Al menos nueve diputados de la Asamblea Legislativa del periodo 2022-2026 ingresaron al programa del Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, del Ministerio Público, después de enfrentar amenazas de muerte durante su gestión, las cuales atribuyen a sus posiciones contra el gobierno del expresidente y ahora ministro, Rodrigo Chaves.
Los ahora exlegisladores recibieron protección, acompañamientos y distintas medidas de seguridad por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según relataron a La Nación.
Utilizar un chaleco antibalas, revisar quién los sigue al salir de casa, cambiar constantemente de ruta, sentarse mirando hacia las puertas de un restaurante o enseñarles a sus hijos que, si alguien pregunta, es mejor no decir quiénes son sus padres fueron algunas de las precauciones que aplicaron en sus vidas durante la legislatura anterior.
Se trata de los exdiputados Dinorah Barquero, Sofía Guillén, Vanessa Castro, Priscila Vindas, Ariel Robles, Francisco Nicolás, Kattia Cambronero, Geison Valverde y Johana Obando.
Otros exlegisladores también reportaron amenazas sin llegar a ingresar al programa.
Expertos consultados por La Nación vinculan estos episodios con un aumento de las amenazas relacionadas con la política, un escenario de mayor polarización y posibles efectos de censura y autocensura que pueden inhibir el debate público y la crítica política.
Chalecos, persecuciones y amenazas de ejecución
Kattia Cambronero, entonces diputada independiente, comenzó a recibir acompañamiento del OIJ después de que, a inicios del 2025, un motociclista la persiguiera mientras realizaba ejercicio cerca de su casa.
Según Cambronero, el hombre se acercó y le advirtió de que “dejara de molestar al gobierno” o la iban a “sonar”. El OIJ le recomendó no salir sola, cambiar sus rutas y prestar mayor atención a su entorno.
Meses después, a finales del 2025, recibió por correo electrónico una amenaza de muerte. Esta vez las medidas aumentaron: durante dos o tres semanas agentes la trasladaron al trabajo, no podía desplazarse sola y utilizaba un chaleco antibalas al subir y bajar del vehículo.
Dinorah Barquero, exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), relata otra clase de intimidación. Sitúa el comienzo aproximadamente en diciembre del 2022, mientras presidía la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y participaba en investigaciones legislativas contra funcionarios del gobierno del entonces presidente Chaves.
Según relató Barquero, en una ocasión una persona ingresó a su propiedad y atacó con un machete a su perro. Tiempo después, alguien lanzó por encima de las verjas de su vivienda un gato ahorcado.
“Fue una época muy difícil, mucho seguimiento”, recordó Barquero, quien también recibió durante un periodo medidas del OIJ.
Sofía Guillén, excongresista del Frente Amplio (FA), ubica una de las oleadas de amenazas en su contra en octubre del 2024, especialmente durante el periodo en que denunció lo que ella catalogó como el desmantelamiento del Servicio Nacional de Guardacostas en el país.
A inicios del 2025, indicó, las amenazas volvieron. Uno de los mensajes que recibió mediante correo electrónico indicaba: “Mamita cuídese, la vamos a ejecutar”.
Guillén ingresó al programa y asegura que todavía permanece en él debido a que existen procesos judiciales relacionados con amenazas que continúan abiertos.
Otra de las exdiputadas que utilizó chaleco antibalas fue Johana Obando, entonces independiente. La exlegisladora aseguró que durante su gestión recibió constantes amenazas de muerte y agresiones mediante redes sociales.
El caso que más recuerda fue uno en el que un hombre se identificó como neonazi y le advirtió que le haría lo mismo que “le hicieron a los judíos”. Otra persona le enviaba reiteradamente mensajes instándola a autoeliminarse.
Hacia finales del 2025, Obando ingresó al programa y, según recuerda, la evaluación encontró una “muy alta probabilidad de peligro”.
Durante aproximadamente un mes, agentes la recogían en su vivienda, la llevaban a la Asamblea Legislativa y posteriormente la regresaban a casa. Obando relata que suspendió las reuniones fuera del Congreso, prácticamente dejó de salir de su hogar y utilizó chaleco antibalas.
Geison Valverde (PLN) permaneció bajo protección desde junio del 2024 hasta febrero del 2026. Entre las amenazas recibidas, recuerda una en la que advertían que le cortarían la cabeza y la empalarían en el parque de la Democracia. Actualmente ya no cuenta con las medidas, aunque asegura que continúa recibiendo expresiones de odio.
Francisco Nicolás (PLN) relató alrededor de siete amenazas de muerte desde el 2022. Desde el 2023 permanece bajo el programa de protección de víctimas, según indicó, luego de que la Fiscalía se lo recomendara ante los episodios más graves.
Actualmente todavía recurre a ellas dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, cuando asiste a juicios o actividades públicas. También le han recomendado cambiar vehículos y rutas, además de sentarse en restaurantes o cafeterías de manera que pueda observar las entradas y salidas.
Por su parte, Priscila Vindas (FA) ingresó al programa a finales de octubre del 2024, después de recibir amenazas de violencia y muerte. Permaneció bajo cuidados y revisiones periódicas hasta antes de concluir su periodo legislativo. La persona responsable fue identificada, cumplió medidas cautelares y el caso continúa judicializado.
Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también relató varias amenazas de muerte y llamadas intimidatorias a su despacho que la llevaron a permanecer durante un periodo bajo protección. Desde que dejó el Congreso asegura que no ha vuelto a enfrentar situaciones similares.
