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La Sala Constitucional declaró inadmisible, por mayoría, el diferendo planteado por la Asamblea Legislativa por el veto de Rodrigo Chaves relativo al proyecto de ley para anticipar la pensión a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El pasado 9 de abril, los diputados rechazaron las objeciones de constitucionalidad argumentadas por el entonces presidente de la República, Rodrigo Chaves, a la iniciativa y resolvieron enviar el diferendo a la Sala.
Sin embargo, los jueces explicaron en la resolución 2026-017995 que el Poder Ejecutivo ejerció el veto por razones de constitucionalidad, pero también de oportunidad y conveniencia. Por este motivo, el tribunal constitucional señaló que el Congreso debió pronunciarse primero sobre los argumentos de oportunidad y conveniencia antes de tramitar el veto por constitucionalidad.
Según los magistrados, el cumplimiento de este orden en la votación es el único camino para que el decreto ofrezca una definición suficientemente clara de la voluntad del legislador. Solo después de que el Congreso agote esa etapa procede el envío del diferendo a la Sala Constitucional, un trámite de prelación que no se siguió en este caso. En consecuencia, el tribunal determinó que no le corresponde resolver el conflicto en este momento.
La decisión de la Sala se adoptó hoy 20 de mayo bajo el expediente 26-013369-0007-CO. El tribunal estuvo conformado por los magistrados Fernando Castillo Víquez, quien ejerce como presidente, Fernando Cruz Castro como instructor, Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera.
Durante la votación, el magistrado Rueda Leal consignó una nota. Por su parte, el magistrado Castillo Víquez salvó el voto y ordenó continuar con los procedimientos del diferendo al rechazar que la gestión fuera prematura. La Sala Constitucional ordenó comunicar la resolución de forma directa al Directorio de la Asamblea Legislativa.
El veto presidencial es una facultad establecida en la Constitución Política que permite al Poder Ejecutivo objetar proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa antes de su promulgación, ya sea por razones de conveniencia o por inconstitucionalidad.
¿Por qué Chaves había vetado el proyecto?
El presidente alegó que permitir a los agentes judiciales pensionarse a los 55 años implica una supuesta violación al principio de igualdad ante la ley, además de presuntas lesiones a los principios de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad y una presunta violación al principio de sostenibilidad financiera.
Chaves señaló que hay una discriminación legal al establecer requisitos de jubilación y cálculo de beneficios más favorables para un grupo específico de funcionarios del Poder Judicial respecto al resto de los servidores de esa institución.
El veto presidencial también alegó que las condiciones preferentes no tienen una fundamentación técnica objetiva para justificar la diferenciación.
Durante la discusión en el plenario, el 9 de abril, la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, argumentó que permitir la jubilación anticipada desfinanciaría el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, y adujo que, si de autorizar la pensión a agentes policiales se trata, también se les podría aplicar a muchos otros miembros de cuerpos policiales.
En contra de lo dicho por Cisneros, las liberacionistas Kattia Rivera y Alejandra Larios enfatizaron que ya la iniciativa legal cuenta con un estudio actuarial adjunto que asegura la sostenibilidad del proyecto.
Ahora, será la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, la que defina si acepta el veto de Chaves o sigue el proceso solicitado por la Sala para volver a enviar la consulta.
