La violencia verbal que vierten algunas figuras gobernantes podrían verse como una forma de “autorización” o “legitimación” de expresiones similares por parte de los ciudadanos, según advierten expertos en libertad de expresión.
En entrevista con La Nación, la directora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica, Giselle Boza, y el politólogo e investigador de ese mismo programa, Óscar Jiménez, advierten lo que la doctrina llama “efecto cascada”.
“Cuando figuras de autoridad, legitimidad pública, que ocupan cargos relevantes en la política o en el contexto social de un país deciden emitir ciertos pronunciamientos narrativos radicalizantes, polarizantes o insultos, pareciera que ‘hay como una especie de permiso social’ para que sus seguidores adeptos y simpatizantes lo hagan”, dijo Jiménez.
El investigador lo resume en una frase: “Si mi líder lo hace, ¿yo por qué no lo hago?”, en referencia a lo que podría pensar un militante.
Jiménez advirtió que ese “efecto cascada”, que se ha visto en otros países centroamericanos, como El Salvador, “puede erosionar el debate público, no solo su calidad, sino la posibilidad de llegar a acuerdos”.
Boza y Jiménez coinciden en que esa exacerbación de violencia también podría tener dos vías: contra la oposición por parte de los oficialistas y viceversa.
“Es algo en lo cual evidentemente todas las personas involucradas en el debate público podemos caer (...) Si uno responde de una determinada manera y el otro responde de una manera similar, vamos a entrar en una espiral de erosión que no nos va a llevar a ningún lado como sociedad”, dijo Jiménez.
Recalcó que una democracia es “eminentemente estar en desacuerdo”, pero sin necesidad de caer en la violencia contra el adversario político.
‘En Costa Rica, hay una tendencia a la autocensura’
Giselle Boza, directora del Proledi, advirtió que el uso recurrente de la vía penal para encauzar determinadas expresiones podría generar autocensura entre la ciudadanía. No obstante, reconoció que la propia violencia verbal también puede producir ese fenómeno.
“En Costa Rica hay una tendencia a la autocensura y eso es muy preocupante porque lo que quisiéramos es que las personas participaran libre y abiertamente en el debate democrático”, advirtió Boza.
Según la tercera Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en los Medios de Comunicación, publicada en noviembre del 2025, siete de cada diez costarricenses consideran que existen amenazas contra la libertad de expresión, mientras la autocensura crece en las personas que se oponen al gobierno de Rodrigo Chaves por temor a represalias, según el estudio.
En 2025, un 46,5% de los encuestados manifiestan temor a expresar sus opiniones en redes sociales por las posibles consecuencias.
Ante la afirmación: “He dejado de expresar mis opiniones en redes sociales por miedo a posibles consecuencias en el trabajo o en la vida cotidiana”, las personas que califican de muy mala la labor de Rodrigo Chaves tienen un porcentaje mucho más alto de coincidencia en comparación con quienes respaldan al mandatario. La diferencia es de 23 puntos porcentuales entre ambos grupos.
La experta señaló que la autocensura puede ir en doble vía: no solo entre ciudadanos que dejan de expresar sus opiniones por temor a represalias, sino también entre liderazgos políticos que enfrentan violencia digital, principalmente contra mujeres, que pueden ver afectada su participación en el debate público.
“El estudio del Proledi se lleva haciendo los últimos 3 o 4 años, que es la encuesta nacional sobre libertad de expresión y confianza en medios de comunicación en Costa Rica, y se ha detectado que la ciudadanía sí percibe un deterioro sostenido de la libertad de expresión”, dijo Jiménez.
La directora del Proledi también advirtió su preocupación por lo que considera “una tendencia hacia la criminalización indiscriminada del ejercicio de la crítica política”.
En los últimos tres años, según un recuento de este diario, al menos once personas han sido procesadas por presuntas amenazas contra funcionarios públicos por parte de la Fiscalía.
Aunque reconoce que no existe un “derecho constitucional al insulto” y que existen frases que podrían constituir amenazas reales que deben ser sancionadas, “a menudo la crítica política también puede ser provocadora, firme, vehemente y a veces hasta de carácter ofensivo, pero que no llega al nivel de las amenazas”, explicó Boza.
Por su parte, Rodolfo Brenes señaló que es notoria una política de persecución penal más agresiva por parte del Ministerio Público ante el clima de polarización.
Brenes señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Corte Suprema de los Estados Unidos han señalado que el uso del derecho penal para castigar los excesos en críticas a funcionarios públicos, principalmente políticos, puede producir un efecto atemorizador o inhibidor.
Sin embargo, fue enfático en que sí es válido sancionar penalmente las amenazas y los discursos de odio, por ejemplo, aquellos dirigidos contra grupos históricamente vulnerabilizados.
El artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la propaganda a favor de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso cuando constituya una incitación a la violencia o a otras acciones ilegales contra personas o grupos.
Sobre los discursos de odio, Boza y Brenes coinciden en que Costa Rica carece de una regulación adecuada para sancionarlos penalmente.
En 2022, se aprobó un nuevo inciso del homicidio calificado que sanciona con hasta 35 años de prisión los crímenes que se cometan motivados por el odio, en particular a raíz de prejuicios relacionados con la etnia, religión u orientación sexual de la víctima.