘Eso fue un error del partido’, dice directora del BP
Iliana González, quien fue candidata a vicepresidenta con el partido Unidos Podemos (UP) en el 2022 y llegó al BP en octubre del 2022, negó haber adquirido esos bonos de la campaña de Laura Fernández. Aseguró desconocer por qué razón su nombre apareció en el reporte que Pueblo Soberano envió al TSE.
“Eso fue un error del partido, pero no, yo no compré ningún bono (...). Pienso que fue mala intención. En estos tiempos políticos, todo mundo quiere ensuciar nombres, no tengo idea qué sucedió”, alegó González, quien negó que ese dinero hubiese salido de sus cuentas bancarias.
Posteriormente, ante una pregunta de La Nación, manifestó que su hija adquirió los certificados como inversión personal, aunque recalcó que ella no tuvo ninguna participación.
“Es una inversión de mi hija y punto, o sea, no soy yo (...). No hay noticia, alguien tuvo mala intención para hacer noticia (...). Yo sí sé que tengo clara la legislación y que no compré ningún bono. Eso es lo que tengo claro”, afirmó, e insistió en que ya no es directora del BP porque la Junta Directiva quedó desintegrada el pasado 1.° de julio, tras la salida de dos de sus miembros.
No obstante, lo cierto es que su nombramiento está vigente hasta el 31 de julio.
Este diario también remitió preguntas a la presidenta y diputada del PPSO, Mayuli Ortega, para que explicará la situación y por qué no le han contestado al TSE, sin que se obtuviera una respuesta al cierre de esta edición, aunque ella pidió que se le enviaran las consultas por WhatsApp.
Problemas de ‘trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información’
En la prevención enviada al PPSO, el Tribunal de Elecciones indicó que “se identificó una relación directa entre ambas personas, toda vez que la señora Iliana González Cordero corresponde a la madre de la señora Priscila Alfaro González, circunstancia que incrementa la necesidad de contar con documentación que permita acreditar la naturaleza y justificación de los cambios observados.
”Las situaciones descritas evidencian inconsistencias en la identificación de los tenedores de los certificados de cesión y en la asociación de las transacciones bancarias que respaldan las respectivas operaciones, afectando la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información contenida en los reportes de colocación remitidos a esta instancia", explicó en ese documento Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
En ese mismo oficio (N.° PREV-DFPP-0117-2026), el órgano electoral recordó que, cuando un bono se transfiere de una persona a otra, eso se debe registrar expresamente, “manteniendo la referencia al primer tenedor e incorporando la información del nuevo titular en una línea de registro independiente”. Algo que, al parecer, no ocurrió en este caso.
“Los certificados de cesión únicamente pueden transmitirse mediante endoso nominativo, acto que debe quedar debidamente documentado y reflejado en los reportes remitidos a este departamento”, agregó Chacón.
Ante las circunstancias, el jefe del TSE solicitó aclaraciones al tesorero suplente del PPSO, Raúl Zamora, y “remitir la documentación de respaldo que permita acreditar la legitimidad de este y cualesquiera otros movimientos similares”.
No obstante, aunque giró esa petición hace más de un mes, Chacón confirmó este martes 14 de julio, mediante un correo electrónico, que aún no recibe una respuesta.
“Dicha agrupación política tenía plazo para responder dicho apercibimiento hasta el pasado 22 de junio. A la fecha, el Departamento se encuentra a la espera de la respuesta de la prevención referida a efectos de precisar las acciones a seguir, en virtud de la inconsistencia citada en ese documento”, afirmó.
Por otra parte, agregó que el BP solicitó información. “Se identificó una consulta planteada por un órgano de esa institución bancaria. Ahora bien, no es posible brindar detalles por tratarse de un asunto cubierto por el velo de confidencialidad”, indicó.