Ariel Robles (FA) indicó a La Nación que ingresó al programa de protección en el 2023, tras un episodio ocurrido durante una sesión del plenario, cuando un hombre se quitó la camisa y comenzó a gritarle amenazas desde la barra del público, además de afirmar que conocía dónde vivía.
Más exdiputados reportaron amenazas durante su gestión
Al menos otros cuatro exdiputados afirmaron haber recibido amenazas durante su gestión, aunque no ingresaron al programa de protección del Ministerio Público.
Andrea Álvarez (PLN) recibió en octubre del 2024 una amenaza de muerte mediante el mismo correo electrónico en el que fue amenazada Guillén. “Aparte de un montón de improperios como zorra, perra, no sé, de todo, ‘la vamos a ir a matar a su despacho’”, recordó. En esa ocasión, el OIJ acudió a la Asamblea Legislativa, tomó su declaración y el caso continúa en sede penal.
La Policía Judicial le ofreció ingresar al programa de protección y le explicó las restricciones que implicaban las medidas. Álvarez pidió unos días para valorarlo, pero finalmente decidió no ingresar.
Rocío Alfaro (FA), por su parte, también aseguró haber recibido amenazas de muerte, aunque hasta ahora no ha solicitado protección al OIJ.
Alejandro Pacheco (PUSC) relató amenazas en redes sociales y afirmó que en dos o tres ocasiones fue amenazado e intentaron golpearlo en la calle. Por recomendación de expertos, comenzó a andar armado “por cualquier eventualidad”.
Paulina Ramírez (PLN) confirmó que recibió amenazas durante su gestión, pero tampoco solicitó protección.
Exdiputados vinculan las amenazas con su oposición al gobierno
Aunque los episodios ocurrieron en momentos y circunstancias distintas, varios de los exdiputados consultados vinculan las amenazas que recibieron con sus posiciones contra el gobierno del ahora exmandatario Rodrigo Chaves, las investigaciones que impulsaron desde el Congreso o su papel como oposición.
Cambronero fue una de las más categóricas al establecer esa relación. “Totalmente. Sí, sí, eran básicamente amenazas por las posiciones que uno tenía en contra del gobierno de Rodrigo Chaves”, afirmó. En uno de los episodios, además, asegura que el propio hombre que la siguió le dijo que “dejara de molestar al gobierno”.
Barquero también indicó que “sin ninguna duda” cuando se le consultó si relacionaba los episodios con su trabajo político. La exdiputada sostuvo que las intimidaciones coincidían con investigaciones que realizaba desde comisiones legislativas y afirmó que percibió “toda una estrategia de amedrentamiento”.
Obando hizo una atribución similar. “Eran amenazas dirigidas, eran amenazas abiertamente criticándome que yo criticaba a Chaves y que por qué no me callaba, amenazas directamente aludiendo al papel de oposición que yo tenía”, relató.
La exdiputada aseguró, además, que su despacho observaba incrementos en los mensajes que recibía después de que Chaves se refiriera a ella durante conferencias de prensa de los miércoles.
Nicolás también relaciona los ataques con el ambiente político de aquel periodo y considera que fueron producto del “discurso de odio de Chaves y su grupo”.
Cuando recibió el correo con la amenaza de muerte, Álvarez señaló en un video al entonces presidente Rodrigo Chaves como el principal responsable del ambiente político de polarización en el que, a su criterio, surgían este tipo de amenazas. “Eso es lo que nos tiene como estamos”, afirmó.
Expertos advierten sobre polarización y autocensura
Ronald Calderón, criminólogo y exjefe de la Unidad de Protección de Funcionarios del OIJ, aseguró que, desde su experiencia, las denuncias por amenazas relacionadas con el ámbito político han aumentado de forma importante en los últimos años.
Para Calderón, este tipo de casos adquiere especial relevancia cuando las amenazas pasan de mensajes generales a contener elementos que permitan considerar que existe un riesgo real para la persona, escenario en el que pueden activarse medidas de protección mientras se investiga el caso.
Por su parte, José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la UNA, y Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la UCR, advirtieron sobre los efectos de este escenario en la participación y el debate público.
Díaz describe el fenómeno como “polarización política afectiva”: el contrario deja de ser visto como un adversario con quien se discuten ideas y pasa a convertirse en un “enemigo”, lo que puede facilitar que las agresiones verbales escalen hacia amenazas.
El investigador considera que Rodrigo Chaves utilizó la confrontación como recurso político y advirtió de que el lenguaje despectivo desde posiciones de liderazgo puede ser interpretado por algunos seguidores como una “carta blanca” para reproducir ese comportamiento. Las redes sociales, añadió, amplifican esa confrontación.
Según Boza, las amenazas generan un “efecto inhibitorio” que trasciende a quienes las reciben: otras personas pueden optar por no opinar, participar o exponerse públicamente al observar las consecuencias que enfrentan quienes intervienen en el debate.
A su criterio, los episodios relatados por los exdiputados evidencian que “en Costa Rica no solo hay un clima de censura, sino también de autocensura”.
Boza explicó que el derecho a la libertad de expresión incluye la posibilidad de disentir y ejercer la crítica política. “En una sociedad democrática es muy importante que la oposición política tenga la libertad de ejercerlo abiertamente y sin ningún tipo de amenaza”, afirmó.
La especialista vincula este escenario con un ambiente de polarización alimentado, según su análisis, por “un discurso estigmatizante, etiquetante” y por campañas dirigidas contra la oposición política, periodistas y medios de comunicación.